Estás usando una versión más antigua del explorador. Usa una versión compatible para obtener la mejor experiencia en MSN.

De dónde va a salir la plata de la paz

logotipo de Semana Semana 01/08/2016
© Semana

A las puertas de la firma de un acuerdo que pondrá fin al conflicto armado con las Farc, gobierno y expertos están corriendo bases para establecer los verdaderos beneficios y costos de la paz, en medio de un panorama fiscal muy complejo. 

Lo cierto es que, hasta el momento, hay mayor consenso en torno a que poner fin a más de 50 años de violencia tendrá un impacto positivo para la economía. Un estudio de Planeación Nacional calcula entre 1,1 y 1,9 por ciento anual el mayor crecimiento económico. Hizo la estimación con base en el estudio de 36 países que al terminar sus conflictos armados vieron que la inversión extranjera se triplicó, creció en 2,5 por ciento el consumo de los hogares, y mejoraron los desempeños en la industria, el agro y la construcción –esta última a tasas superiores al 6 por ciento–.

Fedesarrollo dice por su parte que la paz traerá enormes beneficios sociales y humanos, en la medida en que se reduzca la victimización y mejore la calidad de vida de la gente afectada por la violencia. Además, se podrían reducir los gastos en seguridad y defensa –uno de los mayores de América Latina con cerca del 3,5 por ciento del PIB– y esos recursos podrían ir a actividades más productivas.

Pero si bien sobre los dividendos de la paz hay más coincidencias, en torno a los costos del acuerdo y del posconflicto, que todavía no están tan claros, las divergencias son mayores. Hace unas semanas la Andi y Proantioquia le plantearon al gobierno 15 inquietudes sobre asuntos claves que tendrán un gran impacto fiscal. Entre ellos están la entrega y restitución de tierras, la eliminación de cultivos ilícitos y los costos de los acuerdos de La Habana.

En el documento ‘Construir una paz sostenible’, que contó con el acompañamiento de la Universidad Eafit, esas entidades afirman que los temas pendientes podrían implicar alcances tan grandes y demandar recursos tan cuantiosos que podrían hacer inviables los acuerdos. Para Rafael Aubad, presidente de Proantioquia, es necesario poner límites a las aspiraciones –que a comienzos de la negociación fueron desmedidas–, porque las circunstancias económicas y fiscales han cambiado radicalmente en los últimos años.

De un crecimiento económico del 4,3 por ciento en 2013 se pasó a una desaceleración. Para este año se espera una variación del PIB entre 2,5 y 2,7 por ciento. Además, las finanzas públicas están afectadas por la caída de los precios de los combustibles. Para este año el gobierno dejará de recibir 23 billones de pesos de rentas petroleras.

Esta es una de las causas que explican que el descuadre en las finanzas públicas siga en aumento, lo que ha hecho encender las alarmas de algunas calificadoras internacionales que rebajaron de estable a negativa la perspectiva de la deuda colombiana, que ya representa el 42 por ciento del PIB.

De ahí la preocupación de analistas y empresarios sobre los nuevos aportes que tendrán que hacer los colombianos para materializar los acuerdos, un debate que hasta ahora comienza y que se calentará cuando el gobierno radique en el Congreso la reforma tributaria, que pisará muchos callos. A esta iniciativa se sumará la discusión del proyecto de presupuesto general de la Nación radicado el viernes por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que contempla un drástico apretón en los gastos, incluyendo los de inversión.

Por eso los empresarios insisten en saber de dónde saldrá la plata para el posconflicto, cómo impactarán las finanzas públicas y qué nuevos esfuerzos tendrán que hacer. Sus mayores dudas son las siguientes:

1. Entrega de tierras

La Andi y Proantioquia consideran que no hay suficiente claridad en el Desarrollo Rural Integral, el primer punto que se acordó en La Habana. Señalan que hay muchas dudas con el Fondo de Tierras. No se sabe cuántas hectáreas se entregarán a los campesinos que no la tienen, en qué regiones, cuántas familias se van a beneficiar y cómo será el sistema de información catastral, clave para formalizar los títulos, para determinar los terrenos baldíos y para saber en manos de quiénes están.

Hasta el momento no hay una cuantificación oficial de las hectáreas para entregar. Aunque en un comienzo de las negociaciones las Farc mencionaron que podrían ser 20 millones, esta cifra está fuera de la realidad si se tiene en cuenta que el territorio colombiano está conformado por 114 millones de hectáreas de tierra, de las cuales solo 6,3 millones se destinan hoy a la producción agrícola.

Rafael Aubad, de Proantioquia, dice que este debate se debe centrar en la demanda efectiva de los campesinos y las necesidades del desarrollo agropecuario del país. Bajo esos criterios el gobierno estaría pensando en entregar alrededor de 700.000 hectáreas a 100.000 beneficiarios.

“Si estamos hablando de un desarrollo rural integral, la tierra es apenas un elemento, los demás son la asistencia técnica, el riego, el acceso al crédito, la infraestructura”, sostiene Aubad, quien considera que hay que saber focalizar los escasos recursos. Regiones como el norte de Urabá, el sur de Bolívar, el occidente de Córdoba, y departamentos como Chocó, Guainía, La Guajira y Nariño deben entrar en las prioridades cuando se habla de una reforma rural integral, según Proantioquia.

