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Caval: Dávalos y Compagnon buscan validar sobreseimiento tras error del tribunal

La Tercera La Tercera 14-10-2016 Víctor Rivera

El 17 de febrero de 2015, el Ministerio Público abrió una investigación penal contra todos quienes resultasen responsables de los presuntos delitos de tráfico de influencia y negociación incompatible en la venta y compra de terrenos de la empresa Caval -de propiedad de Mauricio Valero y Natalia Compagnon- en Machalí, por $ 6.500 millones, tras recibir un préstamos del Banco de Chile.

Sin embargo, el 10 de abril, los abogados Mario Zumelzu y Carolina Contreras se querellaron en la causa por el eventual ilícito de cohecho contra Sebastián Dávalos (hijo de la Presidenta y ex ejecutivo de Caval), Natalia Compagnon, Mauricio Valero y los ex funcionarios de la Municipalidad de Machalí Wilfredo Valdés , Jorge Silva Menares y Cynthia Ross.

La investigación avanzó, con la toma de declaraciones e incluso se formalizó. Sin embargo, el 22 de septiembre los intervinientes del caso recibieron una sorpresiva notificación: el juez de Garantía de Rancagua, Ricardo Libretti, decretó el sobreseimiento total y definitivo de la causa, donde Dávalos, Compagnon, Valero, Ross, Valdés y Silva Menares aparecían como querellados. Según se consigna en la resolución, “habiendo transcurrido un término superior a 30 días por la querellante, sin diligencias útiles para dar curso al proceso de su parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 402 del Código Procesal Penal, se decreta el sobreseimiento total y definitivo de la causa”.

Ocho días después de la resolución, la abogada querellante Carolina Contreras solicitó al tribunal que rectificara la resolución, pues argumentó que “esta norma antes indicada (cierre por no solicitar diligencias) se refiere a delitos de acción privada y la causa denominada Caval es un delito de acción pública”. Sin embargo, el tribunal, el 30 de septiembre, se desentendió de la resolución de sobreseimiento, argumentando que “en la presente causa no se registra resolución con fecha 21 de septiembre de 2016”. La explicación no dejó conforme a las defensas, ni de Dávalos, ni de Compagnon, quienes se dirigieron al tribunal el 6 de octubre, a través de sus abogados, para que la resolución que recibieron fuera ejecutoriada.

En el caso del hijo de la Presidenta, sus abogados, Alvaro Morales y Pablo Araya, argumentaron que la resolución sí fue emitida y notificada por el Estado Diario del Tribunal, por lo que solicitaron que se ejecute lo dictado en septiembre. Para fundar su reposición adjuntaron “pantallazos” con la notificación. En el oficio señalan que “resulta sorprendente la certificación mencionada, ya que es completamente contradictoria con lo obrado por el tribunal (..), lo que provoca una indeseada situación de incertidumbre, ya que presuntamente se habría incurrido en un error”. En el caso de Compagnon, su abogado, Antonio Garafulic, argumentó que la causa sí fue sobreseída: “En sistema del Poder Judicial, tal como se acredita con el documento que se acompaña (ver foto inferior), se dio por concluida la tramitación”. En el escrito se agrega que “dado el carácter de sobreseimiento total y definitivo no puede ser dejada sin efecto ni por lo intervinientes ni por el tribunal (…). A esta altura procesal, la resolución que decreta el sobreseimiento definitivo es plenamente válida y debe producir todos sus efectos legales, es decir, cosa juzgada”.

El martes, el tribunal volvió a notificar a los intervinientes. “Habiéndose cumplido ordenada en autos y apareciendo de los antecedentes que por un defecto de diseño de sistema computacional de notificación a los intervinientes un proyecto de resolución antes de que se concluyera su tramitación con firma digital, proveyendo las presentaciones de los apoderados de Sebastián Dávalos Bachelet y Natalia Compagnon Soto, no ha lugar la resolución en que sustentan su pretensión” de mantener el sobreseimiento.

Reacciones

Para el decano de la Facultad de Derecho de la U. Diego Portales, Juan Enrique Vargas, “en el caso de delitos de acción pública no debiera invocarse (el argumento del tribunal para sobreseer el caso), pues es aplicable para ilícitos de acción privada, lo cual aparentemente no es el caso”. En tanto, sobre la rectificación del tribunal, dijo que “depende en el momento que se haga, pero en un principio, sí puede hacerlo”.

Por su parte, otro de los intervinientes, el abogado de Cynthia Ross, Mario Vargas, dijo que están evaluando la posibilidad de dirigirse al tribunal. “La inquietud que queda es cuál es la capacidad de los intervinientes para controlar el sistema informático que utiliza el Poder Judicial. No ponemos en duda la actuación del tribual, pero sí preocupa la forma en que se están resolviendo las incidencias”.

En tanto, la abogada querellante, Carolina Contreras, manifestó que “era evidente que se trataba de un error, en la resolución que nunca tuvo existencia jurídica, pues se trataba de un borrador de resolución sobre la base de un delito de acción privada y no pública como es este caso”.

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