Estás usando una versión más antigua del explorador. Usa una versión compatible para obtener la mejor experiencia en MSN.

Reforma del Código de Aguas: nuevos desafíos, soluciones obsoletas

logotipo de Pulso Pulso 01-12-2016

La reforma del Código de Aguas aprobada por la Cámara de Diputados tiene como grandes ejes concentrar la propiedad de los derechos de aguas en el Estado y aumentar las facultades y atribuciones del mismo respecto de la administración y distribución del recurso. Al analizar el proyecto, es posible concluir que los promotores del cambio asumen que ante la creciente demanda y escasez, el Estado puede administrar de mejor manera el agua.

A partir de estas ideas se construye una nueva institucionalidad: desaparece el derecho de aprovechamiento de aguas y se reemplaza por una concesión, limitada en el tiempo, con un uso determinado y que no puede ser transferida libremente y la autoridad podrá limitar el ejercicio de los derechos otorgados con anterioridad. Es, sin lugar a dudas, un cambio completo respecto de la concepción de los derechos de aguas.

Lamentablemente, la reforma va en el sentido incorrecto. Los usos, la imposibilidad de transferir libremente, el carácter de concesión administrativa y la temporalidad de la misma no son ideas nuevas. Fueron implementadas con desastrosos resultados en la Reforma Agraria de Eduardo Frei Montalva. El consenso de los expertos es que el pésimo marco jurídico e institucional de las aguas creado por la Reforma Agraria contribuyó a sepultar definitivamente el desarrollo de la agroindustria nacional. La falta de certeza jurídica, los complicados sistemas de asignación del recurso y la inexistencia de un verdadero mercado de aguas sólo se tradujeron en dificultades para pequeños y medianos agricultores, así como también para otros sectores productivos. Un sistema rígido que no resistió la primera prueba de seriedad: la gran sequía de 1968-1969, con serios efectos sobre la agricultura, la minería y la generación eléctrica.

El oficialismo se negó a escuchar razones técnicas que iban en sentido contrario de su reforma y, en la práctica, primó la ideología. En lo que respecta al derecho de propiedad, no se reconoció el gran aporte que la certeza jurídica tuvo para el desarrollo de la generación hidroeléctrica, de la minería, la agricultura y la expansión de los servicios sanitarios concesionados.

En lo que dice relación con el aumento de las atribuciones de la Dirección General de Aguas, es un peligroso retorno a una concepción de Estado omnipresente, donde la burocracia termina cooptando los derechos de los ciudadanos, y donde existe un peligroso espacio para la discrecionalidad y el favoritismo político. Por último, cuerpos de la sociedad civil de inmemorial existencia, como las asociaciones de usuarios, ven restringido su campo de acción propio en favor del Estado.

El gran desafío para los próximos 40 años será enfrentar la escasez hídrica y el aumento en la demanda. Para ello, Chile necesita invertir en infraestructura, así como un sistema adecuado de asignación, administración y uso del agua. La experiencia comparada exitosa, especialmente la de Australia, muestra que una tasación inteligente del valor de los derechos de aguas, la certeza jurídica y la cooperación entre los usuarios pueden mitigar los efectos de la escasez de agua. Claramente las soluciones propuestas por los partidarios de la reforma son obsoletas, inspiradas en una ideología estatizante y en recetas fracasadas.

*El autor es director de formación Instituto Res Publica (@AIriarteIRP).

Más de Pulso

image beaconimage beaconimage beacon