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Sobrerregulación y proteccionismo

logotipo de Pulso Pulso 10-11-2016

En el último par de años nuestro país ha sido testigo de un aumento de las regulaciones y de la presencia estatal en diversos ámbitos. Se trata, en todo caso, de una tendencia de carácter global; la crisis sub-prime generó la necesidad de repensar la infraestructura regulatoria de los mercados. Pero mientras las propuestas de retroexcavadora y de statu sólo aumentaban la cacofonía ambiente, los tan maltratados “matices” (Zingale, salvando el capitalismo de los capitalistas o Sunstein, el “zar regulatorio” de Obama, con sus propuestas de análisis de impacto regulatorio y simplificar el costo de las regulaciones), se perdían en el camino. 

En Chile la falta de matices, acuerdos y un debate más sofisticado en materia regulatoria parece estar generando consecuencias imprevistas. Porque, así como las fallas de mercado requieren de la intervención regulatoria en la mayoría de los casos (sujetas a análisis costo-beneficio, análisis de impacto regulatorio, diseños institucionales que garanticen la independencia técnica del regulador, etc.), la captura regulatoria puede ser la forma más grotesca de uso del proceso político a favor de privados y contra el interés general. Dos ejemplos recientes dan cuenta de este fenómeno en nuestro país. 

El proyecto de ley que busca modernizar la regulación del transporte remunerado de pasajeros (esto es, la que busca regular plataformas como Uber y Cabify), puede ser examinada críticamente desde varias perspectivas. Pero hay una que la transforma en un precedente particularmente peligroso: en su esencia, se está utilizando este marco regulatorio como un mecanismo de transferencia de recursos entre competidores. En efecto, mediante el establecimiento de un tributo por kilómetro recorrido, se crea un fondo para entregar una serie de beneficios económicos a los taxis. De manual. Y, por lo demás, inconstitucional.

Un segundo ejemplo puede encontrarse, ahora desde la perspectiva del proteccionismo frente a la competencia externa, con el rol de la denominada Comisión Antidistorsiones. No es suficiente el que se encuentre al amparo del Banco Central, que extiende su prestigio institucional sobre una comisión cuyo diseño institucional resulta controversial por lo menos. En su más reciente decisión, la aplicación de un derecho antidumping provisional para el acero chino, contó con el rechazo de los integrantes estrictamente técnicos del Consejo: el presidente de la instancia (Fiscal Nacional Económico) y los representantes del Banco Central. El potencial de captura de los integrantes políticos de la comisión, quienes, por presiones parlamentarias, gremiales o sindicales, o simplemente por creer estar actuando de buena fe a favor de proteger una determinada industria (y sus trabajadores), causan un daño irreparable a los consumidores chilenos (y de paso a nuestro prestigio internacional).

Esperemos que ejemplos como estos vayan transformándose en lo que son: una excepción a un país que ha marcado un liderazgo internacional por la calidad de sus autoridades e instituciones regulatorias.

*El autor es decano Facultad de Derecho U. Autónoma de Chile.

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