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La Corte Constitucional tumbó el impuesto solidario

logotipo de El Espectador El Espectador 06/08/2020 Redacción Judicial

La decisión se tomó por 5 votos contra 4. El alto tribunal consideró que dicho impuesto era contrario a la Constitución.

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Con una votación 5-4, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el llamado impuesto solidario, que fue creado por el Gobierno para obtener recursos para atender la pandemia del COVID-19 y que era foco de críticas por parte de los trabajadores de la Rama Judicial y sus pensionados por sus efectos sobre los salarios que están recibiendo en el mes.

Se trata del Decreto 568 de 2020 que establecía que los trabajadores del sector público que ganen entre $10 y $12,5 millones deberán aportar el 15% de su salario. El porcentaje sube a 16 si se gana entre $12.5 y 15 millones y a 15 si el salario va entre los $15 y los 20 millones. El impuesto aplica igualmente para los exfuncionarios que reciben una pensión superior a los $10 millones y estaba contemplado inicialmente para los salarios de mayo, junio y julio.

La decisión se tomó por ponencia de las magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado y Cristina Pardo Schlesinger en Sala Plena virtual, luego que se derrotara la ponencia del magistrado Carlos Bernal, quien pedía declarar constitucional el decreto. En la sesión igualmente se rechazaron los impedimentos que presentaron los magistrados Carlos Bernal, Alejandro Linares y José Fernando Reyes, quienes tienen familiares que, por ser servidores públicos, son objeto del impuesto.

La decisión de la Corte es retroactiva. Según el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Alberto Rojas, “los dineros que se han pagado por los sujetos pasivo del tributo se entenderán como anticipo del impuesto de renta para la vigencia 2020, pagaderos en el 2021″. En este caso, la Procuraduría le había solicitado a la Corte Constitucional avalar el decreto al considerar que la medida era idónea para enfrentar la pandemia.

El Ministerio Público aseguraba que aunque la medida representa una importante reducción a los ingresos de los trabajadores públicos, la “restricción no es excesiva y no afecta el núcleo esencial de los derechos al salario de los empleados públicos, al pago de honorarios de los contratistas del Estado y al pago de las pensiones ya que se trata de un descuento de carácter temporal, cuyo porcentaje no afecta el mínimo vital”.

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