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José Pablo Arellano: "Las aspiraciones colectivas tienen más viabilidad de realizarse cuando se ajustan a lo posible"

logotipo de Pulso Pulso 07-11-2016 Carlos Alonso

A fines de 2015, el investigador de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan), José Pablo Arellano, publicó el estudio ¿Qué hacemos ahora que terminó el superciclo del cobre?, donde aborda en perspectiva cómo el país no aprovechó bien ese boom del metal rojo y cómo ahora debe ir adecuándose a esa nueva realidad. Este documento cobra plena vigencia hoy, con un precio del cobre de largo plazo en US$2,57 la libra y de US$2,20 la libra proyectado por Hacienda para 2017, y con perspectiva de ingresos fiscales exiguas para el mediano plazo. Para el también ex director de Presupuestos y ex presidente ejecutivo de Codelco, el Gobierno debe ser claro en explicar que, dado este escenario de menores ingresos, se deben moderar las expectativas por demandas sociales que explican más gasto. “Hay que explicar y ser muy claros en que no se pueden atender esas necesidades a la velocidad y con la prontitud que antes se pensaba”, señala y agrega que “un Gobierno no debe temer en adecuar las expectativas a lo que es posible”. 

¿El país no fue capaz de administrar bien la bonanza del precio del cobre?

-El precio promedio del cobre entre 2005 y el 2013 llegó a US$3,43 por libra, prácticamente el doble de los US$1,66 la libra promedio en los 30 años previos y muy superior al promedio del último siglo que fue de US$2,11 por libra, medido en moneda comparable, muy parecido al actual. Lo que hicimos bien fue gastar sólo una parte de estos ingresos fiscales extraordinarios estimados en base a un precio de largo plazo, y ahorrar la diferencia. Los ahorros se usaron para pagar deudas y para acumular activos financieros. A pesar de la crisis internacional de 2009, se ahorraron US$10.700 millones entre 2005 y 2009. La situación fue distinta en los años siguientes, ya que producto de los déficits presupuestarios, el 2015 terminó con deudas mayores a los activos en US$11.300 millones, esto es el doble que antes del inicio de la bonanza.

¿Qué pasó después que la deuda comenzó a aumentar?

-Se fue tomando confianza en que los precios excepcionalmente altos se mantendrían por muchos años y se dejó de ahorrar en los últimos años del súper ciclo o peor aún se desahorro. En los primeros años del súper ciclo la política fiscal fue cautelosa y muy prudente, ya que se elevaron muy moderadamente las estimaciones del precio de largo plazo. Sin embargo, desde el presupuesto 2011 en adelante se utilizaron precios del cobre insostenibles a largo plazo.

¿Ve que eso es lo que ahora le está pasando un poco la cuenta al país teniendo que adecuar gastos y priorizando programas?

-Lo más difícil es adecuarse a un ritmo de aumento de gastos mucho menor. El presupuesto del 2017, correctamente ha moderado el incremento de los gastos. Y afortunadamente, a diferencia de otros países y gracias a la política fiscal de las últimas décadas, no hemos tenido que recortar el gasto.

¿Cómo debe enfrentar el Gobierno esta coyuntura de menores gastos y mayores demandas?

-Desde hace un tiempo el Gobierno ha empezado a moderar las expectativas que desafortunadamente estimuló, las cuales claramente no eran sostenibles. Al mismo tiempo creo que hay que hacer una evaluación a fondo de la efectividad de muchos programas donde podrían usarse mejor los recursos públicos.

Pero existen demandas crecientes de mayor gasto como en pensiones, educacional, salud…

-Hay que explicar y ser muy claros en que no se pueden atender esas necesidades a la velocidad y con la prontitud que antes se pensaba. Si se hiciera, cediendo a las presiones, más temprano que tarde se deterioraría la situación fiscal y podríamos llegar a una crisis con consecuencias mucho peores.

Pero es complejo para un Gobierno y una coalición política matizar expectativas y aspiraciones ciudadanas... 

-Una cosa son las expectativas, otra las aspiraciones. No se deben confundir. Las aspiraciones pueden y es bueno que sean muy altas. Tanto las aspiraciones individuales o familiares como las colectivas que reflejan lo que queremos lograr como comunidad o país. Las expectativas hablan del cómo y el cuándo parece posible concretar las aspiraciones. Un Gobierno no debe temer en adecuar las expectativas a lo que es posible, por el contrario, las aspiraciones colectivas tienen más viabilidad de realizarse cuando las expectativas y el comportamiento asociado a ellas se ajustan a lo posible.

La posición fiscal del país es débil considerando la trayectoria de déficit tanto efectivo como estructural, ¿cómo ve el escenario fiscal de mediano plazo?

-La situación se ha debilitado gravemente. Para los años 2018 y 2019 los gastos ya comprometidos superan los que se pueden financiar sin superar la meta de déficit máximo que el Gobierno se ha propuesto. Basta comparar la situación que se proyectaba hace dos años con la que se proyecta actualmente. Para el 2018 se estimaba una holgura US$3.036 millones y ahora se estima en un exceso de compromisos por US$382 millones. Esto a pesar que para el 2018 la meta original era de equilibrio presupuestario y ahora es de déficit de 1,3% del PIB.

En otro ámbito, un factor que este Gobierno no ha impulsado con mayor fuerza son las concesiones, en ese sentido, ¿ve que acelerar estos procesos permitiría ayudar a la inversión?

-En un escenario de estrechez fiscal el Estado debe concentrar sus recursos en aquellas materias donde no tiene nadie que lo sustituya. La construcción y administración de infraestructura la pueden hacer los privados a través de concesiones. Tal como lo prueban los hechos y la experiencia de una inversión de US$19.000 millones de dólares en los últimos 20 años, esta es una muy buena alternativa. Espero que esto reciba la mayor fuerza posible y con una visión de desarrollo de largo plazo del país.

Desde que se aprobó la reforma tributaria ha habido una crítica a la forma en que se empezaron a diseñar las políticas públicas, ¿comparte ese juicio?

-Ha habido un deterioro en la preparación, aprobación e implementación de las políticas públicas. Eso se refleja en que, por ejemplo, la reforma tributaria tuvo que ser modificada con otra ley casi tan extensa como la primera. La cual a su vez era muy distinta del proyecto original del Gobierno. En educación lamentablemente vemos lo mismo. Hay que tomarse el tiempo necesario para consensuar los diagnósticos y luego proponer cambios sin improvisación y buscando acuerdos amplios si se quiere que ellos perduren en el tiempo.

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