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Tercera Sala de la Suprema interviene en área laboral: anula despido de funcionario a contrata

logotipo de Pulso Pulso 14-10-2016 Juan Pablo Palacios

El alza de los planes de Isapres, las multas en el caso Farmacias, Hidroaysén, el caso Pollos y la paralización de la central termoeléctrica Castilla, son algunas de las materias falladas en el último tiempo por la Tercera Sala de la Corte Suprema, que han remecido a los mercados.

Sin embargo, la también llamada sala de asuntos constitucionales o contencioso administrativo, sentó un nuevo hito, al fijar doctrina en el ámbito laboral, un área más propia de la Cuarta Sala del máximo tribunal.

La instancia integrada por el ex presidente de la Suprema Sergio Muñoz y los ministros Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Alfredo Pfeiffer, acogió un recurso de protección presentado por un funcionario público que se desempeñó por 20 años a contrata y que fue desvinculado anticipadamente en marzo pasado. Ello implica que el tribunal anuló su despido.

En fallo dividido (causa rol 35.196-2016), la Tercera Sala acogió la acción cautelar presentada por Gustavo Peña Olate, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), por considerar arbitrario su despido basado solo en la causal genérica de “no ser necesarios sus servicios”, después de dos décadas vinculado al servicio público. 

El motivo esgrimido por la autoridad consistió en que sus servicios ya no eran necesarios. En lo concerniente a la duración de la designación a contrata del trabajador, el IPS incorporó la frase “mientras sean necesarios sus servicios”.

No obstante, el máximo tribunal desestimó ese argumento y no permitió aplicar los  artículos 3 y 10 del Estatuto Administrativo -norma madre del sector público-, que dice que la autoridad se encuentra facultada para poner término al empleo a contrata antes del vencimiento   del plazo consignado en el nombramiento.

“La decisión de la autoridad administrativa en orden a poner término anticipado a la contrata del recurrente evidencia ser arbitraria, toda vez que los fundamentos explicitados en la resolución impugnada resultan insuficientes para justificar la terminación de su empleo a contrata, teniendo en especial consideración para ello, como ya se indicó, el prolongado período por el cual se extendió la prestación de servicios bajo la citada modalidad”, reza el dictamen.

El fallo previene que si bien el ministro Muñoz concurrió a la decisión de mayoría, hizo presente un fundamento especial de ilegalidad en el despido.

“La ilegalidad se funda realmente en un fin diverso del expresado, por cuanto lo que se desea es desvincular al funcionario sin un procedimiento previo que le permita defenderse de las eventuales acusaciones de falta a sus deberes o un deficiente desempeño, como sí ocurriría en una investigación disciplinaria o en el período de calificación anual. Así no sólo hay ausencia de motivos legales, sino que hay concretamente un fin diverso al expresado como fundamento del acto, circunstancia, esta última, que constituye desviación de poder, al pretender la autoridad disponer del cargo para entregar su desempeño a otra persona de su confianza, proceder ciertamente contrario al ordenamiento jurídico y que sin duda ha transgredido la autoridad recurrida”, señala en la sentencia el ex timonel de los “supremos”.

La resolución de la Tercera Sala agrega que como “como consecuencia del referido actuar arbitrario de la Administración, se ha vulnerado respecto del actor la garantía fundamental de la igualdad ante la ley, en tanto fue objeto de un trato discriminatorio en relación a aquellas personas que, contratadas en similares o iguales condiciones, no se vieron sometidas a una decisión como la que se consigna”.

Por tanto, concluye el fallo: “se acoge el recurso de protección (...) dejándose sin efecto la Resolución TRA N°954/416/2016, tomada de razón el 29 de marzo de este año, por la que se puso término anticipado a la contrata del recurrente, debiendo éste ser reincorporado a sus funciones hasta el término de los servicios anuales por los que se generó la vinculación con la Administración, además de pagársele íntegramente las remuneraciones y demás prestaciones devengadas durante el período de su separación”.

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