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Corte Suprema le da la estocada a Iván Moreno

logotipo de Semana Semana 13/12/2014
Iván Moreno y su hermano Samuel, exalcalde de Bogotá, son los protagonistas del 'carrusel'.  Foto: Archivo SEMANA © Semana Iván Moreno y su hermano Samuel, exalcalde de Bogotá, son los protagonistas del 'carrusel'. Foto: Archivo SEMANA

Pese a que había anunciado que acudiría a instancias internacionales, tras la condena a 14 años de prisión proferida en su contra por la Corte Suprema de Justicia, el exsenador Iván Moreno Rojas aún guardaba dos ‘ases’ bajo su manga con los que buscó, infructuosamente, ‘tumbar’ la decisión.

La estrategia jurídica del excongresista, considerado el cerebro detrás del llamado ‘carrusel de contratos’ de Bogotá, se terminó de derrumbar cuando la Sala Penal del alto tribunal negó dos recursos: la impugnación de la condena, al considerar que no se valoraron adecuadamente las pruebas, y una aclaración acerca del procedimiento de la Corte para analizar a los testigos.

Con ponencia del magistrado Fernando Castro Caballero, se negaron ambas solicitudes y se indicó que “bajo el ropaje de una solicitud de aclaración, Moreno quiere que le respondan sus inconformidades, mas no que se aclaren aspectos confusos o incoherentes que hagan incomprensibles la decisión”.

“La Corte demostró la responsabilidad dolosa del acusado, cosa diferente es que él no los comparta”, añadió el fallo.

Con la providencia queda en pie la condena a Moreno, tasada 14 años de cárcel, por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos y concusión.

Los dos primeros fueron por contratos de malla vial. La concusión fue por exigirle al entonces grupo Nule la entrega de dos zonas aledañas a la vía de la concesión Bogotá-Girardot, para que su esposa montara sendas gasolineras. Según la providencia, Moreno amenazó con que, si no lo hacían, él mismo se encargaría de acabar sus relaciones con el Distrito.

El exsenador deberá pagar 275 salarios mínimos de multa y quedó inhabilitado por 11 años y medio para ejercer funciones públicas.

La sentencia argumenta que “la investidura del senador de la República fue el factor decisivo para que el procesado interfiriera en otros servidores públicos” y agrega que el acusado “tenía especial preponderancia sobre las entidades del Distrito Capital, entre ellas el IDU, donde según algunos testimonios allegados, ejercía fuerte poder burocrático”.

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