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Perfeccionamientos a la Alta Dirección Pública

logotipo de Pulso Pulso 22-08-2016

Ha concluido la tramitación legislativa del proyecto de ley destinado a fortalecer la Dirección Nacional del Servicio Civil y perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública, concitando el respaldo de una amplia y transversal mayoría, la que manifestó su voluntad de proyectar una de las principales políticas públicas del proceso de modernización del Estado en nuestro país.

A través de las reformas se inaugura una nueva fase para la ADP, encargada de seleccionar -en base al mérito y mediante concursos públicos competitivos y transparentes- a directivos técnicamente solventes y competentes en la ejecución de las políticas públicas definidas por la autoridad democráticamente elegida, con el fin de mejorar la gestión pública y elevar la calidad de los servicios que el Estado presta a la ciudadanía.

El proyecto amplía el universo de servicios adscritos a la ADP, mediante la incorporación de Senama, Sename, Odepa, Injuv, Conadi, Fonasa y la Dirección del Trabajo y la inclusión de cargos del Servicio Civil, el Serviu Metropolitano, la Dirección General de OOPP y la Dirección de Planeamiento del MOP, lo que se traducirá en aproximadamente 200 nuevos cargos que deberán ser provistos con el concurso de la ADP. Además, dispone que se recurrirá a su proceso de selección para proveer cargos de gerentes de Corfo y de determinados jefes de programas y, finalmente, se compromete la remisión de proyectos de ley para incorporar criterios de mérito a la selección de directores de empresas públicas y directivos del sector municipal.

Asimismo, se fortalece la institucionalidad del Sistema. Se entregan nuevas atribuciones al Consejo de ADP y se robustece el rol del Servicio Civil como autoridad rectora en materia de gestión de personas en el Estado, sin perjuicio de las funciones propias de Dipres en esta área; se le entregan responsabilidades en el ámbito de la promoción de la ética pública y facultades para desarrollar acciones de acompañamiento y desarrollo directivo para potenciar la gestión, lo que subraya la competencia integral de la ADP y no solo limitada al reclutamiento y la selección de directivos.

Se incluyen medidas destinadas a reducir el impacto de los cambios de gobierno en el Sistema, entre ellas la facultad presidencial de nombrar directamente hasta a doce Altos Directivos Públicos de primer nivel jerárquico, de modo de facilitar la instalación del nuevo gobierno en sus ámbitos prioritarios; la eliminación de los ocupantes transitorios y provisionales, y las restricciones a los nombramientos al final de un gobierno y a las desvinculaciones al inicio de uno nuevo.

Además, se refuerza la legitimidad, transparencia y efectividad del Sistema, a través de la definición de plazos para ejercer determinadas actuaciones, lo que permitirá disminuir la duración de los procesos de selección y responder en forma más oportuna a los requerimientos de la autoridad; la introducción de reformas procedimentales dirigidas a optimizar la calidad de los concursos; la incorporación de facultades para efectuar gestión de candidatos, lo que permitirá evitar concursos desiertos, reducir costos y mejorar la calidad de los candidatos; la reafirmación de la transparencia del proceso de selección; la mantención del cargo de planta hasta por nueve años, tratándose de funcionarios de carrera que son nombrados en cargos de ADP; la precisión de las normas relativas a confidencialidad; el fortalecimiento de los convenios de desempeño de los ADP, y el mejoramiento del modelo de remuneraciones e incentivos, entre otros.

El Consejo de Alta Dirección Pública, en el ejercicio de su rol como garante del buen funcionamiento del Sistema, estima que el nuevo marco normativo debería contribuir al logro de sus metas y objetivos, toda vez que en su formulación se recogió la experiencia acumulada, lo mejor de iniciativas legales anteriores y las opiniones de expertos y académicos, además de las mejores prácticas internacionales en la materia.

El escenario que se inaugura tras la reforma es el de una ADP que accede a una nueva etapa que se caracteriza por el fortalecimiento de su institucionalidad, por una mayor cautela de su legitimidad, transparencia y efectividad y por la definición, sin ambages, de la selección en base al mérito como la regla general para acceder a los principales cargos directivos de la administración central del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante entender que la reforma por sí sola no es suficiente y que a ella deberá sumarse la voluntad política de potenciar y proyectar la Alta Dirección Pública, porque la complejidad de la gestión pública y los desafíos del desarrollo demandan directivos públicos profesionales, competentes y probos, capaces de facilitar el logro de las metas gubernamentales y aportar al buen gobierno.

*El consejo de Alta Dirección Pública lo integran Bettina Horst von Thadden, Eduardo Abarzúa Cruz, Manuel Inostroza Palma, María Loreto Lira Domínguez y Rodrigo Egaña Baraona (presidente).

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