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La preocupación por el delito en América Latina creció 360% en 20 años

logotipo de Infobae Infobae 11-10-2015
© AP Images

La preocupación por el delito en América Latina creció 360% en 20 años

Cuando se le pregunta a los latinoamericanos cuál es su mayor preocupación, uno de cada cuatro responde "la delincuencia". A eso se podría sumar un 3% que dice "violencia y pandillas", algo intrínsecamente relacionado.

El segundo problema que concita mayor atención en la región está bastante lejos. Según el Informe 1995 - 2015 de Latinobarómetro, es el desempleo, con 16 por ciento. Todo lo demás está mucho más rezagado: economía (8%), corrupción (7%), problemas políticos, y otros que no superan el 4 por ciento.

Para el 63% de los consultados por el estudio, sus países son cada día más inseguros. Es el porcentaje más alto desde 2007, luego de años en los que se ubicó entre 55 y 58 por ciento.

Pero la preocupación por el delito no es igual en todos lados. En Venezuela, el 84% de la población considera que en 2015 creció la delincuencia. Muy cerca está El Salvador, con 83 por ciento. Luego vienen Brasil (77%), Guatemala (72%), Argentina (71%), Perú (71%) y México (70%).

En cambio, apenas el 28% de los nicaragüenses cree que su país está más inseguro que antes. Después, sólo en Ecuador menos de la mitad de la población percibió un incremento. Divididos casi en partes iguales están Bolivia (52%), Colombia (53%) y Chile (55%).

El delito no fue siempre un tema tan central para los latinoamericanos. En 1995 sólo el 5% creía que era el problema más importante. Entre 1996 y 2005 osciló en niveles apenas superiores, entre 7 y 9 por ciento. Fue recién a partir de 2006 que dio un salto y no detuvo su crecimiento, hasta alcanzar el pico en estas dos décadas: 28%, en 2011.

En los últimos cuatro años hubo un leve descenso, hasta el 23% de la actualidad. De todos modos, si se compara 1995 con 2015, el incremento fue del 360%, casi cuatro veces.

Entre la percepción y la realidad

Algunos políticos buscan mitigar los reclamos ciudadanos por más seguridad, y deslindar su responsabilidad sobre el problema, diciendo que la delincuencia no es tan grande como parece, y que si la gente le da tanta importancia es porque los medios de comunicación le llenan la cabeza.

No es fácil calcular con exactitud los niveles de criminalidad que hay en una sociedad, ya que es una variable multidimensional. Cuando se quiere, se puede medir con cierta precisión el número de homicidios, pero no ocurre lo mismo con los robos, porque muchos de ellos no se denuncian a las autoridades, precisamente por la desconfianza que hay sobre su capacidad.

"El instrumento estadístico con el que contamos para encontrar cuál es la magnitud del delito real son las encuestas de victimización. En México, una cuarta parte de la población dice que fue víctima de delito, pero el 93% no lo denuncia, y del 7% que sí, menos del 1% termina en un castigo del culpable. Es terrible. Hay una gran desconfianza en la autoridad. Cuando las poblaciones sienten que viven en un estado con esos niveles de impunidad se regenera la violencia, porque los delincuentes saben que no van a ser castigados, y eso los incentiva a seguir delinquiendo", explicó Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en seguridad de la Universidad de las Américas Puebla, y coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, consultado por Infobae.

¿Qué pasó en el resto de América Latina en estos 20 años? Según Latinobarómetro, que pregunta a los encuestados si ellos o algún pariente sufrieron algún delito, éste aumentó, pero en una magnitud menor a la preocupación: un 51 por ciento. En el medio hubo muchos altibajos.

"Hay una estrecha y robusta correlación entre inseguridad y victimización por crimen. Eso se observa con más fuerza en países centroamericanos. No obstante, en otros, la relación es más débil. Es decir, la inseguridad aumenta, pero no se corresponde con un aumento de los delitos que afectan a las personas. Así, por ejemplo, en Chile, la victimización ha bajado, pero el porcentaje de personas que declaran estar preocupadas y/o sentirse inseguras o vulnerables se ha mantenido, e incluso ha aumentado en algunas zonas o ciudades", dijo el antropólogo Patricio Tudela, máster en gestión de la seguridad y director del Área de Análisis y Estudios de Fundación Paz Ciudadana, Chile, en diálogo con Infobae.

