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Presupuesto: responsabilidad y desaceleración

logotipo de Pulso Pulso 06-10-2016

Desde el año 2001 Chile ha mantenido una política conocida como de “balance estructural”, la cual básicamente busca que los gastos del Gobierno estén financiados con ingresos estables, evitando aumentos insostenibles de gasto que posteriormente obliguen a una contracción fuerte. En buena medida lo anterior se justifica porque normalmente la contracción se produce en el momento menos oportuno del ciclo económico, es decir, cuando por alguna razón el PIB se desacelera o incluso cae.

Esta política es ampliamente considerada como uno de los pilares más importantes de la estabilidad y buenos fundamentos macroeconómicos de Chile. De hecho, distintas formas de reglas de responsabilidad fiscal han sido aplicadas en el mundo desde 1985 y aunque en ciertos países estas no han dado los resultados esperados (pensemos que Grecia tiene reglas de este tipo desde 1992), se han generalizado y actualmente 89 países las utilizan.

Adicionalmente, en Chile la regla está concebida de modo tal que normalmente funcione como un estabilizador de la actividad económica. En efecto, no sólo permite evitar un eventual ajuste contractivo del gasto fiscal en períodos afectados por algún shock negativo, sino que incluso permite aumentos del gasto fiscal por sobre el crecimiento del PIB en esos períodos. Asimismo, modera los crecimientos del gasto en períodos de bonanza, en los cuales la política fiscal expansiva no es la adecuada desde el punto de vista técnico.

En el caso del Presupuesto presentado por el Gobierno para el próximo año a lo anterior se agrega que la implementación gradual de la Reforma Tributaria debería implicar un factor adicional de aumento en la razón de recaudación a PIB, lo que es un efecto contractivo. El Gobierno estimó un crecimiento efectivo para 2017 de 2,25%, levemente por encima tanto de lo esperado en la última encuesta de expectativas del Banco Central como por la estimación reciente del FMI, ambas en 2%. Por otro lado, se utilizaron los estimados de los paneles de expertos para el PIB tendencial y el precio de largo plazo del cobre. Este último se ubica en 256 centavos, bastante por encima del precio actual. En cuanto al crecimiento proyectado del gasto, este debería ubicarse en el 2,7% real e incluye un aumento de 10% en el Pilar Básico Solidario de pensiones. Considerando que el propio Presupuesto supone un crecimiento del PIB de 2,25% y por ende inferior al 2,7% de incremento proyectado del gasto, la parte de gasto fiscal se puede considerar moderadamente expansiva. En definitiva, en conjunto con el aumento tributario antes mencionado, se puede concluir que la política fiscal en principio sería relativamente neutral durante el próximo año.

La pregunta es si una política fiscal neutral es lo más adecuado para Chile en estos momentos. Quizá la mejor forma de pensar el tema es considerar las alternativas. Por un lado, diversas instituciones han recomendado una política fiscal expansiva a los países en buena situación fiscal. Hoy en el mundo la lista es muy pequeña y Chile está en ella. Sin embargo, conceptualmente la razón para ejecutar un Presupuesto expansivo es acercar el PIB efectivo hacia el PIB potencial de la economía.

Considerando que los cálculos tanto del PIB potencial como del tendencial se han ido ajustando a la baja recientemente, no es claro que en estos momentos un crecimiento de 2,25% esté por debajo del crecimiento potencial de nuestro país, al menos no con un grado de seguridad suficiente como para tomar la decisión de ejecutar un Presupuesto expansivo. Adicionalmente, desde el propio Gobierno se ha mencionado la posibilidad de que las agencias clasificadoras de riesgo bajen el rating de Chile o tal vez nos apliquen una perspectiva negativa. Ciertamente es un riesgoadicional para una estrategia expansiva.

Con respecto a una política más contractiva, su principal motivación sería la de evitar el déficit fiscal que se estima en 3,3% para el próximo año y de ese modo contener el aumento esperado de la deuda fiscal. Sin embargo, esta alternativa tiene riesgos. Por ejemplo, si la política contractiva finalmente resulta en menor crecimiento esto podría causar que la razón deuda fiscal a PIB igualmente suba al 25,2% actualmente estimado. Asimismo, una política contractiva se recomienda cuando el PIB está creciendo por sobre su potencial (estrictamente hablando cuando su nivel está por encima del potencial), pero no parece ser esa tampoco la situación actual de Chile.

En definitiva, el Presupuesto parece un buen balance entre proteger uno de los fundamentos macroeconómicos básicos que benefician a la economía chilena, como es la estabilidad fiscal, junto con no desequilibrar la trayectoria de crecimiento del PIB cuando esta está en torno a su potencial. Asimismo, entrega una mayor prioridad al problema de las pensiones más bajas de nuestro país, en línea con la mayor búsqueda de solidaridad que se ha reflejado de distintas formas en nuestra sociedad. P

*El autor es economista y estratega para Latinoamérica Principal International.

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