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Sanitarias: Walker y Coloma ponen en duda constitucionalidad del proyecto

logotipo de Pulso Pulso 05-01-2017 Miriam Leiva P.

Valparaíso.-Polémica levantó el proyecto que cambia la legislación en materia de fijación tarifaria de los servicios sanitarios, en la Comisión de Obras Públicas del Senado en su primera sesión sobre el particular. 

Dos senadores, Ignacio Walker (DC) y Juan Antonio Coloma (UDI) expresaron sus dudas sobre la constitucionalidad de la iniciativa, tras escuchar a los representantes del Gobierno. Cabe recordar que este articulado fue aprobado por unanimidad de 108 diputados en su primer trámite parlamentario y al día siguiente las empresas sanitarias vieron como caían el valor de sus acciones en la Bolsa de Comercio. Es que el proyecto presentado por los diputados PC Daniel Núñez, Lautaro Carmona y Guillermo Teillier; Loreto Carvajal (PPD), Yasna Provoste (DC) e Iván Fuentes (Ind), propone modificar la forma en que se fijan las tarifas del consumo del agua, eliminando un factor que permite un piso de utilidades. 

“El proyecto fue una sorpresa en su tramitación y es de dudosa constitucionalidad. Mi duda es si puede este tipo de temas ser objeto de una moción parlamentaria ya que no tiene patrocinio del Ejecutivo”, indicó Walker. Por lo mismo se solicitaron tres informes: a la Secretaría de la Comisión, que lo analice la Comisión de Constitución del Senado y un informe al Gobierno, específicamente a la secretaría General de la Presidencia, Segpres. 

“Me sumo a las dudas de constitucionalidad que es importante precisar. Acá estamos ante un tema muy grande donde estamos viendo una especie de retroexacavadora que es altamente preocupante por su impacto en las inversiones”, acotó Coloma. 

El presidente de la Comisión, senador Alfonso de Urresti (PS), no compartió este argumento: “Con este proyecto veo a muchos que se van a poner nerviosos y ojalá sea así. La iniciativa es perfectible pero no olvidemos que se aprobó por unanimidad de la sala de la Cámara, lo que denota una voluntad”, manifestó. 

Mirada ministerial. El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, fue el encargado de entregar la visión del gobierno sobre esta polémica iniciativa. Aclaró que el texto “no cuenta con el patrocinio del Ejecutivo”, no obstante desmenuzó su contenido en aspectos positivos y negativos. 

Entre los primeros mencionó cinco puntos. Lo primero es que el proyecto aborda el tema de extender el servicio a las áreas adyacentes a las de la concesión a través de un mecanismo distinto al actual que obliga a la competencia, “lo propuesto es más efectivo y favorecería a los proyectos de vivienda social”. 

También valoró el cambio de compensaciones por corte del suministro, regular el descuento tarifario por utilidades obtenidas por negocios no regulados, elimina el cobro por corte y reposición del servicio y transparentar el proceso tarifario incorporando la consulta ciudadana y publicando los antecedentes. 

Entre los aspectos negativos que “afectan la inversión en el sector” mencionó aquellos que modifican la forma como se determina la fijación tarifaria a través de un empresa modelo y con un comité de expertos. El proyecto elimina el piso de costo de capital (7%), disminuye la tasa de riesgo, y cambia la composición del comité de expertos aumentando el peso del regulador. 

“El Gobierno es partidario de no innovar en estas materias referidas a los mecanismos, a los parámetros, y al comité de expertos. Queremos, no obstante ser claros en descaricaturizar el proyecto porque tiene aspectos positivos, y por otro lado tenemos que mantener el ritmo de inversiones”, acotó el ministro. 

“En estos temas específicos están alterando la forma en que sistemáticamente ha actuado la ley en el caso de los monopolios regulados, alterando los incentivos”, agregó el superintendente de servicios sanitarios, Ronaldo Bruna. Asimismo, el fiscalizador reconoció que muchas veces carecen de herramientas para fiscalizar mejor al sector: “hay cosas que creemos podrían cambiar, aún hay espacio para que superintendencia muestre más dientes”.

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