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Proyecto que establece penas de cárcel para casos de colusión se verá en marzo

La Tercera La Tercera 25-01-2016

© La Tercera Pese a que una de las prioridades legislativas del gobierno era aprobar en enero el proyecto que fortalece el sistema de defensa de la libre competencia y que establece penas de cárcel para los casos de colusión, la iniciativa finalmente tendrá que ser votada en marzo.

Ello luego que los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento no alcanzaran acuerdo respecto de si la acción penal se pueda iniciar durante el proceso o una vez que éste sea fallado por el Tribunal de Defensa de La Libre Competencia. Los parlamentarios decidieron postergar la discusión del proyecto para la primera semana de marzo.

La semana pasada la Comisión de Economía del Senado había despachado la iniciativa a la Comisión de Constitución, para luego ser votada por la Sala.

La Comisión de Economía había una indicación que permite que el litigio de carácter penal solo se inicie una vez terminado el de defensa de la libre competencia.

En cuanto a la delación compensada, se respaldó en esa instancia que el primer delator sea eximido de la pena de cárcel. Respecto del segundo, se aprobó reducir la pena en un grado. Con todo, siempre el segundo y el resto de los coludidos deberá pasar a lo menos un año en la cárcel.

En el ámbito de las sanciones penales, la iniciativa contempla penas de cárcel de entre 5 años y un día y 10 años para los infractores. Asimismo, se establece que los involucrados no podrán acceder durante un año a beneficios alternativos al cumplimiento de penas. Esta regla es similar a la aprobada en la Ley Emilia y busca que los responsables cumplan efectivamente la sanción aflictiva durante dicho periodo.

Del mismo modo, en el ámbito civil, se establece que las empresas involucradas las deberán pagar multas por un monto que ascenderá al doble del beneficio obtenido por la colusión -análisis que estará a cargo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)- o en caso de que no se pueda calcular, el 30% de las ventas brutas del periodo de tiempo en que se concretó el ilícito.

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