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Nuevo Código de Aguas complica inversiones hidroeléctricas por US$1.200 millones

logotipo de Pulso Pulso 14-10-2016 Leonardo Cárdenas

“Es un mal proyecto de ley y, a nuestro juicio, inconstitucional”. Tajante es el presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), Ian Nelson. Para el directivo, los cambios que plantea la iniciativa a las mediciones de caudal ecológico, terminará por afectar a la totalidad de los proyectos que están en marcha y en evaluación, los cuales se traducen en una cartera que bordea los US$ 1.200 millones”. 

A juicio del gremio, la reforma se traduce en que el derecho de agua pasa a ser una concesión por plazos acotados, los que no se condice con la realidad de ejecución de un desarrollo eléctrico.

El proyecto establece que el derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión será por 30 años de conformidad a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según corresponda. De hecho en el texto legal se lee que: “en caso que la autoridad considere que la concesión debe otorgarse por un plazo menor, deberá justificar dicha decisión por resolución fundada. Con todo, la duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no podrá ser inferior a veinte años, en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consuntivos”.

Esta excepcionalidad en la caducidad de los derechos de agua es justamente lo que genera resquemor en la industria hidroeléctrica. Y no son pocos los que prevén un enfrentamiento entre el gobierno y las generadoras en el Tribunal Constitucional.

Así al menos lo cree el timonel de Apemec que ante el propio ministro de Energía, Máximo Pacheco, advirtió las consecuencias asegurando que el cambio no tiene sentido. “El camino que señala el borrador de la citada reforma en este tema es borrascoso, con tintes de inconstitucionalidad, al afectar el derecho de propiedad”, advirtió el presidente del gremio, Ian Nelson, en aquella oportunidad.  

Sin embargo, el Director General de Aguas, Carlos Estévez, rebate este argumento, ya que puntualiza que los derechos que son perpetuos, mantendrán esa característica si es que se aprueba la reforma. “Ese atributo persigue al derecho no al titular, es decir, si lo vendó el 2020 seguirá siendo un derecho por su fecha de constitución”, refuerza Estevez. 

Para el gremio, no obstante, la cirugía del gobierno a la norma que reglamenta las aguas comenzó mucho antes. Esto, al introducir un mecanismo de pago de patentes por no uso de aguas, que según Apemec, en la práctica se ha traducido en que se están dejando de pagar dichos derechos. 

Según explica el presidente de Apemec, en base a información de la Dirección General de Aguas, en 2013 se pagó 95% de lo cobrado por la autoridad. La cifra bajó a 82% en 2014, y, un año después, se redujo aún más, llegando a 80%. A la fecha, según el gremio, sólo habrían pagado 55% de los derechos de agua cobrados.

El director de Aguas, sin embargo, rechaza que los pagos estén cayendo.

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