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Gobierno evalúa alza de cotización para fondo solidario similar al de cesantía

logotipo de La Tercera La Tercera 06-08-2016
© La Tercera

El próximo martes, los ministros de Hacienda y Trabajo arribarán hasta el Congreso para participar de la sesión especial convocada por la Cámara de Diputados con objeto de analizar el estado de implementación de las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial sobre Pensiones, más conocida como Comisión Bravo.

Trascurridos 10 meses desde que dicha comisión evacuara su informe, al interior del gobierno aún no existe consenso respecto de posibles cambios al sistema, demanda que se instaló con fuerza en la agenda pública en las últimas semanas tras la masiva marcha nacional del 24 de julio, convocada por el colectivo NO+AFP.

Así las cosas, en el último mes el comité interministerial creado por el Ejecutivo en diciembre del año pasado para discutir las propuestas de la Comisión Bravo -e integrado, además, por las carteras de Economía, Desarrollo Social, Segpres y Sernam- aceleró su trabajo en búsqueda de fórmulas que permitan enfrentar la demanda ciudadana de mejores pensiones. En la última reunión, del jueves, encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet, la mandataría habría instruido a sus ministros a tratar el tema con urgencia y buscar una fórmula que “combine los elementos técnicos con el sentir popular”.

Empleadores

Según conocedores de estas conversaciones, una de las alternativas que baraja el gobierno apunta a elevar de 10% a 14% la tasa de cotización previsional de los trabajadores. Este incremento de 4 puntos sería de cargo del empleador y se destinaría íntegramente a la conformación de un fondo solidario para el financiamiento de las pensiones de los sectores de menores ingresos.

Se trataría de un esquema similar al que opera actualmente para el Seguro de Cesantía, que se financia con una cotización mensual equivalente al 3% de la renta imponible del trabajador.

Tratándose de personas con contrato indefinido, en el seguro de cesantía el trabajador aporta 0,6% que va a su cuenta individual de cesantía y el empleador el restante 2,4%, contribución que a su vez se divide en dos partes: 1,6% para la cuenta individual del trabajador y 0,8% se destina al Fondo Solidario. Adicionalmente, el Estado contribuye anualmente a este Fondo con 225.792 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), unos $ 10.365 millones o US$ 15,7 millones.

A julio, de acuerdo con antecedentes de la Superintendencia de Pensiones, el Fondo Solidario de Cesantía acumula recursos por unos US$ 6.264 millones ($ 4,1 billones).

De materializarse esta propuesta, el sistema de pensiones tendría tres componentes: cuentas individuales de ahorro financiadas por cada trabajador, un fondo solidario de cargo del empleador vía su nuevo aporte en la cotización, y el actual Pilar Solidario financiado por el Estado a través de impuestos.

Inicialmente, el nuevo Fondo Solidario se destinaría al 60% más pobre de la población, y al igual que el seguro de cesantía, tendría límites mínimos y máximos de beneficios.

El incremento en la tasa de cotización de 10% a 14%, en un período de cuatro años, formó parte de las propuesta de la Comisión Bravo.

Según cálculos de la Asociación de AFP (AAFP), para el sector privado este incremento tendría un costo cercano a los US$ 2.100 millones. A ello habría que sumar el desembolso que también debería hacer el Estado en su calidad de empleador, el que según las estimaciones de la Comisión Bravo alcanzaría cerca del 0,3% del PIB, esto es, unos US$ 745 millones anuales.

Según comentan conocedores de las conversaciones en el Comité de Ministros, una de las materias que habría que definir respecto de este nuevo esquema solidario de financiamiento de las pensiones apunta al recaudador y pagador de estos beneficios.

Mientras hay quienes plantean constituir un recaudador único de carácter estatal, como lo que hace actualmente el Instituto de Previsión Social (IPS) para las pensiones básicas, otros plantean que esa función podría realizarla algún ente privado.

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