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Mesa del sector público plantea fórmula para destrabar conflicto

logotipo de Pulso Pulso 11-11-2016 Juan Pablo Palacios

Los funcionarios públicos endurecieron ayer sus movilizaciones, tras el polémico desalojo del martes de las tribunas de la Cámara de Diputados, que derivó en que luego se cayera el veto presidencial que reponía el 3,2% de reajuste salarial para el sector.

El martes durante la votación en la Cámara, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, recibió insultos de parte de dirigentes sindicales, especialmente de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa.

Los trabajadores fiscales se movilizaron en todas las ciudades del país, insistiendo en pedir un reajuste superior al 3,2% que ha defendido el Gobierno.

En ese plano, y tras el quiebre de las relaciones con el Ministerio de Hacienda, los representantes de los 15 gremios agrupados en la Mesa del Sector Público (MSP) llegaron ayer hasta el palacio de La Moneda para entregar una carta a la Presidenta Michelle Bachelet, en la que pidieron reactivar el diálogo y plantearon una fórmula de salida al conflicto que se extiende por dos semanas.

Para avanzar hacia un consenso, los dirigentes encabezados por Figueroa propusieron un mecanismo que garantice en la ley de reajuste general que el acuerdo que se alcance se expresará plenamente en un incremento real de remuneraciones, sin que éste sea afectado por las variaciones del IPC, cuya proyección noviembre 2015 - noviembre 2016 ha sido cifrada por Hacienda en 2,9%, según los gremios. “Si la inflación es mayor al 3%, o incluso supera el 3,2%, debe existir una cláusula que permita indexar el reajuste nominal general a un monto superior a ese eventual IPC más alto”, precisaron desde la MSP.

La propuesta de los gremios ya había sido canalizada esta semana al comité político por la bancada de diputados del Partido Comunista (PC). De hecho, en una reunión el martes los parlamentarios comunistas pidieron al titular de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, que se plasmara en el texto del veto la fórmula variable que plantearon los gremios, algo que finalmente no sucedió y que gatilló el posterior voto de rechazo del PC en la Sala de la Cámara.

La MSP también planteó que el bono de término de negociación contemple las mismas líneas de corte que el conjunto de los demás bonos y aguinaldos. De acuerdo a la parte del proyecto que logró ser despachado a ley, se estableció que el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias será de $68.327 para los trabajadores cuya remuneración líquida, que les corresponda percibir en el mes de agosto del año 2017, sea igual o inferior a $709.046, y de $47.430 para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad.

Finalmente, propusieron que los recursos destinados al bono se incrementen y concuerden con la Mesa del Sector Público para avanzar en la recuperación de la pérdida impuesta por el Gobierno en 2015. Ese año se pagó un bono de fin de conflicto de $71.000, en tanto en 2014 el entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, entregó un beneficio de $250 mil.

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