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Luces y sombras del Presupuesto

logotipo de Pulso Pulso 05-10-2016

En el plazo estipulado por la ley, esto es, al cierre de septiembre, la Presidenta Michelle Bachelet dio a conocer el último Presupuesto que será efectivamente ejecutado por su Gobierno. En él entregó un total espaldarazo a su ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien había dicho contra viento y marea que cumpliría con su compromiso de reducir el déficit estructural en 0,25%. Poniendo un tapaboca a quienes pronosticaban que en el año electoral que se viene era imposible un Presupuesto austero y contra los llamados de su coalición para postergar ese compromiso, la Presidenta anunció un crecimiento del gasto fiscal de tan sólo un 2,7% real respecto del gasto proyectado para 2016, reduciendo el déficit estructural en 0,25%, tal como lo prometió el ministro de Hacienda.

Un reconocimiento a la Presidenta y a su ministro de Hacienda, pues los vientos y las mareas no fueron menores. De hecho, algunos colegas economistas y la gran mayoría de los diputados del bloque gobernante venían pidiendo un Presupuesto expansivo, un Presupuesto “keynesiano” en jerga profesional, dado el deficiente crecimiento proyectado para este y el próximo año.

Bajo condiciones recesivas normales, un crecimiento fuerte del gasto fiscal puede ayudar a reactivar la economía y tendría poco o nulo efecto en la inflación. No es el caso del año 2017. Los economistas no tenemos buenas razones para explicar el bajo crecimiento de los últimos tres años y sumar un cuarto crecimiento bajo para el próximo año. En efecto, el instituto emisor acaba de corroborar que este año creceremos un 1,75% (rango entre 1,5% y 2%) y 2,25% el próximo (rango entre 1,75% y 2,75%).

Crecer en torno al 2% por cuatro años consecutivos, cuando el resto del mundo, nuestros socios comerciales y nuestro PIB tendencial, han crecido sistemáticamente arriba de 3%, simplemente no tiene una buena explicación económica.

Es el estado de las expectativas deprimidas en el contexto de fuerte desencuentro político de estos años, que colapsó la inversión privada y mantiene muy baja la confianza de los consumidores, lo que puede explicar esta brecha de crecimiento.

Una expansión fiscal “keynesiana” habría exacerbado este problema de expectativas, por lo que una expansión fiscal no puede ayudar a salir del bajo crecimiento en torno al 2%. Ahora, con la señal de austeridad del ministro de Hacienda hay una chance de que en algún momento del año 2017, en el contexto de una resolución democrática de los desencuentros políticos de estos años, sea posible dejar atrás el 2% de crecimiento. El problema es político y no económico.

Una vez que las cuentas agregadas se encuentran en un camino razonable de convergencia y coherente con las restricciones macroeconómicas, la pregunta siguiente es cómo está la composición en el gasto fiscal. Lamentablemente, al momento de escribir esta columna aún no es posible ingresar al detalle de los programas de la Ley de Presupuesto del Sector Público, por lo que no es posible hacer una evaluación cuantitativa de lo que-sospecho- son prioridades trastocadas.

Un ejemplo: los estudiantes se manifestaron el año 2011. Cinco años después tenemos la Ley 20.845, llamada también de inclusión, que en el tiempo consume cuantiosos recursos públicos. El copago de los padres, recursos privados que ellos están dispuestos a poner para la educación de sus hijos, será obligatoriamente reemplazado en el tiempo por recursos públicos. Se requerirá un estimado de US$7.000 millones de garantías en avales del Estado para que los sostenedores puedan comprar los inmuebles que hoy arriendan. Se está recomprando a los bancos la cartera de créditos con aval del Estado (CAE) y la glosa de gratuidad de educación superior llega a casi US$1.100 millones el año 2017.

Cinco años después los jóvenes se han llevado una buena tajada. ¿Y nuestros abuelos? Se manifestaron el año 2016 y piden mejores pensiones con justa razón. Un incremento de un 10% en el Fondo Solidario implica unos US$1.300 millones el año 2017. No me parece que las prioridades estén en lo correcto. Los jóvenes tienen tiempo para hacerse cargo de su futuro, con la ayuda por cierto de sus padres y con su propia capacidad de financiar y pagar su educación superior. Nuestros abuelos y padres que se encuentran en la tercera edad no tienen tiempo. La campaña presidencial del próximo año es una oportunidad para cambiar las prioridades nuevamente. Menores recursos públicos a los jóvenes y mayores recursos para nuestros abuelos.

*El autor es Ph. D. Economía, Universidad de Pennsylvania, consejero y vicepresidente de Ciudadanos e investigador asociado de Plural (@patricioarrau).

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