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Piñera frenó al menos 405 actos administrativos en primeras dos semanas de gobierno

logotipo de La Tercera La Tercera 17-04-2018 Isabel Caro
Fachada-de-la-Moneda005 © La Tercera Fachada-de-la-Moneda005

“Para un mejor estudio de los antecedentes”. “Para subsanar errores”. “Para realizar determinadas adecuaciones de forma”. Esos son algunos de los argumentos con que distintas reparticiones públicas solicitaron el retiro de al menos 450 actos administrativos desde la Contraloría General de la República durante los primeros 15 días del gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Así lo revela una solicitud de información -vía transparencia- realizada por el Senado ante dicho organismo contralor a la que tuvo acceso La Tercera.

En el documento de 273 páginas -que fue analizado por este medio- se detalla que, tras asumir, entre el 11 y el 26 de marzo, las autoridades de la nueva administración retiraron reglamentos, bases de licitación, nombramientos, contrataciones, convenios, entre otras resoluciones y decretos, que fueron enviados durante el periodo de la ex Presidenta Michelle Bachelet, entre 2017 y 2018.

Del total, 383 retiros corresponden a solicitudes directas de los distintos ministerios, mientras que las otras 22 fueron tramitadas por otros organismos públicos dependientes como, por ejemplo, Carabineros de Chile, el Ejército y el Servicio de Impuestos Internos, entre otros.

El requerimiento de información por parte del Senado se da en momentos en que desde la oposición se ha instalado una fuerte inquietud de que -por la vía administrativa- el Ejecutivo modifique la aplicación de ciertos proyectos de ley aprobados por el Congreso. De hecho, se espera que el presidente de esa corporación, Carlos Montes (PS), aborde este y otros temas en la reunión que sostendrá hoy en Valparaíso con el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

“La verdad es que esto es preocupante. En general los decretos son para efectos de implementar decisiones que ya ha tomado el Parlamento, entonces no parece de lo más razonable que los retiren todos y no digan qué observaciones tienen ni cuáles son las fechas en las que van a reincorporarlos”, advierte Montes.

La inquietud del senador y otros dirigentes de la oposición se agudizó precisamente luego de que el pasado 23 de marzo se conociera que el Ministerio de Salud (Minsal) realizó una serie de modificaciones al protocolo de aplicación de la ley de aborto, además de paralizar el financiamiento de los Servicios de Alta Resolución (SAR). Mientras que, la semana pasada, el Mineduc confirmó el retiro del reglamento que regula la nueva ley de Educación Pública.

Las cifras

Según la información solicitada por el Senado, el Ministerio de Desarrollo Social fue la cartera que más decretos y resoluciones frenó en dicho periodo, retirando 147 actos administrativos. Los más llamativos corresponden al decreto que aprueba la incorporación de programas al sistema Elige Vivir Sano, el que regula el convenio de transferencia de recursos para la ejecución del programa para el recién nacido y el que establece monto a transferir al Instituto de Previsión Social para el pago de bonos de familias en extrema pobreza. Con todo, la mayor parte de esos retiros corresponde al cese de contrataciones.

Desde la Subsecretaría de Educación, en tanto, se retiraron 75 decretos y resoluciones relativos, entre otras materias, al pago de subvenciones a establecimientos educaciones diferenciales, o al que fija la remuneración mínima para profesionales de la educación que se desempeñan en colegios subvencionados . El Minsal, por su parte, retiró 33 actos administrativos, en su mayoría sobre programas de reforzamiento de atención primaria.

Asimismo, el 14 de marzo el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, hizo una petición especial al organismo contralor: retirar todos los actos administrativos ingresados por el gobierno de Bachelet justo en la semana previa al cambio de mando. Además, desde esa cartera se retiraron otros 11 decretos, entre ellos, por ejemplo, el que aprueba el reglamento sobre ordenamiento territorial y el que distribuye los gastos en publicidad en esa cartera.

Otro de los retiros llamativos que realizó el Ejecutivo vino desde la Subsecretaría de DD.HH. El 15 de marzo pasado la propia Recabarren retiró el decreto que aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos, política que fue impulsada por la exsubsecretaría Lorena Fríes. El decreto, en todo caso, ya fue reingresado a la Contraloría.

