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El Gobierno cree que la denuncia contra el hijo de Bachelet tiene un fin político

EFEEFE 17-02-2015

© IVAN ALVARADO/Newscom/Reuters El Gobierno chileno aseguró hoy que la denuncia de la oposición contra el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, por un negocio inmobiliario de su esposa tiene una finalidad "política y comunicacional".

"En Chile todos deben cumplir la ley, pero estas denuncias que se han presentado tienen un carácter mas bien genérico y dan cuenta de un objetivo comunicacional y político, más que de fundamentos jurídicos", dijo hoy a los periodistas el portavoz del Ejecutivo, Álvaro Elizalde.

La derecha chilena denunció este lunes ante los tribunales de Justicia y el Ministerio Público al hijo de la mandataria por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada tras un polémico negocio inmobiliario realizado por su esposa, Natalia Compagnon.

El portavoz del Gobierno sostuvo que la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los demandantes, "debería hacerse cargo de su propia situación", en alusión al llamado caso Penta.

Se trata de una investigación judicial sobre delitos de corrupción, cohecho y lavado de dinero en la que están implicados políticos de la UDI y los dueños del grupo empresarial Penta.

"Si la UDI se midiera con la misma vara con la cual se mide al Gobierno, prácticamente se quedaría sin dirigentes", agregó Elizalde.

Sebastián Dávalos presentó el viernes pasado su renuncia a la dirección sociocultural de la Presidencia tras la polémica por el millonario préstamo que obtuvo la empresa de su esposa para comprar unos terrenos en la región de O'Higgins.

Natalia Compagnon, que es socia del 50 % de la empresa Caval Limitada, obtuvo el crédito el 16 de diciembre de 2013 -un día después del triunfo de Bachelet en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales- otorgado por el Banco de Chile por unos 10,4 millones de dólares.

La operación se fraguó durante una reunión celebrada en la sede del banco en noviembre de ese año en la que participaron Andrónico Luksic, dueño y vicepresidente de la entidad financiera, y el propio Sebastián Dávalos, por entonces gerente de operaciones de Caval.

El objetivo de los recursos era adquirir unos terrenos rurales que estaban pendientes de ser recalificados para uso urbano y que después fueron vendidos por un precio superior al de su compra en 3.000 millones de pesos (unos 4,8 millones de dólares).

El fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, designado por el Ministerio Público para investigar el caso, afirmó hoy en rueda de prensa que la relación de parentesco entre Dávalos y la presidenta no influirá en las diligencias en el proceso indagatorio.

Además aseguró que la denuncia presentada por la oposición de derecha "no aporta un antecedente distinto de los que ya se conocían públicamente".

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