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TC apoya a Contraloría y Senado fija resolución para marzo de este año

logotipo de Pulso Pulso 05-01-2017 C. Arroyo / G. Piérola

Complejo se visualiza el panorama para el Senado en el marco de la Contienda por Competencia presentada por la Contraloría contra la Corte Suprema. Ayer el Tribunal Constitucional (TC) acordó por unanimidad dirimir a favor del contralor Jorge Bermudez, en el contexto de su reclamo al TC por la exclusividad de su jurisprudencia frente a un fallo de la Corte de Apelaciones que revocó una sentencia del 29 Juzgado Civil de Santiago. En dicho fallo el tribunal accedía a una vieja demanda de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), indicando que les corresponde el régimen previsional de Capredena y no el de AFP. El contralor cuestionó el fallo y acudió, además del TC, al Senado por similar proceso. 

Aunque el TC tardó sólo unas horas en decidir tras los alegatos de Bermudez y el abogado de la DGAC, Héctor Rodríguez, la Comisión de Constitución del Senado estaría dejando el debate y resolución para marzo próximo. Asimismo, funcionarios de la DGAC serán recibidos por la Comisión para dar su opinión respecto de la contienda. 

Alegato. En su alegato ante el TC, Bermúdez resaltó la exclusividad de Contraloría en materia de pensiones, pero enfatizó además que el órgano no busca sustraerse de los tribunales, acusando de “ignorancia, mala fe, envidia o tal vez todas estas juntas”, a quienes dicen lo contrario. Asimismo criticó de “civilismo” las acciones de la DGAC ante los tribunales, “porque puede confundir al juez”, precisó. “Se trata de una acción civilina, oblicua que pretende ocultar una realidad como es la existencia de contraloría, sus facultades y sus jurisprudencia”. Por último aclaró que su interés en el tema, obedece a las consecuencias y a que “en el fondo de lo que se está tratando, es de la sustitución de los poderes públicos a través de un pretendido gobierno de los jueces”.

Sobre la búsqueda de los funcionarios de la DGAC para mejorar sus pensiones, agregó que “como todos los chilenos, lo que pasa es que no lo pueden hacer a costas, en primer lugar, del erario público, porque son $300 mil millones, y a costa de las facultades de la Contraloría”.

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