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Las leyes y su impacto en productividad

logotipo de Pulso Pulso 14-11-2016

El Gobierno ha definido como una de sus prioridades incrementar la productividad, por cuanto esta constituye un factor clave para lograr un crecimiento alto y sostenido, que se traduzca en mayor bienestar para los ciudadanos. Así 2016 se ha denominado como el Año de la Productividad, con el objetivo de poner en el centro del debate nacional su importancia para alcanzar el desarrollo.

En este marco, distintos actores han planteado propuestas y el Gobierno ha desplegado un conjunto de medidas en los ámbitos financiero, de comercio de servicios y de simplificación de trámites. Varias de estas medidas se plasmaron en una ley especial que tuvo un trámite expedito en el Congreso Nacional y fue promulgada el mes pasado. Esto complementa una serie de iniciativas y leyes tramitadas recientemente que apuntan a mejorar la competencia en los mercados y mejorar la eficiencia del Estado.

En este contexto, el martes pasado la Presidenta de la República firmó un instructivo que mandata a los ministerios para que sus proyectos de ley sean acompañados de un informe que analice y evalúe su potencial impacto en productividad. Este informe deberá ser enviado al Congreso al momento de iniciar la discusión de un proyecto de ley, tal como hoy sucede con el Informe Financiero.

Analizar los efectos que genera una nueva legislación es uno de los elementos esenciales de las buenas prácticas internacionales. La gran mayoría de los países OCDE elaboran un informe en que se analizan los impactos que conlleva una nueva regulación, incluyendo los potenciales costos y beneficios para las personas, las empresas y el mismo Estado.

Con este informe se busca que en la elaboración de las políticas públicas se consideren las mejores alternativas para lograr un fin determinado, y se ponga particular atención a sus implicancias sobre la productividad.

Siguiendo las mejores prácticas de otros países, se ha planteado que el análisis de impacto en productividad se inicie al comienzo del proceso de la formulación de una nueva política, y que sean las propias instituciones a cargo de su diseño e implementación las que lo efectúen, de manera que puedan considerar en una etapa temprana ajustes requeridos para mejorar sus propuestas. Esto no significa que las políticas públicas se deban orientar exclusivamente a mejorar la productividad, sino que en la evaluación de alternativas que logren un mismo objetivo se puedan considerar aquellas que mejoren la productividad o aquellas que minimicen efectos indeseados en esta dimensión.

Medir impacto en productividad no es una tarea fácil. Es por esto que el informe se plantea como un primer paso en un proceso en el cual evaluar impacto en productividad llegue a ser parte habitual en la elaboración de políticas públicas.

Esto requiere ir progresivamente creando capacidades dentro de los ministerios y servicios públicos. El instructivo contempla que la medición de productividad se efectúe a partir de un análisis de los costos y beneficios, en base a evidencia y datos concretos, y que se establezcan claramente los objetivos que se persiguen con la nueva legislación propuesta, explicitando las distintas alternativas de política pública disponibles y justificando por qué la opción escogida es la más adecuada. Esto no sólo contribuirá a un mejor diseño y formulación de políticas públicas, sino que permitirá un debate mejor informado.

Este instructivo recoge una de las propuestas de la Comisión Nacional de Productividad, que en su primer informe recomendó establecer este tipo de evaluación a los proyectos de ley. También se hace cargo de una de las recomendaciones efectuadas por la OCDE a mediados de este año en su informe sobre la política regulatoria nacional, donde una de las sugerencias centrales es que Chile fortalezca sus capacidades de generar regulación de calidad, introduciendo un análisis del impacto de la regulación propuesta. El informe de productividad se constituye así en una herramienta de análisis de impacto regulatorio, en línea con una práctica extendida en la gran mayoría de los países OCDE. Así, Chile se pone al día en un área clave para mejorar su regulación y con ello la productividad del país.

En el diseño de este instrumento trabajaron equipos de distintos ministerios y contó con el apoyo técnico de la OCDE. En una primera etapa serán los proyectos de ley elaborados por los ministerios que componen el Comité Económico los que deberán incluir el informe de impacto en productividad y el Ministerio de Economía actuará como secretaría técnica apoyando a los ministerios en su elaboración. Transcurridos seis meses, los ministerios de Economía y Hacienda evaluarán el funcionamiento de este instrumento y harán recomendaciones para mejorar y extender su aplicación. La OCDE acompañará este proceso, capacitando funcionarios y participando en el proceso de evaluación de la puesta en marcha de esta nueva política.

El Ministerio de Economía ya está trabajando en el informe de productividad que acompañará el proyecto de ley que crea la plataforma electrónica para trámites notariales, uno de los proyectos comprometidos en el contexto del Año de la Productividad. Este primer informe servirá como guía para otros ministerios y permitirá ir calibrando el instrumento. En definitiva, el informe de impacto en productividad es un primer paso para mejorar el diseño de nuestras políticas públicas y con eso contribuir a un crecimiento más vigoroso y al bienestar de nuestros compatriotas.

*Claudio Soto es coordinador macroeconómico Ministerio de Hacienda; Juan Cristóbal Marshall es jefe de asesores Ministerio de Economía.

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