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Los retos económicos y sociales del cuatrienio

logotipo de Semana Semana 08/08/2018 Ana María Ibáñez*
Retos de Duque en economía © Alejandro Acosta/SEMANA Retos de Duque en economía

Colombia avanza. Desde la recesión de 1999, la economía colombiana ha tenido un crecimiento económico sostenido y navegó con éxito la caída en los precios del petróleo al hacer un ajuste ordenado. Entre 1999 y 2017, el PIB en dólares y a precios constantes se duplicó, lo cual incrementó el PIB per cápita de 4.629 dólares en 1999 a 7.600 dólares en 2017.

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Este crecimiento ha traído progresos importantes en las condiciones sociales de la población colombiana. La incidencia de la pobreza monetaria en 2002 era 49,7 por ciento, es decir, de cada dos colombianos uno era pobre, mientras que en 2017 dicha cifra descendió a 26,9 por ciento con casi uno de cada cuatro colombianos siendo pobre. Esto estuvo acompañado de una consolidación de la clase media, que pasó de 16,2 por ciento en 2002 a 30,6 por ciento en 2016, y una leve reducción en la desigualdad del ingreso, con una caída del coeficiente de Gini de 0,572 a 0,517 en el mismo periodo.

Entender qué contribuyó al mayor dinamismo económico resulta fundamental para identificar los retos económicos del nuevo gobierno. Las dos administraciones anteriores, Santos y Uribe, se jactan de haber puesto en marcha políticas fundamentales para promover el crecimiento, pero la realidad es más compleja. Unas condiciones internacionales extremadamente favorables, que nada tenían que ver con sus acciones, explican una gran parte de este crecimiento económico. El precio del petróleo rozó en momentos los 100 dólares el barril, el flujo de capitales a países emergentes se profundizó y nuestros socios comerciales también pasaron buenos momentos. El gobierno de Colombia hizo parcialmente la tarea. Adoptó una política macroeconómica responsable y se disciplinó con la regla fiscal. Sin embargo, dilapidó en buena medida la bonanza petrolera y no realizó inversiones que redundaran en una mayor productividad. La infraestructura del país, pese a los avances de los últimos años, está rezagada, las inversiones en educación fueron insuficientes y la productividad de nuestra economía no avanzó en estos 16 años.

El gobierno del presidente Duque recibe una economía sin el flujo de recursos que permitió a los gobiernos anteriores mostrar avances importantes, algunos de los cuales pueden ser muy frágiles. La economía colombiana actual cuenta con menos recursos petroleros, enfrenta unas condiciones internacionales bastante menos favorables, debe cumplir unas metas fiscales exigentes y tiene ingentes necesidades de inversión. Las prácticamente nulas ganancias en productividad y unos mercados laborales con cifras de desempleo, que algunos semestres sobrepasan los dos dígitos, apuntan a que la economía es aún frágil. Ahora que las condiciones internacionales no esconden las débiles ejecutorias de los gobiernos anteriores, el gobierno del presidente Duque deberá tomar decisiones difíciles con el fin de realizar buenas políticas públicas que promuevan un crecimiento sostenible y real.

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El gobierno estará abocado a hacer dos reformas inaplazables para preservar la estabilidad macroeconómica del país. Deberá primero hacer una reforma tributaria con el fin de cumplir las metas fiscales y generar suficientes recursos para la inversión. Esta deberá ir acompañada de una reforma pensional que asegure la viabilidad del sistema en el mediano y largo plazo. Ambas reformas son necesarias y su impacto se concentrará seguramente sobre la clase media del país.

También debe hacer reformas microeconómicas que eliminen los obstáculos para un crecimiento económico más dinámico. En primer lugar, deberá impulsar una agenda enfocada en aumentar la productividad y competitividad de la economía. No logrará el aumento en la productividad con prebendas, exenciones tributarias ni protecciones arancelarias asignadas a dedo. Se requiere invertir en infraestructura, reducir los costos de energía y logística, simplificar el sistema tributario, racionalizar las regulaciones para evitar unos altos costos de operación y aumentar la inversión en ciencia y tecnología. Debe acompañar esto con un fortalecimiento de la presencia del Estado en el territorio y de su capacidad. Dos ejemplos: la Dian se debe tecnificar y las entidades del sector agropecuario se deben profesionalizar y despolitizar.

Dinamizar y formalizar el mercado laboral es otro punto crucial. El crecimiento económico y la mejoría progresiva de los mercados laborales fueron el principal factor para reducir la pobreza en las últimas décadas. Si bien la inversión social contribuyó, tuvo un impacto menor. Sin embargo, persisten muchos problemas en el mercado laboral colombiano: las tasas de desempleo son muy altas y, aunque la eliminación de algunos parafiscales redujo la informalidad, esta continúa alta. Hoy uno de cada dos empleados trabaja en la informalidad. La productividad laboral es también baja debido a los deficientes niveles educativos de la fuerza laboral. Es fundamental eliminar los costos innecesarios de contratar trabajadores formales, como los parafiscales remanentes, eliminar incentivos para la informalidad y mejorar la educación de los trabajadores con el fin de equiparar la productividad laboral con el salario mínimo.

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Un mayor crecimiento económico debe ir acompañado de una política social efectiva para continuar mejorando las condiciones económicas de los colombianos y reducir la desigualdad. Si bien el país ha progresado, nuestro PIB per cápita está muy por debajo de otros países de la región como Argentina (10.398 dólares), Brasil (10.889 dólares) o Costa Rica (9.792 dólares), por mencionar algunos. La desigualdad de Colombia, medida como el coeficiente de Gini, es también una de las más altas en América Latina y el mundo. En educación, los avances en cobertura de formación básica y media se deben acompañar con una mejor calidad y un mayor acceso a la superior.

En salud, aunque su cubrimiento es casi universal y la prevención en salud mejoró, persisten los temas de acceso efectivo y calidad de prestación del servicio. Se debe eliminar la distribución de subsidios en el sector rural con criterios meramente clientelistas y transitar a una política de desarrollo rural que privilegie la provisión de bienes públicos y proteja los derechos de propiedad de la tierra, entre muchos otros. Por último, la implementación del acuerdo de paz será fundamental para incorporar muchas áreas del país a los circuitos de mercado, consolidar la presencia del Estado en estos territorios y dar oportunidades a sus pobladores para que no dependan de las economías ilegales.

El reto para el nuevo gobierno no será fácil. Deberá tomar decisiones que afectarán grupos de interés que lo apoyan y políticos regionales que se han beneficiado parcialmente de los mayores recursos fiscales transitorios. Estas decisiones serán fundamentales para que Colombia siga avanzando.

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*Profesora titular de la Facultad de Economía en la Universidad de los Andes.

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