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TLC, integración regional y apertura

logotipo de Pulso Pulso 06-10-2016

Recientemente, los gobiernos de Chile y Uruguay han dado a conocer la suscripción de un Tratado de Libre Comercio, que se concretó el 4 de octubre en Montevideo. Esta decisión no debe llamar la atención si se considera la evolución del intercambio comercial entre ambas naciones: de US$275 millones en 2006 a US$336 millones en 2015. El que las negociaciones hayan concluido exitosamente son muy buenas noticias, y no sólo en relación al comercio.

Más allá del tenor literal del acuerdo es necesario rescatar el rol de este tipo de acuerdos como verdaderas herramientas de integración regional. En momentos en que la integración basada en una burocracia supranacional que colisiona con la soberanía nacional se encuentra fuertemente cuestionada, los acuerdos de libre comercio vuelven a surgir como una real opción para acercar y profundizar relaciones entre los estados. ¿Cuál es la razón? Un acuerdo de esta naturaleza, si bien tiene como objetivo declarado promover el intercambio comercial, produce adicionalmente un movimiento de personas e ideas. Es por ello que genera una verdadera y auténtica integración, permitiendo a ambos pueblos conocer más de cada uno, sin necesidad de forzar comportamientos culturales, sociales ni políticos, esto es, respetando la idiosincrasia.

El intercambio comercial entre los pueblos es fuente de prosperidad y paz desde tiempos remotos. El comercio impulsa el desarrollo de la especialización y la división del trabajo y, por tanto, de las ventajas comparativas que permiten la obtención de bienes y servicios a un menor costo de oportunidad. De esta forma, a través del intercambio voluntario y mutuamente beneficioso cada país genera un mayor producto y mejora la calidad de vida de sus habitantes. Al mismo tiempo, los acuerdos de comercio y los vínculos que se establecen (comerciales, financieros, culturales, sociales, familiares, etcétera) vuelven más costosos y, por tanto, menos probables los conflictos diplomáticos y militares.

En el Viejo Continente, el Brexit ha puesto en jaque el proyecto de integración de la Unión Europea: han surgido con fuerzas voces que quieren sepultarlo definitivamente, así como también comienzan a escucharse voces de quienes piden una reforma para regresar el proyecto a su sentido original, el de un mercado común. En Latinoamérica, el Mercosur, en cuanto proceso de integración parece que se encuentra estancado y en los últimos años lo único que ha avanzado es la burocracia y un parlamento del bloque que no tiene razón de ser.

¿Y la Comunidad Andina? Parece ser sólo historia, un recuerdo de otra época. Por el contrario, modelos de integración como la APEC y la Alianza del Pacífico, construidos sobre la base de las ideas de libre flujo de bienes, servicios y personas, muestran un vigor y dinamismo que hace cada vez más necesario comprender a los otros, conocer y respetar su cultura para mantener las buenas relaciones.

Chile se encuentra abierto al comercio global, y en la actualidad tiene suscritos 26 acuerdos comerciales con diversos países en América, Europa, Asia y Oceanía. Uruguay tan solo tiene dos y se encuentra, adicionalmente, encerrado en un bloque que no funciona. Para ponerlo en cifras claras, mientras Chile tiene acuerdos comerciales con países que representan 65% del PIB mundial, Uruguay sólo con el 5% del PIB global. Los caminos de apertura comercial de ambos países son bien distintos y mientras para Chile el acuerdo con Uruguay constituye uno más en una estrategia de largo plazo, para el segundo es un cambio de rumbo saludable si se transforma en el comienzo de una nueva estrategia de inserción internacional.

En este contexto, un país integrado en la sociedad global es un país abierto al mundo, un país que mira más allá de sus límites geográficos y culturales para buscar oportunidades, sin temor a las diferencias. El acuerdo entre Chile y Uruguay es una gran oportunidad para ambos países, y abre una ruta de integración entre la Cuenca del Pacífico y el Atlántico que es de esperar se consolide y amplíe en las décadas futuras.

*Álvaro Iriarte es abogado y director de formación del Instituto Res Pública (Chile). Hernán Bonilla es economista y director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (Uruguay).

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