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Investigaciones por delitos de corrupción se duplican en una década y llegan a 8.104 casos

logotipo de Pulso Pulso 19-10-2016 Leonardo Cárdenas

Los delitos de corrupción también conocidos como los “delitos funcionarios” cada vez cobran mayor protagonismo en la agenda pública. De hecho, su aparición ha sido creciente en el último tiempo. 

A través de una consulta vía Transparencia, la Fiscalía reveló a PULSO que durante los últimos diez años, las investigación de casos de corrupción se han disparado en 10 años. Así, si en 2005, el Ministerio Público pesquisó 357 casos, sólo en 2015 estos ya eran 849. En toda la década fueron 8.104.

Por tipo de delito, los mayores avances se han visto en aquellos que dicen relación con cohecho, los cuales se han incrementado 299%, pasando de 89 en 2005, a 355 al finalizar el año pasado. De igual forma, los delitos asociados a fraude al fisco y organismos del Estado aumentaron 118%. Mientras que los ilícitos ligados a malversación de caudales públicos se incrementaron en 41%. 

Durante el período consultado el Ministerio Público contabilizó 2.825 investigaciones por delitos de cohecho. Sin embargo, sólo 1.113 -un 39%- son las sentencias condenatorias que emitieran los tribunales en ese mismo lapso.

En el caso de los delitos de fraude al fisco la relación es levemente inferior. Entre 2005 y 2016 se llevaron a cabo 1.781 investigaciones, pero sólo 654 son las sentencias que terminaron siendo condenatorias. 

Lo mismo se repite con los casos de malversación de caudales públicos, donde hubo 1.683 investigaciones y los registros del Ministerio Público revelan sólo 514, sentencias condenatorias.

El reporte lo completan delitos relacionados con prevaricación judicial y administrativa, violación de secreto, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, soborno y tráfico de influencias.

Investigaciones abiertas

De las 8.104 investigaciones iniciadas en la última década, 849 continúan abiertas. 

Para enfrentar este tipo de delitos, la Fiscalía de Chile cuenta con un equipo de 92 fiscales especializados distribuidos en todo el país, además de la acción de la Unidad Especializada Anticorrupción de nivel central que brinda asesoría y apoyo a las investigaciones en el área, además de capacitaciones para colaborar en la especialización de fiscales y profesionales.

Las penas que se arriesgan por la comisión de delitos funcionarios va desde una inhabilitación -por un nombramiento ilegal- hasta 15 años de presidio, por una malversación de caudales públicos superior a las 400 U.T.M.

En el sector aseguran que un alza en las penas no es la única solución para reducir el número delitos. “La disminución de los delitos no sólo se pueden alcanzar con un aumento de penas. La experiencia nos enseña que muchas veces aumentamos las penas y los delitos siguen cometiéndose. En consecuencia, tenemos que buscar una política criminal de prevención, pues en caso contrario no vamos a solucionar el problema”, aseguró el litigante, Hugo Rivera.

El abogado Mario Zumelzu, en tanto, sostuvo que “hoy las penas son mínimas en contraposición con el daño causado a la fe pública”. “La experiencia chilena es dramática en esta materia, los peores delitos posibles, terminan en acuerdos políticos,  agenda de modernización, y no con una sanción penal”, enfatizó.

Por su parte, el ex fiscal Luis Inostroza aclaró que “aumentar las penas de esos delitos no tiene más que un efecto populista de hacer creer a la gente que con ello quienes sean condenados por delitos de corrupción  cumplirán una condena en la cárcel”.

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