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El Gobierno francés asume el cierre de Aulnay (PSA), pero con menos despidos

EFE EFE 04/07/2014 EFE

París, 5 feb (EFE).- El Gobierno francés considera que el cierre de la planta de PSA en Aulnay, en las afueras de París, es ahora inevitable, pero insta al grupo automovilístico francés a reducir las supresiones de puestos de trabajo previstas y a que ninguno de los empleados acabe en las oficinas de empleo.

"Hemos pedido un re-formateo del plan" de reestructuración de PSA, que contempla la eliminación de 8.000 empleos de PSA Peugeot Citroen en Francia, señaló hoy el ministro de la Reconstrucción Productiva, Arnaud Montebourg, en una entrevista con la emisora de radio "RTL".

Se trata de limitar los despidos y que "nadie en Aulnay ni en Rennes", otra planta del grupo, tenga que ir a las oficinas del desempleo, indicó Montebourg.

Preguntado sobre si es imprescindible el cierre de la factoría de Aulnay, donde actualmente se ensambla el C3 de Citroen, comentó que "PSA tardó demasiado (en reaccionar), disimuló (su situación) y la consecuencia es que ahora hay que tomar medidas de reestructuración".

"No hemos encontrado otras soluciones" alternativas al fin definitivo de la actividad en esa fábrica, admitió.

El ministro contrapuso la actitud de PSA con la de Renault, en la que el Estado francés es accionista: "no hay trabajadores de Renault que estén inquietos por perder su trabajo", y eso a pesar de que sus ventas en Europa cayeron fuertemente en 2012.

Precisó que su Gobierno había puesto como condiciones a Renault que no hubiera cierres de plantas ni despidos, y que también la demanda de "relocalizaciones" de actividad en Francia.

"Se trata -puntualizó- de que Renault, que en cierta medida ha abandonado Francia, vuelva a Francia".

Montebourg se mostró confiado sobre ese punto a la vista de las inversiones de 1.000 millones de euros programadas en Francia por el grupo del rombo, y a los trabajadores, que negocian con la dirección un acuerdo de mejora de la competitividad, les animó a solicitar contrapartidas.

"Los interlocutores sociales deben negociar contrapartidas", afirmó tras haber recordado la congelación salarial prevista este año o las medidas de flexibilidad y de movilidad. EFE

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