"En la inseguridad hay otras variables perceptuales que son importantes, como el testimonio o los hechos que afectan a terceras personas y que pasan a ser parte de la agenda cotidiana. Eso alimenta la creencia de que la criminalidad ha crecido. Sin duda, también los medios de comunicación juegan un rol importante, porque ellos instalan la noticia y la mantienen. Podemos agregar también cuando un líder de opinión aprovecha la situación para cuestionar la actuación de las autoridades oficiales", agregó.

De todos modos, uno de los datos más interesante de la encuesta de Latinobarómetro es que siempre fue mayor la proporción de personas que dijo haber sido víctima de un delito que la de quienes lo mencionaron como el principal problema. En 1995, cuando el 29% reconocía haber sufrido algún hecho de inseguridad, sólo el 5% la destacaba como su primera preocupación. En 2015, cuando llegaron a 44% los que padecieron el delito -el máximo histórico-, los que ubicaron a este tema por sobre los demás no superaron el 23 por ciento. Esto relativizaría entonces el discurso político que afirma que los ciudadanos exageran el problema, influenciados por los medios.

"En América Latina -dijo Tudela- el crimen, medido a través de encuestas de victimización y los registros policiales, tuvo un crecimiento muy significativo, especialmente entre los años 2012 y 2014. La seguridad pública y ciudadana es un tema de gestión político-técnico. Si la ciudadanía no observa un accionar eficaz, entonces el problema se incrementa. Se trata de un reto ineludible que puede llegar a poner en riesgo la estabilidad del sistema democrático, porque las personas están expresando desconfianza y valoran mal la actuación de las policías y del sistema de justicia".

Problemas en la gestión de la seguridad

"América Latina ha hecho poco para reducir los márgenes de desigualdad -dijo Rodríguez. La pobreza no genera inseguridad, pero sí los niveles tan altos de desigualdad que hay en las zonas metropolitanas que han crecido en los últimos años. También han fracasado las políticas públicas de prevención del delito y de la violencia. Las instituciones de seguridad y justicia de la región no se han profesionalizado, ni se han adecuado a los aumentos de las tensiones sociales".

"Es algo que va de la mano de las debilidades institucionales de los gobiernos en la región. Hay cosas muy frustrantes, como la poca coordinación que hay entre las autoridades federales y las locales, que es muy importante. La fragmentación y la fragilidad de las autoridades políticas ha afectado la capacidad de los gobiernos para combatir la delincuencia. Y hay otro factor que es la cultura de la violencia, la idolatría que hay por los grandes delincuentes y sus formas de vida espectaculares y efímeras", agregó.

Tudela enumeró una serie de problemas estructurales en la gestión de la seguridad, que se repiten en la mayor parte de la región. Por ejemplo, las altas tasas de reincidencia y la escasa inversión pública en reinserción social de jóvenes infractores; la ineficacia de las policías y la casi nula innovación en sus estrategias de trabajo; las políticas y planes improvisados; y lo que denominó "populismo penal", doctrina que plantea que mientras más altas sean las penas, mayor es el desincentivo a cometer delitos, algo que no tiene sustento fáctico.

"Una premisa fundamental -explicó el antropólogo chileno- es actuar a partir de directrices, estrategias e intervenciones basadas en evidencia científica y comprobable de que haya resultados positivos o prometedores. La probabilidad de éxito depende, en definitiva, de asumir con pragmatismo que no se trata de recetas mágicas cortoplacistas y que no es un tarea de la policía y de la justicia solamente".

"Es muy importante persuadir a muchos actores que se deben abordar las causas del problema con políticas sociales integradoras, que el Estado debe invertir en prevención más que en control y sanción, que debe haber proactividad y no sólo reacción, que se necesita trabajar en distintas facetas, niveles y modalidades. Esto no es posible si no precede un buen diagnóstico del problema de la criminalidad en la región", concluyó.

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