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Rafael Caviedes: "La única solución es el cambio de Gobierno y que éste se haga cargo de la situación"

logotipo de Pulso Pulso 01-09-2016 Cecilia Arroyo

“Esta es una situación grave y la responsabilidad se la achaco al Gobierno”, sentencia, de comienzo, el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, al referirse a la resolución del SII que les obligará a pagar impuestos por las costas de los juicios en contra de las firmas, por alzas de planes a afiliados.

El servicio estimó los pagos en $12 mil millones para el período 2012 -2015, pero el gremio los eleva  $38 mil millones, considerando dos últimos años tributarios que no se incluyen en el cálculo del SII.  Sólo en 2015, se registraron 133.501 recursos y a junio de este año ya se cuentan 64.125, esperándose un total de 160 mil recursos para frenar el alza de precios, hacia fines de este año.

Así, por ejemplo, de los $30 mil millones en utilidades de 2015, la industria pagó $22 mil millones en costas judiciales. “Esta cifra es insostenible y si además esto significa gasto rechazado, la situación se agrava”, recalca el líder gremial. 

Caviedes recuerda la ley aprobada en 2005, en que se estableció un procedimiento para el ajuste a los precios de los planes. Sin embargo, a la luz de los distintos fallos de los tribunales y del fallo del Tribunal Constitucional, la normativa ha quedado cuestionada. “El presidente de la Corte Suprema ha solicitado al Gobierno que legisle para resolver el problema de la judicialización en el sistema de isapres, y no vemos ninguna voluntad  por parte de éste de resolverlo”, señala.

“Uno tiene que preguntarse necesariamente, si existe voluntad de parte del Gobierno de mantener un sistema mixto de salud en Chile, o si a lo que está apuntando, con todas estas medidas, es a que llegamos a un sistema único de salud -estatal, por cierto-, por cuanto al sistema privado se le está asfixiando producto de la judicialización y sus consecuencias, como esta interpretación del SII”, cuestiona Caviedes.  

“La solución del problema de fondo está en manos del Gobierno, y es urgente, por cuanto puede acarrear graves consecuencias en el sistema de salud privado, ni siquiera en las isapres, sino en las personas que hacen uso de él”, añade.

¿Cree que hay motivaciones ideológicas tras la medida del SII?

-No quiero calificar el fallo del SII, así como tampoco calificó los fallos que hace la justicia. Yo quiero referirme al fondo del sistema, que hay 3,5 millones de personas y otros 5 millones de afiliados de Fonasa que utilizan la salud privada que corren riesgo de que el sistema de salud privado en Chile se deteriore o quede circunscrito a que solo muy pocas personas lo puedan usar. Nada de esto existiría si tuviéramos un Gobierno voluntarioso con verdadero deseo de resolver el problema que se ha creado con la ley que se dictó en 2005.

¿Ven esto como un golpe de muerte para la industria?

-A ver, esto es creciente y no se ven soluciones. La única solución que vemos es el cambio de Gobierno que se va a producir en un año y medio más y que un nuevo gobierno este se haga cargo de la situación, entienda la gravedad que significa prescindir del sistema privado de salud y se busquen las medidas urgentes para solucionar el problema.

¿Qué les hace pensar que un nuevo Gobierno sí les ayudaría?

-No lo sé. Yo espero que el  próximo Gobierno se haga  responsable de la situación y se busquen las medidas para detener esta judicialización insostenible.

¿Cómo se resuelve la judicialización?

-Hay una serie de medidas que hemos discutido para mejorar al sistema de salud, pero lo urgente -y así se lo hemos transmitido a la ministra de Salud, Carmen Castillo-, es resolver el problema de judicialización. Nosotros les entregamos una propuesta hace dos años a la superintendencia de Salud elaborada por el Instituto de Administración de salud de la Universidad de chile (IAS), en que se establecía un procedimiento actuarial, matemático, para analizar la evolución de los costos médicos y las licencias médicas. Ese mecanismo que está basado en otras experiencia en otros sectores regulados permitiría a través de una ley resolver el problema de la judicialización por ajuste de precios.

¿Pueden las isapres hacer algo desde el modelo de negocios para enfrentar la situación?

-No hay ningún país en el mundo, ningún sistema de salud, público privado, seguros, compañías de prepago que no vea afectado su presupuesto por el incremento de las alzas medicas. No existe. Si alguien nos da la fórmula, bienvenida. El incremento de los costos se da simplemente por el envejecimiento de la población, que es algo evidente, es de perogrullo, que los costos médicos suben porque el perfil epidemiológico está cambiando porque la población está envejeciendo. Si alguien  no entiende eso, es simplemente porque no quiere entenderlo.

¿A qué atribuyen la posición del Gobierno ante el tema? 

-Hay un sector importante en el Gobierno que aspira para Chile un sistema único de salud, público y estatal, que no  les gusta el sistema de seguros competitivo, entonces el planteamiento que se hacen es ‘para que vamos a arreglar algo que no nos gusta, que es un sistema competitivo’. Ese es el dilema que enfrenta el Gobierno, cómo arreglar un sistema que a mucha gente no le gusta y han preferido mirar al cielo y dejar que la situación cada vez empeore.

¿Qué medidas tomarán por ahora?

-Estamos estudiando las medidas, hay que analizar la resolución y ver si nos corresponde a nosotros o a cada isapre ejercer su defensa.

¿Si esto no para, desaparecen las isapres, al pagar más en costas de lo que obtienen de utilidades?

-No quiero decir eso. Tengo confianza en que habrá un Gobierno razonable que tendrá en consideración el enorme impacto que tendría la perdida del sistema de salud privado en Chile. Algún Gobierno tendrá que darle estabilidad y certidumbre a las normas del juego que regulan al sistema de salud.

¿Cuánto más puede soportar la industria estos costos? 

-No lo sé, depende de lo que decidan los dueños y de cuándo se presentará la necesidad de hacer aún más aportes.

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