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Montealegre, el nuevo abanderado de los LGBTI

logotipo de Semana Semana 14/08/2015

© SEMANA Un plan para proteger a toda la comunidad LGBTI lanzó el fiscal general Luis Eduardo Montealegre, para ello interpuso una demanda ante la Corte Constitucional en contra del Código Penal.

Para el jefe del ente investigador Eduardo Montealegre existe una falencia en este mecanismo jurídico ya que no trae la categoría de identidad de género qué se refiere a un fenómeno distinto de la orientación sexual.

"Presenté una demanda para que la Corte Constitucional extienda la protección a personas que son víctimas en razón de su identidad de género, es decir, que queremos que se aumente la protección a los transexuales, travestis, transformistas, ya que la Fiscalía considera que existe un déficit de protección, que es un acto discriminatorio del código penal que no se haya incluido esta categoría”, señaló el jefe del ente investigador.

El fiscal general aseveró que “el Código Penal no trae como circunstancia de agravación punitiva otro fenómeno relacionado, pero muy diverso, como es el tema de la identidad de género, en tema de Derechos Humanos existe una diferencia entre los móviles centrados entre la identidad de género y la orientación sexual”.

En efecto, la identidad de género y la orientación sexual son dos categorías que hacen referencia a aspectos diferentes. La primera, se refiere a la forma en que las personas sienten el género y cómo lo expresan, por ejemplo, en su forma de vestir y de hablar, mientras que la segunda se refiere a la atracción afectivo-erótica hacia otra persona.

Esta diferencia implica, que contrario a algunos imaginarios, las personas con una identidad de género transgénero, como aquellas transexuales, travestis o transformistas, no necesariamente se reconocen como personas homosexuales. A pesar de ello, sí son víctimas de discriminación por su identidad y el ordenamiento no establece el mismo nivel de protección cuando estas personas resultan discriminadas.

La demanda busca facilitar la labor de los fiscales en la persecución de los delitos cometidos contra personas con identidad de género diversa, visibilizar la violencia que se comete por motivos de orientación sexual, así como dignificar los derechos de las personas que siguen siendo marginadas.

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