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Un nuevo AFI

logotipo de Pulso Pulso 05-12-2016

El AFI es un aporte que el Estado entrega a las instituciones por cada alumno matriculado que esté entre los 27.000 mejores puntajes de la PSU. La concepción del AFI se funda en que los alumnos con mayores puntajes elegirán la institución y no al revés, como puede ocurrir con los alumnos de bajos puntajes.

Además, asume que esa elección la hacen sobre la base de la calidad. Ambos supuestos, independientemente de las disquisiciones conceptuales, están apoyados en evidencia.

El AFI tiene otro mérito; no depende de presiones o ideologías sobre qué tipo de institución debe ser financiada, sino de la elección de los alumnos; es, por tanto, uno de los instrumentos más objetivos.

Si bien el AFI se concentra en las instituciones tradicionales de reconocida calidad, permite que instituciones más nuevas de calidad también accedan a este financiamiento. Esta es una característica remarcable del AFI, que lo diferencia de los aportes directos, que se definen con criterios históricos.

Sin embargo, el AFI se ha ido reduciendo, no sólo desfinanciando a instituciones, sino que sin una evaluación de las consecuencias de hacerlo. Las críticas se basan en que considera sólo la PSU, sin consideración de la vulnerabilidad de los alumnos, lo que implicaría un sesgo socioeconómico del instrumento.

Además, deberíamos agregar que hay un sesgo institucional a las instituciones que usan ese sistema de admisión, excluyéndose en la base a las instituciones técnico profesionales (TP).

El problema de política es que se pueden conservar los méritos del AFI y corregir sus problemas, sin eliminarlo. Específicamente, si en lugar de considerar a los mejores puntajes PSU, se consideraran los mejores ranking de la enseñanza media, el sesgo de ventaja socioeconómica que hoy tiene el AFI se resolvería.

Evidentemente, la forma que tome un AFI punto dos, debe considerar elementos que predigan el éxito en la educación superior, como en parte lo hace la PSU, pero tendría completo sentido agregar el ranking de notas, que no tiene sesgo económico.

Las ponderaciones de PSU y ranking deberían ser materia de análisis para el caso de las universidades. En el caso de las instituciones TP, debería existir un AFI diferenciado que considere el ranking y el origen de especialidad vinculada desde el liceo técnico. Esto es, un AFI perfeccionado debe redefinirse para las universidades y crearse para la educación TP.

La eliminación del AFI es un error que, aparte de las quejas de algunos rectores y analistas, refleja una dinámica de elaboración de política pública negativa. La exacerbación del sesgo socio económico, no a partir del análisis, sino de la vociferación y de ahí a la improvisación.

Es sólo la fundamentación en la evidencia, el debate técnico, y la evaluación final de las políticas, el camino que muestra alternativas que, como lo planteado aquí, pueden resolver críticas sin comprometer un diseño integral de política que debería contribuir a la calidad en la educación superior.

*El autor es rector Duoc UC.

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