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La Moneda sondea opción de ley corta para corregir errores en el padrón electoral

La Tercera La Tercera 15-10-2016
© La Tercera

Durante la tarde ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, recibió un llamado telefónico desde La Moneda. El mensaje del gobierno era claro: la situación del padrón electoral con la modificación del domicilio electoral de casi medio millón de personas, presuntamente sin su consentimiento, se había agravado y había que tomar medidas drásticas a nueve días de la elección municipal del próximo domingo 23 de octubre. Con el paso de las horas los casos de personas inscritas lejos de sus domicilios comenzaron a hacerse públicos y ayer un sondeo de latercera.com reveló que hay al menos 10 parlamentarios que se vieron afectados por la situación.

Justo ayer el Servicio Electoral (Servel) y el Registro Civil escalaron al punto máximo sus diferencias, luego que el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, decidiera enviar los antecedentes al Ministerio Público.

En este escenario, el gobierno decidió pasar a la ofensiva y comenzó a sondear ayer la voluntad política de todos los partidos, para legislar durante la próxima semana sobre una ley corta que solucione el tema, pese a que se trataba de la semana distrital.

Fue ahí donde Andrade reiteró al gobierno, según las fuentes consultadas, su disposición para citar a la Cámara a sesión de la sala para el próximo lunes, a primera hora si es posible. El tema será discutido hoy por los ministros del Comité político de La Moneda, quienes fueron convocados de urgencia en Palacio con el consejo directivo del Servel para buscar una solución.

Al cierre de esta edición, trascendió que La Moneda barajaba la opción de una ley corta que permitiera habilitar una “tercera urna” en cada mesa, con la idea de que quienes se vieron afectados por el cambio, emitan su sufragio en su lugar correspondiente.

“Hemos tomado contacto con el consejo del Servel para pedirles una propuesta que nos permita dar una solución efectiva a los ciudadanos que puedan verse afectados por un eventual registro erróneo de su domicilio electoral”, comentó ayer en la tarde el ministro Marcelo Díaz.

“Nos interesa resolver ahora aquellos asuntos que permitan que el proceso electoral del próximo 23 de octubre se desarrolle con total normalidad”, agregó. De llegar a una fórmula, tanto la Cámara como el Senado deberán legislar de manera express, pues la iniciativa también deberá sortear el cedazo del Tribunal Constitucional.

Duro enfrentamiento

El presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, convocó a una rueda de prensa donde, en duros términos, deslindó en el Registro Civil la responsabilidad del cambio inconsulto en el padrón con que se llevarán a cabo las elecciones municipales. “No obstante la claridad de la ley y contrariándola, el Registro Civil implementó un procedimiento computacional que producía los cambios automáticamente a todos los electores que realizaban algún trámite en dicho servicio”, acusó.

Además, desmintió las cifras entregadas en la víspera por el director del Registro Civil, Luis Acevedo, las que minimizaban el daño al determinar que sólo un 4% de los traslados de domicilio (es decir, unas 17 mil personas) se habrían materializado entre comunas distintas.

“El Servel persiste y ratifica la veracidad de nuestras cifras y que 485.008 electores fueron cambiados de comuna a partir de información proporcionada por el Registro Civil”, afirmó Santamaría.

El presidente del Servel incluso fue más allá y aseguró que el Registro Civil fue alertado por ellos de la situación y que, “a pesar de ello, persistió en mantener el error ya a sabiendas de su existencia”.

“Los antecedentes demuestran que el Registro Civil equivocó gravemente la aplicación de la ley y que, advertido de estos errores por el Servel, siguió actuando del mismo modo sin enmendar”, dijo Santamaría.

En este sentido, informó que “en resguardo de los derechos de los electores, por transparencia y para cuidar el prestigio del Servel”, le entregarán todos los antecedentes a la fiscalía.

“Será el Ministerio Público el que determine si hay responsabilidades y qué tipo de responsabilidades”, enfatizó.

Santamaría también dijo que gracias a la campaña del Servel en que se convocó a la ciudadanía a revisar sus datos electorales, más las reclamaciones de algunas personas afectadas a los tribunales electorales, se pudieron hacer correcciones para bajar a 467.273 el número de cambios de domicilio.

Agregó que la única manera de verificar si esos 467.273 cambios de domicilio fueron o no solicitados expresamente por los electores, lo que habría posibilitado reversar aquellos no consentidos, era revisando las declaraciones juradas que el Registro Civil debía tomar y que “hasta el día de hoy no ha entregado”.

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