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Información relevante para el mercado

logotipo de Pulso Pulso 22-12-2016 Pulso

Está terminando el año y la clase empresarial y política vuelve a sacudirse por una noticia de colusión. Se trata de los actos de coordinación que llevaron adelante las empresas CMPC -controlada por el Grupo Matte- y Kimberly-Clark en el mercado de pañales entre 2002 y 2009, tal como lo reveló la delación compensada de la firma nacional en relación con la colusión en el mercado del papel confort, publicada esta semana en La Tercera. Habrían realizado actos contrarios a la libre competencia, mediante la coordinación de alzas de precios, coordinación en actividades promocionales y acuerdos de posicionamiento en el sector pañales, donde Kimberly-Clark participa con la marca Huggies, y CMPC, con Babysec. Tras esta filtración, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) señaló que “conforme a la normativa vigente, no se refiere a investigaciones en curso”.

Al conocerse esta información, los inversionistas reaccionaron de inmediato, castigando a la acción de CMPC. En dos días se contrajo 3,32%, con una pérdida de patrimonio bursátil de US$217 millones. Desde que se destapó el caso original, el 29 de octubre de 2015, el precio del papel de la CMPC ha retrocedido 28,15%, lo que generaría una pérdida de valor en bolsa de US$1.840 millones. Lo que queda al descubierto es que el directorio y la administración de la compañía sabían de esta otra “arista” del caso tissue, al igual que en la FNE. Hasta el momento se desconoce si la Superintendencia de Valores y Seguros tenía conocimiento, aunque se puede deducir que sí, puesto que no ha solicitado información adicional.

Por tanto, lo que se produjo es que desde marzo de 2015 -al autodenunciarse CMPC- hasta diciembre de 2016 se mantuvo en reserva una información relevante para el mercado. Se produjo un desequilibrio de información entre los que delatan y los inversionistas al tener una delación “congelada” por 21 meses. Ante el daño patrimonial de los inversionistas, entre los que figuran los fondos de pensiones, cabe preguntarse a quién benefició la mantención de este silencio. Claramente a los accionistas no, pues no contaron con toda la información de manera oportuna.

Es cierto que el argumento esgrimido por la FNE puede ser que si se hacía pública la información se ponía en riesgo el éxito de la investigación, mientras que en el caso de la SVS podría decir que se cumplían las tres condiciones para mantener un hecho reservado. Pero un punto no menor es el tiempo. Más de 20 meses de reserva es excesivo como para no informar al mercado. También cabe preguntarse si la reserva resultó determinante para el curso de la investigación.

Claramente existe una tensión entre los distintos intereses, los de la FNE por la investigación, y los de los inversionistas o accionistas. Ante esta situación, hace falta una explicación extensa de las autoridades, la FNE y la SVS, para saber los criterios utilizados. Sólo así se podrá determinar si la regulación requiere mejoras para contar con criterios más transparentes hacia adelante.

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