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Los frentes que abrió el regreso del debate tributario

logotipo de La Tercera La Tercera 20-07-2015
© La Tercera

Un año alcanzó a durar el acuerdo político transversal que la noche del 8 de julio de 2014 firmó la Comisión de Hacienda del Senado para destrabar la reforma tributaria del gobierno y asegurar, finalmente, su aprobación. Dos días antes de este primer aniversario del histórico protocolo -como lo calificaron en su momento las autoridades-, el peso de una economía desacelerada y el frágil equilibrio sociopolítico que el Ejecutivo intenta mantener terminaron por llevar al gobierno a reestrenar el debate tributario.

La instrucción presidencial -según lo anunció el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el lunes pasado y que fue ratificado el viernes por la Presidenta Michelle Bachelet- fue abrirse a “perfeccionamientos técnicos” a la reforma, incluso legales, en caso de que la implementación vía circulares no sea suficiente. Posición, en todo caso, que terminó transparentando una decisión que hacía semanas se evaluaba en Teatinos 120 e incluso en Palacio, tras instalarse en el gabinete el consenso de que hay una directa relación entre que la economía no logra despegar y la incertidumbre empresarial por la problemática tributaria.

Valdés, sin embargo, se preocupó de limitar este cambio: no implicará modificación de tasas, se mantendrá la recaudación estimada de 3,03% del PIB en régimen y se asegurará el carácter redistributivo de esta reforma.

Los empresarios, los expertos del área y la clase política coinciden en que el ministro hizo eco de las dudas que transversalmente se vienen planteando sobre la polvareda que se levantará cuando entren en vigencia, en 2017, los dos nuevos sistemas de tributación creados en la ley: uno integrado con atribución de renta y otro parcialmente integrado que replica, aunque con un crédito tributario menor para socios y dueños de empresas, el actual modelo impositivo. Además, al análisis de la letra chica se sumaron otras alertas para el Ejecutivo, como, por ejemplo, la lectura internacional de que la reforma vulnera varios de los tratados de doble tributación suscritos por el Estado chileno desde 1990 (ver páginas 6 y 7).

Fuentes allegadas a Hacienda aseguran, no obstante, que si bien lo anterior era un dato conocido y asumido por el gobierno, lo que terminó por refrendar la decisión de abrirse a cambios a la reforma tributaria fue la certeza de los magros datos de crecimiento, de demanda interna, del precio del cobre e inflación que revisaba Hacienda para su presentación ante el Congreso, que hizo ese mismo lunes el jefe económico junto al director de Presupuestos, Sergio Granados.

De hecho, en la entrega a la Comisión Mixta de Presupuestos de la ejecución fiscal 2014 y actualización de las proyecciones 2015 se reconoció una caída de US$ 1.800 millones entre el Producto Interno Bruto (PIB) con que se elaboró la Ley de Presupuestos vigente y lo que ahora espera la autoridad.

Al diseñar el informe financiero que acompañó a la reforma -en agosto de 2014-, la Dipres usó un tipo de cambio de $ 501,12 y planificó recaudar este año US$ 2.644 millones por la reforma. El lunes se corrigió el supuesto de tipo de cambio, desde $ 585 a $ 630. Cifras que hasta ahora dan como resultado que este año la recaudación por efecto de la reforma bajaría a US$ 2.440 millones si nada más se deteriora.

El cambio de estilo

Hasta inicios de junio no había señales de Hacienda de un golpe de timón en el plan original de la reforma tributaria. Públicamente, la autoridad apostaba a que su implementación sería clara e “impecable”, como decía en febrero el subsecretario de la cartera, Alejandro Micco, a quien el ex ministro Alberto Arenas delegó la responsabilidad de evitar un “Transantiago tributario”, en respuesta a sus críticos.

Hoy, la apuesta de Valdés es que con las 50 circulares que entre esta y la próxima semana terminará de emitir el SII se eviten nuevas tribulaciones. Pero el ministro, aseguran en la cartera, desde que llegó socializó la noción de que si era necesario y la economía no soportaba más, habría que pensar en “arreglar” la ley como pedían privados, oposición y hasta el oficialismo más conservador.

De hecho, en el entorno del ex director de Impuestos Internos Michel Jorratt afirman que Valdés al removerlo de su cargo le ofreció seguir en Hacienda para trabajar en el equipo que estudiaría perfeccionamientos a la ley. Desde esa fecha, Valdés, sin embargo, no había dado líneas claras de qué pensaba que se debía corregir, no al menos fuera de su círculo cercano.

Pero el lunes pasado y tras reconocer la instrucción presidencial de hacer lo necesario, expuso con claridad su opinión a los diputados y senadores oficialistas con quienes almuerzan los jefes de Hacienda al abrir cada semana.

Ahí sinceró sus reparos en torno al régimen integrado de renta atribuida, usando como ejemplo qué pasaría en una estructura de sociedades que optara por distintos esquemas. Hubo parlamentarios que apoyaron sus dudas, otros las relativizaron y algunos rechazaron un cambio o reemplazo por una alternativa menos compleja para empresas y accionistas.

La inquietud del ministro no es nueva. En el verano de 2014, mientras el gobierno electo trabajaba en el entonces proyecto de reforma, el economista fue uno de los invitados al comité tributario de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y participó en el análisis de mecanismos eficientes que permitieran la recaudación de 3% del PIB que buscaba el gobierno electo, pero con una fórmula que no impactara drásticamente la inversión y el crecimiento. Dos meses participó. En marzo fue nombrado presidente de BancoEstado.

