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Isapres y SII: los gastos al banquillo

logotipo de Pulso Pulso 02-11-2016

Una cifra récord de recursos de protección para evitar el alza en los planes de isapres se pronostica para el cierre de este año. Este aumento en la judicialización tiene un impacto directo en estas instituciones, puesto que el SII, a través del oficio N° 137 emitido recientemente, ha manifestado que las isapres deberán pagar impuesto por las costas personales a las que sean condenadas en los recursos de protección interpuestos por sus afiliados, en relación al alza unilateral de sus planes de salud.

Por “costas personales” se entienden aquellos gastos en que ha incurrido el afiliado por concepto de honorarios de abogados o de otras personas que hayan intervenido en el juicio. Este oficio califica a estos desembolsos como un gasto rechazado para las isapres, en razón de no ser necesario para producir la renta de la entidad. La consecuencia de lo anterior no es la imposibilidad de deducir el gasto en la base del Impuesto de Primera Categoría, como podría pensarse, sino que involucra un gravamen mayor, consistente en un impuesto único de 35% sobre los desembolsos efectuados por este concepto, impuesto que aumentará a un 40% a contar del año 2017.

La esencia de la calificación jurídica de un gasto como “necesario para producir la renta” radica, de manera fundamental, en que el mismo esté directamente relacionado con el giro del contribuyente, como lo dispone el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. Sin embargo, hay un tema de fondo en esta materia que no es posible soslayar, y que consiste en que la normativa aplicable para la calificación de un gasto como necesario para producir la renta es pobre en concepto y análisis, lo cual lleva al SII a esgrimir diversas interpretaciones para aplicar la norma que, en algunos casos, pueden estar reñidas, si no con su letra, al menos con su espíritu.

En efecto, en la actualidad no es extraño que la autoridad, con una frecuencia inusitada, rechace desembolsos efectuados por las empresas por concepto de remuneraciones, bonos a ejecutivos, dietas de director, indemnizaciones a todo evento por término de contrato de trabajo, e incluso pagos a proveedores, debido a que los considera excesivos en el contexto de mercado, desprovistos de razonabilidad o porque no están relacionados con la generación de un ingreso en el mismo ejercicio, cuestiones todas que no están expresamente contempladas en la ley.

Evidentemente, el contribuyente no está obligado a acatar las interpretaciones del SII, pero la disidencia con los criterios del organismo significa, de manera cierta, embarcarse en un procedimiento contencioso que toma años, por lo cual los criterios de la autoridad no son indiferentes para nadie.

Considerando que la técnica legislativa en esta materia, como en muchas otras, no ha sido la óptima, sería prudente que la autoridad pudiera regir su actuar por criterios razonables de política fiscal, entre los cuales se podrían mencionar los siguientes: (i) Considerar que el gasto rechazado lleva aparejada una consecuencia especialmente gravosa, consistente en el impuesto único de tasa 35%, superior a la tasa de Primera Categoría; y (ii) Ponderar el nivel de perjuicio específico que se causa al Fisco en cada caso. En materia de gastos, ello contribuiría significativamente a una mayor justicia en el análisis tributario por parte del SII. ¿Cómo podrían aplicarse estos criterios al caso de las isapres? Probablemente, lo dilucidarán los tribunales.

*El autor es abogado socio Bustos & Cía. Abogados Tributarios.


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