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Justicia eleva presión para levantar secreto bancario de ex alcalde de Zapallar

logotipo de Pulso Pulso 27-07-2016 Maximiliano Villena

Bajo amenaza de multa y arresto, el Juzgado de Garantía de La Ligua ordenó a Banco de Chile remitir una serie de antecedentes de las cuentas corrientes que mantiene en la entidad el ex alcalde de Zapallar, Nicolás Cox, quien hoy está siendo investigado por fraude al fisco, cohecho y soborno.

En agosto del año pasado Cox fue formalizado por delito reiterado de fraude al fisco por el pago de $3 millones a fines de 2008 en un contrato de servicios que no se prestaron, a lo que se suma al resolución del Tribunal Calificador de Elecciones que a principios de julio de este año decidió destituirlo e inhabilitarlo por cinco años para ejercer cargos públicos. 

En este escenario, el caso ha terminado por salpicar a Banco de Chile. El fiscal a cargo de las indagatorias, Eduardo Fajardo, solicitó al tribunal de garantía ordenar a la entidad remitir los antecedentes que no habían enviado aún cuando el imputado accedió al levantamiento del secreto bancario.

Según el documento, las peticiones se iniciaron el 24 de febrero de 2016  y exigía detalles de las cartolas “con todos los movimientos bancarios de la señalada cuenta, generados entre el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012”. El 28 de marzo el fiscal insistió en la información y sólo el 14 de abril “llegó oficio de respuesta del banco, en el que aportaban parcialmente la información”.

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Por ello, el 26 de dicho mes nuevamente se requirieron los antecedentes a la fiscalía del banco, para que “remitan originales y/o informes de los depósitos con cheques, en efectivo, y transferencias electrónicas de las cuentas de don Nicolás Cox”. El texto enviado por el fiscal a la corte señala que “ante dicho requerimiento, la fiscalía de Banco de Chile, nuevamente envió información parcial”.

Ante ello, el lunes 25 de julio, la jueza Jeannette Roco resolvió que Marcos Parga Yávar, abogado jefe del Área Judicial, División Fiscalía, del Banco de Chile, tiene un plazo de 10 días para enviar al fiscal a cargo los antecedentes exigidos. La orden detalla que por tratarse de una diligencia necesaria para el curso de la investigación, una negativa lo haría merecedor de una multa de 4 UTM y arresto.

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