En Justicia, en tanto, destaca el retiro del decreto que sellaba el polémico nombramiento del exfiscal del caso Caval, Luis Toledo, como notario de San Fernando.

Desde el Ministerio de Energía, en tanto, se retiraron solo cuatro actos administrativos. Uno de ellos -el que fija ajustes y recargos por aplicación del mecanismo de equidad tarifaria residencial- considerado clave para la completa entrada en vigencia del plan “Agenda de Energía”, el que fue impulsado por el exministro Máximo Pacheco.

Otros ministerios que instruyeron el retiro de actos administrativos fueron los de Agricultura, Hacienda, Economía, Deportes, Vivienda, Obras Públicas, Defensa, Medio Ambiente, Minería, Relaciones Exteriores, Transportes, entre otros.

Con todo, varios de los decretos y resoluciones que fueron retirados para su revisión han sido reingresados al organismo contralor (ver secundaria).

¿Una práctica habitual?

Fuentes conocedoras del funcionamiento de la Contraloría y quienes, además, fueron testigos de los traspasos de mando de años anteriores, aseguran que el retiro de decretos y resoluciones desde ese organismo se ha vuelto una práctica habitual en medio de la instalación de los distintos gobiernos.

Desde La Moneda, el subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, explicó la acción del gobierno: “En consideración a que un alto número de decretos, resoluciones y reglamentos se ingresaron en las últimas semanas del gobierno pasado, cada ministerio consideró necesario revisar en detalle el contenido de estos actos administrativos”, dijo.

Y agregó: “Este es un proceso absolutamente normal que obedece a una práctica de buena administración para conocer los contenidos y fundamentos de las decisiones ministeriales previas al cambio de gobierno”.

Subsecretaría estudia ajustes a Plan de DD.HH.

Un oficio firmado con el puño y letra de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, ingresó a la oficina de partes de la Contraloría el pasado 15 de marzo.

En el documento, Recabarren solicita el retiro del Plan de Derechos Humanos impulsado por su antecesora, Lorena Fries, durante la administración de Michelle Bachelet para “su reestudio”.

La ley que dio creación a esa subsecretaría y fue promulgada en diciembre de 2015, establecía como uno de los principales objetivos de dicha cartera la elaboración de una política nacional para garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos.

Dicho plan fue presentado el 22 de diciembre del 2017 por la propia ex Mandataria y contempla más de 500 acciones coordinadas entre 47 organismos gubernamentales y autónomos para, entre otros objetivos, promover el acceso a la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos entre 1973 y 1990, además de “respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad y no discriminación”.

Desde la Subsecretaría explicaron que el retiro se debe a un proceso normal de revisión y aseguraron que el decreto fue reingresado a la Contraloría el pasado 23 de marzo “sin modificaciones formales”.

“Más que querer modificar algo que se hizo (el retiro) es parte del proceso que cualquier gobierno, ya fuera de continuidad o este, hubiese hecho respecto del plan”, señaló, agregando que “llevar adelante un Plan Nacional de DD.HH. implica estar constantemente actualizándolo”.

Con todo, Recabarren sostuvo que el plan aún está sujeto a actualizaciones, en vista de ajustarlo a “las prioridades del gobierno” y a “la realidad, es decir, al cumplimiento de unas metas ya alcanzadas, a los recursos y a que uno tiene que tener presente que hay cosas que no dependen del Ejecutivo, que dependen de otros órganos del Estado, por ejemplo, del (poder) legislativo”.

Fries, en tanto, calificó el retiro del decreto como “una situación grave” y advirtió que no considera “aconsejable” que se realicen modificaciones.

“El plan tuvo consulta en cada una de las regiones del país, por lo tanto, está allí la opinión de las organizaciones de DD.HH. y las acciones encaminadas a cumplir con lo que el sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano le han dicho a Chile en esta materia. Borrar eso es mantener los reclamos de la comunidad internacional en materia de DD.HH”, advirtió.

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