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Mesa acusa fines políticos tras pedido de juicio en su contra

logotipo de La Tercera La Tercera 11-07-2018 Fernando Fuentes
MesaWEB © La Tercera MesaWEB

“Abrumado y agradecido por las innumerables muestras de respaldo y afecto de tantísimos compatriotas ante la criminalización de la política y la destrucción de la democracia que representa el caso Quiborax”. A través de este mensaje escrito en su cuenta de Twitter, el expresidente boliviano y portavoz de la demanda marítima, Carlos Mesa, dejó en evidencia ayer su molestia, un día después de que la Fiscalía General de Bolivia solicitara al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un juicio de responsabilidades contra él, por revocar de concesiones mineras a una firma chilena en 2004.

El lunes, en una conferencia de prensa en plena plaza Murillo de La Paz, Mesa remarcó que la decisión del Fiscal General es la “confirmación” del estado de la democracia en Bolivia con una “criminalización de la política” como un mecanismo de “persecución judicial” a título de “investigación” que sustituye a “botas y charreteras, tanques y ametralladoras” de las dictaduras. Y dirigiendo sus dardos contra el gobierno, aseguró: “No me siento acusado, me siento y soy acusador, y acuso al gobierno del Presidente (Evo) Morales, y acuso a su exministro de Defensa Legal del Estado, exprocurador y actual ministro de Justicia (Héctor Arce), y acusó al actual procurador (Pablo Menacho) de haber llevado adelante una de las más vergonzosas defensas que se haya conocido en función de los derechos que tenía que guardar el Estado frente a una empresa pirata como Quiborax”.

En una nueva conferencia de prensa, Mesa acusó ayer al gobierno de Morales de buscar sacarlo de la carrera electoral con este caso. “Ya he sido condenado… esta es una pantomima, lo que el gobierno quiere es definir quiénes van a ser los rivales de Evo Morales en la elección de 2019 y asume que yo puedo ser uno de ellos porque aparezco bien posesionado en las encuestas”, afirmó, agregando: “¿Cómo puedo confiar en una justicia manejada desde el Poder Ejecutivo que me condenará en tiempo récord?”.

En respuesta, el ministro de Justicia, Héctor Arce, calificó las declaraciones de Mesa de “reacciones políticas” cuando se trata de “una clara contravención a las leyes”. Asimismo, Arce aseguró que es “materialmente imposible” que haya una sentencia que afecte a una eventual postulación en las elecciones de 2019.

El proceso se remonta a 2004, cuando fueron revocadas concesiones mineras a la empresa con mayoría de capital chileno Non Metallic Minerals, socia de la chilena Quiborax, durante el gobierno de Mesa (2003-2005). Ambas firmas presentaron una controversia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entidad dependiente del Banco Mundial, que a fines de mayo cerró el caso a favor de las demandantes al entender que la revocación no se ajustó a la ley, según EFE.

En junio, el Estado boliviano firmó un acuerdo para compensar con US$ 42,6 millones a las empresas chilenas. El gobierno de Morales responsabiliza a Mesa del fallo adverso argumentando, entre otros, que con las decisiones asumidas por el exmandatario el país no cumplió con las leyes internas ni con el derecho internacional.

Mesa informó ayer a través de Twitter que había presentado a consideración del Tribunal Supremo de Justicia la petición de anulación del requerimiento del fiscal. De no prosperar, France Presse sostiene que el proceso de juicio será lento y moroso. El TSJ debe aprobar el juicio y pedir la autorización al Congreso, controlado por el oficialismo, que por dos tercios de sus miembros da luz verde y devuelve nuevamente el proceso a la Fiscalía General la que recién comienza a investigar el caso a fondo.

Mesa afirmó que la causa del proceso, junto con el caso Odebrecht y los misiles chinos, es parte de una estratégica de “demolición de su imagen” ante la cercanía de las elecciones. En todo caso, reiteró que no prevé ser candidato y que “no se prestará” al juego del gobierno. Y añadió que “pase lo que pase” no renunciará a su cargo de vocero de la demanda marítima boliviana, que le fue otorgado por Morales, porque su “compromiso es con el país”.

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