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Los detalles que faltan por definir en la reforma a la Ley General de Bancos

logotipo de Pulso Pulso 06-12-2016 Maximiliano Villena

Con la aprobación del reajuste al sector público, la Ley de Presupuesto y -la semana pasada- la Comisión de Mercado Financiero (CMF), Hacienda podría estar lista para enviar la Reforma a la Ley General de Bancos (LGB).

Se esperaba que la ley ingresara durante este año, sin embargo surgió una serie de contingencias que fueron retrasando la iniciativa. 

Los cambios que el ministro Rodrigo Valdés ha anunciado en los últimos Chile Day apuntan a adaptar los principios de Basilea III a la realidad chilena. En este escenario, la reforma implicará revisar los requerimientos de capital de los bancos, el capítulo de la resolución de entidades en problemas y el gobierno corporativo de la Superintendencia de Bancos (SBIF).

El mismo titular del organismo, Eric Parrado, había señalado que prefería la figura de un superintendente a la de un cuerpo colegiado, pero Hacienda terminó optando por una comisión. De hecho, el cambio se produjo en medio de la discusión sobre la Comisión de Valores, iniciativa que buscaba reemplazar a la actual SVS pero que terminó derivando en un cuerpo colegiado bajo el cual quedarán los ámbitos de valores, seguros, y -en otra etapa- pensiones y bancos.

Si bien durante su discurso en la 19° de la Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios (ICBS), Parrado señaló que la reforma a la LGB está redactada y lista para enviarse, lo cierto es que existen ciertos puntos a definir, sobretodo, en el ámbito administrativo.

Conocedores del proceso de reforma detallan que existen complejidades en la unión de organismos que si bien pertenecen al Estado, tienen enfoques distintos. Así, su absorción por parte de una Comisión implicará, al menos, un reglamento interno para ambas y una homologación de los beneficios del personal. 

Al mismo tiempo no se han resuelto puntos clave como el financiamiento. La Ley General de Bancos en su artículo 8 establece que “los recursos para el funcionamiento de la Superintendencia serán de cargo de las instituciones fiscalizadas”.

Si bien el artículo existe desde 1925, los bancos lo han denominado como un “impuesto encubierto” porque no todos los recursos se van al regulador. En línea con lo ocurrido durante los últimos años, para el Presupuesto 2017 se autorizó a la SBIF un gasto de $18.280 millones, 2,7% por sobre 2016, pero de los $61 mil millones proyectados en ingresos provenientes de aportes bancarios, un 70% ($42.731 millones) irá a la partida de “íntegros al fisco”. Hasta ahora, no se resuelve si todos los aportes de los bancos irán destinados a la CMF, o sólo una parte. 

En la industria existen puntos que empiezan a despejarse. Si la SBIF en su momento hablaba de un rango de costos a nivel de industria de US$2.800 millones a US$4.000 millones, en las últimas intervenciones Parrado se ha inclinado por la parte baja de esas cifras. Eso, dicen ejecutivos del sector, implica que el regulador está llevando los actuales ponderados de los activos a los estándares de internacionales. 

Mientras en Chile los créditos a grandes empresas, Pymes y consumo ponderan 100%, en Basilea están en niveles de 100% y 75%, respectivamente, mientras que hipotecario bajaría del actual 60% a 35%. Sólo eso podría reducir en US$1.000 millones los requerimientos de capital. Con todo, de los US$2.800 millones que requerirían los bancos para pasar de un indicador de Basilea de 8% a 10,5%, unos US$1.000 millones corresponden a necesidades de BancoEstado. El remanente es de bancos privados. 

La recién aprobada CMF implica que la figura del superintendente desaparece, ya que la entidad encargada de su conducción será un consejo con cinco miembros. La CMF, a través de su presidente, tendrá libertad para determinar su organización interna y establecer las funciones que le corresponderá realizar a cada unidad.

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