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Guía de FNE para presentar querellas por colusión destrabaría presión de Ministerio Público

logotipo de Pulso Pulso 29-12-2016 Bárbara Sifón A.

Menos de seis meses han pasado desde que el Congreso aprobara el proyecto que permite multar con cárcel los casos de colusión y que, eso sí, dejó sólo en manos de la Fiscalía Nacional Económica la presentación de querellas, es decir, el inicio de la acción penal.

La determinación produjo, desde un comienzo, el malestar del Ministerio Público, que ahora, luego de que se conociera la colusión en el mercado de los pañales, decidió volver a poner el tema sobre la mesa, de la mano del Fiscal Nacional, Jorge Abott, que no sólo lo calificó de un error, sino que además dijo que esto  produce que un “grupo social tenga un tratamiento distinto al resto de los ciudadanos, particularmente en delitos de tanta gravedad como la colusión; como tampoco, que estas investigaciones queden a la voluntad de un órgano administrativo”. 

Entre los abogados, en tanto, las opiniones son divididas, especialmente considerando el poco tiempo que lleva en curso la normativa, además de la falta de claridad respecto de en qué casos el fiscal económico debe presentar las querellas, ya que según la nueva ley anti colusión aprobada en julio, las acciones deberán ser interpuestas luego del fallo del TDLC, y en caso de que se vulnere “gravemente” la libre competencia. 

Asimismo, agregan a la discusión que el hecho de que sólo la FNE pueda iniciar la acción penal respondió, en cierta medida, a las filtraciones de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público y que, por tanto, como ahora se conoció la colusión entre CMPC y Kimberly Clark por una filtración, esto hace que esta sea la instancia perfecta para que Abott vuelva a poner la discusión sobre la mesa.

Para Susana Jiménez, coordinadora de políticas públicas de Libertad y Desarrollo, precisamente se va a producir un efecto que fue advertido al momento de discutir la ley, porque “si bien le da la iniciativa al fiscal económico para iniciar la persecución penal, dice que tiene que ser en casos “graves” y eso quedó abierto. Lo que revela esta discusión que se está viendo ahora con el Fiscal Abott es que va a ser muy difícil para el fiscal económico, no perseguir una causa penalmente, porque si en un caso en que se filtró e incluso puede estar prescrito, tenemos al Ministerio Público presionando, difícilmente ante un fallo sancionatorio del TDLC el fiscal va a poder no iniciar una acción”.

Frente a esto, detalla que la FNE debiera emitir “desde ya una guía respecto de cuándo va a considerar que la colusión es grave”.

Precisamente la FNE se encuentra preparando una guía para determinar en qué casos amerita presentar una querella. 

Un abogado de la plaza detalla que los lineamientos apuntarían a la presentación de una acción penal enfocada en la cantidad de consumidores afectados, más que en los montos del perjuicio, puntualizando  si hubo colusión en licitaciones, acuerdos de precio, reparto de mercado y limitación de producción.

De todas formas, agrega el abogado, esto no estaría entre las actuales prioridades de la FNE, ya que primero debe presentar la nueva normativa para las fusiones.

Para Javier Velozo, socio de Aninat Schwencke & Cía, y ex integrante del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, aún es muy temprano para sacar conclusiones respecto de la ley. 

“Hay que darle un tiempo mayor a la implementación de la reforma reciente para poder hacer una evaluación seria de cómo funciona, por lo tanto, no hay que apresurarse en la discusión, hay que tenerla con calma y no como reacción a contingencias del momento”. 

En tanto que descarta posibles presiones que pueda recibir la FNE para presentar acciones penales. 

“La nueva legislación establece que el fiscal recién puede tomar la decisión de si presenta o no una querella por colusión cuando el TDLC ha resuelto el caso, por tanto no hay ninguna posibilidad” de que acceda a presiones, detalla Velozo.

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