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Jorge Luchsinger por demanda al Fisco: "Queremos una compensación, porque no podemos devolver la vida a nuestros padres"

logotipo de Pulso Pulso 10-01-2017 Leonardo Cárdenas

Jorge Luchsinger Mackay ha sido la cara más visible de esa tragedia. El hijo mayor del matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivianne Mackay detalla en esta entrevista los motivos de la acción civil, e insiste en la responsabilidad que le compete al Estado en la muerte de sus padres.

A su juicio, lo ocurrido la madrugada del 4 de enero de 2013 fue un hecho predecible, y que pudo ser evitado, más aún si se considera el historial de hechos de violencia previos al ataque y que son detallados en su demanda.

En la acción civil, los cuatro hermanos piden $2.600 millones: $650 millones para cada uno. Es que para los demandantes, los hechos acreditan la responsabilidad del Estado por falta de servicio, y por ende nace su obligación de indemnizar en virtud de lo preceptuado por el artículo 4 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

¿Por qué demandaron al Estado?, ¿Cuáles son sus expectativas de esa acción?

-Queremos una compensación, porque no podemos devolver la vida a nuestros padres. No se pueden revertir los hechos. Estábamos en un plazo perentorio, porque no podíamos presentar la demanda después de cuatro años (por la prescripción de los delitos). Lo hicimos presionados por el plazo, porque después no iba a ser posible hacerlo.

¿Creen que más familias podrían sumarse a esta demanda?

-Sé de varios casos que han efectuado demandas contra el Estado por negación de servicios. Pero hasta donde sé, a ninguno le ha ido bien en ese sentido, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. 

¿Puede ser suficiente el monto de $2.600 millones a modo de reparación?

-El monto no es fácil de definir, pero es lo que hemos estimado con nuestros abogados y la ley lo permite. Por lo tanto, ese es el monto que hemos decidido demandar.

¿A qué atribuyen la falta de seguridad del Estado en La Araucanía?

-Ese es el principal foco de la demanda. Los hechos hablan por sí solos. Los hechos se habían iniciado bastante tiempo antes en otros sectores. Unos años antes se habían  empezado a ver ataques más seguido en el sector. Por lo tanto, era previsible que ocurriera lo que pasó. A pesar de que en su momento tuvimos reuniones e hicimos gestiones para poder hacerle ver  a la autoridad lo que estaba pasando. No hubo acciones del Estado para evitar el ataque y han seguido ocurriendo. 

La seguridad  debería ser un deber mínimo que el Estado debería  garantizar a los chilenos...

-En este país cualquiera puede exigir lo mínimo, que es el derecho a la vida y a trabajar en paz. Eso es algo que es evidente para cualquiera. Es un derecho mínimo que tenemos todos, porque está garantizado por la Constitución. Además, estos no fueron hechos fortuitos, no es un delito común. Creemos que con mayor razón el Estado  debió ejercer las acciones necesarias para evitar este tipo de actos. .

¿Esto se traduce en que Carabineros no llegó a la hora o se le acusa directamente por su rol  en el resguardo? 

-No. A esas alturas el hecho estaba en proceso. Me refiero principalmente a acciones preventivas que pudieran haber evitado este tipo de actos. 

¿Se pudo haber evitado el desenlace fatal?

-Creemos que sí. Eso es lo que decimos en la demanda. Hubo entidades del gobierno que fallaron y en consecuencia el Estado debe responder. 

¿Evalúan ejercer otro tipo de acciones judiciales tras lo ocurrido?

-Hemos estado durante cuatro años haciendo las acciones legales que corresponden, porque queremos buscar la verdad y que se haga justicia. Lamentablemente los plazos que fija la ley nos obligan  a hacer estas acciones civiles, dado que si no lo hacíamos corríamos el riesgo de la prescripción.

CAUTELAR DE LA MACHI

Los últimos días han sido agitados para los hijos del matrimonio Luchsinger Mackay. El pasado jueves la Corte de Apelaciones de Temuco rebajó las medidas cautelares a la machi Francisca Linconao de prisión preventiva a arresto domiciliario total. Linconao es una de las once imputadas por el crimen.

¿Cómo evalúan el cambio que presentaran los abogados de la intendencia de la Araucanía frente al alegato?

-Seguimos manteniendo lo que dijimos el jueves de la semana pasada. Uno pierde la confianza al ver como el Estado, a través del gobierno actuó ese día como querellante. Cuando se acusó a Celestino Córdova, el gobierno se hizo parte como querellante en la causa y siguió en la misma línea hasta el final, cuando se le condenó. Posteriormente, cuando aparecen otros diez imputados, también se hizo parte como querellante y ahora de improvisto llegó un abogado de Santiago y, sin dar ninguna explicación, presentó una acción legal, un recurso de amparo. Suponíamos que el recurrente o que el que presentaba el recurso era la defensa. Creíamos que la intendencia era la que representaba al gobierno. A pesar de que la semana anterior, el gobierno había actuado como querellante y se había abstenido en otros proceso, en este caso no sólo hizo eso, sino que se sentó al otro lado. De hecho, el abogado dijo que se sentía más cómodo alegando en el lado del recurrente. Es decir, junto a la defensa. Para nosotros eso, lejos de lo que está comentando el gobierno, creo que no es algo que corresponde, y lo principal es que se pierde la confianza en el gobierno cuando actúa como querellante.

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