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Implicancias de la FCPA en Chile

logotipo de Pulso Pulso 02-08-2016

EL ACUERDO al que llegó LATAM, ex Lan, con la SEC y el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos para desembolsar unos US$22 millones en el marco de una investigación por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA en inglés), ha vuelto a poner de relieve, al igual como sucedió con SQM, la importancia de que las compañías chilenas que hagan negocios con ese país conozcan bien los riesgos asociados a esa legislación.

Aprobada en 1977, la FCPA solo ha comenzado a aplicarse con más frecuencia y rigor durante la última década. Esto, en el marco de un fuerte aumento en la fiscalización, un progresivo alcance extraterritorial, uso de herramientas tecnológicas para detectar fraudes y un creciente escrutinio público (como el caso de corrupción de Walmart México denunciado por The New York Times, que les valió un Pulitzer a sus autores).

La FCPA cubre a empresas estadounidenses así como a extranjeras que transen instrumentos en ese mercado, operen ahí vía filiales, violen la ley en ese territorio o utilicen cuentas, mecanismos de transferencia electrónicos o intermediarios localizados ahí para cometer el ilícito. Incluye provisiones anti-cohecho que prohíben ofrecer, prometer, pagar y/o autorizar, directamente o a través de un intermediario, un soborno a un funcionario público extranjero, incluidos partidos y candidatos, con el fin de obtener una ventaja indebida. También contiene provisiones contables, que exigen que estados financieros y registros “reflejen de manera precisa y transparente las transacciones y administración de activos” y exista “un sistema de controles internos que dé garantías de que dichos registros sean verídicos”. La acusación y consecuente multa a LATAM caen en esta última categoría.

Se ha escrito bastante sobre el “contrato ficticio” de 2006-2007, consignado incorrectamente en los balances, cuyo fin era sobornar a un dirigente sindical argentino. Pero se ha comentado poco el comunicado del DOJ, que dice que “LATAM no tomó acciones disciplinarias contra los empleados responsables de esta conducta criminal, incluyendo al menos a un alto ejecutivo de la compañía… Como consecuencia, la compañía pagó una multa en el marco del rango establecido en las Directrices para la Formulación de Sentencias Federales en lugar de recibir un descuento”. Sería clave que la empresa trasparentara esta situación considerando que una multa más baja como consecuencia de un eventual “descuento no aplicado” tiene impacto sobre los resultados y es información esencial para el mercado.

La Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, ha llevado a las empresas locales a implementar modelos de prevención para reducir el riesgo de corrupción entre empleados y ejecutivos. Sin embargo, como he escrito en otras columnas, su acotado ámbito de aplicación hace que quede corta respecto del establecimiento de programas de compliance sólidos y amplios que aborden situaciones como las mencionadas. Por ejemplo, los controles internos deberían apuntar a que toda transacción se apruebe previamente y registre con exactitud; pagos a terceros se autoricen solo si se justifican su necesidad y propósito; los antecedentes de personas y empresas contratadas se verifiquen para comprobar su integridad; y se exijan aprobaciones especiales para realizar pagos sin licitación.

Es de esperar que, ante lo ocurrido con LATAM, las empresas chilenas comiencen a tomar en serio la importancia de contar con modelos de compliance que apunten no solo a cumplir con la ley, sino que también a crear valor a través de una cultura interna de ética y transparencia. 

*La autora es directora del Centro Global de la Universidad de Columbia en Chile.

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