Sin embargo, para que la entrega de tierras sea un proceso expedito es indispensable actualizar el catastro. Para Jorge Giraldo, de Eafit, el sistema catastral del país es muy deficiente porque no permite definir dónde están las tierras baldías, o las posesiones informales de los campesinos. Según Planeación Nacional, en la actualidad el 28 por ciento del territorio nacional no cuenta con formación catastral y el 64 por ciento de los municipios (722) solo tienen catastros desactualizados.

Para solucionar estos problemas el gobierno elaboró un documento Conpes en el que propone una política para poner en marcha un catastro moderno y confiable. Sugiere un plan de acción a ocho años para conformar una nueva cartografía y resolver los problemas de la propiedad, especialmente en las zonas rurales. Este catastro multipropósito cuesta 2,6 billones de pesos, de los cuales el Banco Mundial financiaría una parte.

2. Cultivos ilícitos

Otro de los temas que preocupan a los empresarios es la sustitución de cultivos ilícitos. Desde que comenzaron los diálogos de La Habana a la fecha, ese aspecto se ha complicado. Hace unos años había 43.000 hectáreas sembradas con matas de coca y hoy alcanzan 96.000 hectáreas según un informe de las Naciones Unidas. Los departamentos más afectados son Nariño, Cauca, Putumayo, Guaviare y Norte de Santander – allí se concentra el 81 por ciento de la producción–. Se estima que cerca de 70.000 familias están vinculadas con estos cultivos.

Esto significa que los esfuerzos y los recursos para erradicar estas hectáreas se duplicaron. Para Bruce Mac Master, presidente de la Andi, ante este problema se necesita un compromiso firme de las Farc para suspender los cultivos ilegales, y del gobierno para intensificar la lucha contra el narcotráfico. “Yo sería partidario de un proceso más efectivo en materia de fumigación de hectáreas sembradas con matas de coca”, dice.

Los empresarios paisas consideran que sustituir cultivo por cultivo o campesino por campesino es imposible. Algunas estimaciones hablan de que esta política demandaría recursos superiores a los 6 billones de pesos. Por eso, proponen recuperar grandes extensiones donde se puedan hacer proyectos agropecuarios o forestales de largo plazo o que los campesinos sean socios de empresas agroindustriales.

Alejandro Reyes, exasesor del gobierno en los diálogos de paz para el tema rural, coincide en que la sustitución de cultivos es una política fracasada porque desconoce la geografía del país y la falta de infraestructura de muchas regiones. Plantea como alternativa darles tierra a los cultivadores dentro de la frontera agraria, es decir, en terrenos productivos como el Ariari y Guaviare, que pueden recibir una mayor población campesina.

El gobierno está considerando muy en serio estas propuestas. Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, dice que la estrategia no es solo “arrancar matas de coca”, sino impulsar el desarrollo de las regiones afectadas. Pero también afirma que es importante continuar la lucha contra las redes de narcotraficantes a través de la destrucción de los laboratorios.

3. Los costos del posconflicto

Con la proximidad de la firma del acuerdo final con las Farc, técnicos y expertos trabajan a marchas forzadas para definir los alcances económicos de los acuerdos y su financiación. El DNP y el Ministerio de Hacienda tienen el trabajo de ponerle cifras a la paz y de mirar cómo se van a financiar los gastos millonarios que se avecinan.

El estudio del DNP estableció que cuando se termina un conflicto, los gobiernos aumentan los gastos hasta en un 4 por ciento del producto interno bruto (PIB). Aunque oficialmente el Ejecutivo no ha señalado cuanto valdrán las inversiones en el posconflicto, diversos analistas se han lanzado con cifras que van desde 90 billones de pesos en diez años hasta 190 billones en 15 años, dependiendo de qué tan ambiciosos sean los programas.

Sin embargo, Fedesarrollo considera que estos estimativos pueden estar sobredimensionados porque se incluyen rubros en los cuales el país debe incurrir, independientemente de la firma del acuerdo de paz. Ese es el caso de los gastos de desmovilización, reinserción y reparación de víctimas, que se deben clasificar como parte de los costos de la guerra. Los otros gastos, como infraestructura y servicios públicos en zonas abandonadas por el Estado, deben entenderse como un plan de inversiones a ejecutar, con o sin paz.

El exministro de Hacienda Rudolf Hommes considera que la paz es un tema de gran trascendencia política y económica para el país y que no es momento para mezquindades. “No podemos matar el tigre y asustarnos con el cuero”, sostiene Hommes, quien considera necesario que el gobierno y el Banco de la República se coordinen para evitar camisas de fuerza como la regla fiscal, que impida financiar el posconflicto. Plantea que en situaciones excepcionales como la actual, el país puede soportar un endeudamiento adicional, combinado con mayores impuestos. “La paz tiene costos y hay que afrontarlos pero con realismo y responsabilidad”, afirma.

Como se ve, el debate sobre las cuentas de la paz apenas comienza y será más intenso de lo que muchos piensan. Pero lo que casi nadie duda es que, si los colombianos quieren gozar de las mieles de la paz, tendrán que meterse la mano al bolsillo.

Más en MSN:

Colombia se va a poner mucho más de moda con la paz, dice el presidente Santos

Críticas al proceso de paz con las FARC

Más de Semana

image beaconimage beaconimage beacon