Los caminos que se abren

Acotada o no, la posibilidad de un segundo debate legislativo en torno a la reforma alentó al sector privado y causó un quiebre en la Nueva Mayoría.

El primero en abrir los fuegos en el oficialismo, con un llamado a “estar disponibles a una ley adecuatoria de la reforma tributaria”, fue el presidente del Senado, Patricio Walker (DC).

En la oposición la idea venía siendo internalizada desde antes. Hace un par de semanas, el ex ministro de Economía y uno de los gestores del protocolo, el economista UDI Juan Andrés Fontaine, sostuvo que la negociación política de 2014 “dejó la reforma más perfeccionable, porque si se hubiera establecido el sistema de renta atribuida como sistema único era muy difícil echarse para atrás en un futuro cercano. Ahora, es fácil redirigir la reforma hacia algo más conveniente”.

En el ámbito de los tributaristas, la opción que se menciona con más fuerza es que Hacienda podría optar por mantener el sistema de renta atribuida sólo para personas naturales y el régimen parcialmente integrado -u otro si deciden cambiarlo- para las personas jurídicas, es decir, empresas o sociedades. Esto ocurre en países de la Ocde e incluso el propio Jorratt aseguró que en Estados Unidos es opción para los contribuyentes.

También creen que se podría retrasar la entrada en régimen, manteniendo el esquema actual de tributación en base a retiros.

Y la posibilidad de introducir este cambio surge con fuerza, porque tanto detractores como los protagonistas del protocolo surgido al alero de la Comisión de Hacienda del Senado argumentan que la rapidez con que se pactaron las bases del texto de acuerdo descuidaron sus alcances y el efecto que tendría cuando los cambios aterrizaran en las empresas.

Faltó tiempo y reflexión, asegura el senador PS Carlos Montes. En la UDI advierten que varios puntos, en especial los dos sistemas de tributación, estaban pactados entre RN y el gobierno cuando se instaló la mesa técnica de los cinco partidos, lo que impidió negociar cambios en los esquemas.

Es en torno al régimen de atribución de renta donde se cree que estarán centrados los cambios. No obstante, Valdés ha dicho que buscarán hacer “más fácil la adopción de un sistema u otro y, sobre todo, la coexistencia”.

Mientras que el senador Montes asegura que “me encantaría un solo régimen. Yo estaba por eso. Pero hubo un acuerdo previo de la Nueva Mayoría de no desintegrar. Aquí la única solución que simplificaría todo esto es desintegrar”.

Coincide con ello el presidente de la Comisión de Hacienda, el DC Andrés Zaldívar: “Siempre fui partidario de un sistema, pero se llegó a ese acuerdo y lo importante es que funcione. Si es necesaria una adecuación técnica, hay que hacerla”.

Fin de la tregua

En la Alianza ya preparan su ofensiva, al menos en la Comisión de Hacienda. El ex ministro Fontaine, el abogado Sebastián Guerrero y el economista Bernardo Fontaine trabajan, junto al senador de RN José García, en una propuesta con correcciones a la reforma y la coordinación se hace incluso vía WhatsApp. Otra partícipe del protocolo, la abogada Carolina Fuensalida, fue contactada esta semana por el senador UDI Juan Antonio Coloma por el tema.

En el oficialismo el tono es otro: no hay postura unánime y se discutirá en el cónclave del 25 de este mes. Pero ya hay críticas a Valdés, a quien acusan de mal manejo político y de abrir una caja de Pandora en un tema que tuvo altos costos políticos para el Ejecutivo.

“Algunos estamos cerrados en contra de esa hipotética posibilidad de ajuste técnico. No le creo al ministro, no compro el cuento de un ajuste técnico acotado. Seguramente habrá rebaja de tasas”, fustiga el diputado de la Izquierda Ciudadana Sergio Aguiló.

Su par del PS Marcelo Schilling añade que hacer un cambio a la ley no puede ser decisión tomada y tampoco necesario, “porque si las circulares no han pasado la prueba de la práctica, ¿quién puede comprobar que no funcionan?”.

Los dardos también apuntan a la responsabilidad del Senado en complejizar la reforma, como acota el diputado DC Pablo Lorenzini, quien presidió la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja en 2014. Prevé que las circulares no cumplirán la aspiración inicial del gobierno de despejar todas las dudas. “La reforma que aprobamos en la Cámara era más dura, pero simple. La mezcla que se hizo en el Senado de dos sistemas nadie la entiende. Debemos dejar el orgullo, trabajar dos o tres modificaciones legislativas claras, bien discutidas con los técnicos y se acabó el problema”, afirma.

Pero el senador PPD Ricardo Lagos Weber, quien presidía la Comisión de Hacienda del Senado en 2014, defiende la ley y plantea que se debe implementar de la mejor manera lo que existe. “Podría ocurrir que fuera necesario, ante una situación especialísima, hacer una modificación legal. En ese caso nadie se podría negar, pero lo que algunos quieren, so pretexto de hacer adecuaciones legales, es modificar la tasa, los sistemas y la norma antielusión”, comenta.

Los privados también afinan su estrategia. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) prepara un catastro sobre las dificultades de la ley y la Sofofa realiza una simulación con los resultados de la Operación Renta 2015. La decisión del gremio no es menor, pues uno de los próximos pasos que Hacienda dará en la dirección de implementar la reforma es definir la lista de empresas que serán sometidas al test de tensión o de prueba de los dos sistemas de tributación. La base de datos ya estaría casi definida y se basa en la declaración de impuestos de un grupo de grandes empresas, con estructuras societarias complejas y con uno o varios socios principales, recogidas en la Operación Renta 2015.

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