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Fiscalía pide que le devuelvan las acciones a Ruiz de Lopera

AS AS 11/06/2014 Alejandro Delmás

La situación de guerra civil que vive el Betis, en plena provisionalidad institucional, sufrió ayer una nueva vuelta de tuerca con la petición de la Fiscalía de Sevilla (por sexta vez) de que se devuelva el control de la mayoría accionarial del club a Manuel Ruiz de Lopera. En estos momentos, y pese a estar sumido en tres procedimientos judiciales, Lopera, a través de su empresa familiar Farusa, sigue manteniendo la titularidad del 51,34% de las acciones.

El 22 de julio de 2010, Mercedes Alaya, célebre jueza titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, decretó la “medida cautelar de intervención y administración judicial de ese paquete accionarial”. Tras haber pedido otras cinco veces el levantamiento de esas medidas, Margarita Viera, fiscal encargada del caso, vuelve a insistir en la petición bajo estos argumentos: “Esta medida no se ajusta a Derecho”, “improcedencia” y… que “no concurren indicios racionales de criminalidad” en los hechos calificados por la jueza como “delito de administración desleal”. En un periodo de enfrentamiento entre la Fiscalía sevillana y los posicionamientos de Alaya en otras megacausas, como los ERES y Mercasevilla, lo que hace la Fiscalía, en calidad de acusación pública, es estimar parcialmente el recurso de la defensa de Lopera contra el auto de procesamiento dictado por Alaya, el pasado 8 de mayo. El escrito va dirigido directamente a la propia Alaya.

Sobreseimiento. Sin embargo, la Fiscalía no solicita (aún) el sobreseimiento total del referido auto de procesamiento, “por no ser procedente conforme a derecho (…) al no ser recurrido el auto de incoación del sumario”. La Fiscalía se refiere aquí a que la Instrucción se halla ahora “en el trámite pertinente, bien para solicitar la apertura de juicio oral por los hechos delictivos de los cuales se va a formular acusación, o bien el sobreseimiento de los mismos”.

El escrito de la Fiscalía puede considerarse como una refutación o varapalo considerable a las tesis de Alaya que son, básicamente, las mismas que presentan las tres acusaciones particulares contra Lopera: las plataformas o asociaciones llamadas Liga de Juristas Béticos (LJB, repleta de nombres del sistema judicial sevillano), Béticos por el Villamarín (BXV, entorno del expresidente Galera) y Por Nuestro Betis (PNB, béticos de base y sindicados). En los seis años que dura ya la instrucción, con medidas cautelares desde 2010, Alaya ha hecho suya la inmensa mayoría de los argumentos de estas plataformas para acusar a Lopera de “delito societario”. En estas asociaciones se inscribe una lista de apellidos béticos de honda raigambre (familias García de la Borbolla y Rodríguez de la Borbolla, hermanos Cuéllar…) y otros vinculados con el expresidente Hugo Galera Davidson, más la lista de béticos de base que sindicó sus acciones en PNB, pero cuyos títulos no exceden el 8% del total. A la expectativa está la Fundación Heliópolis, uno de cuyos miembros, José López Catalán, adquirió recientemente las 4.100 accciones de Rufino Gónzalez, un 3,5% del total, después de desembolsar 450.000 euros. En la Fundación Heliópolis se alinean más apellidos ilustres.

Descapitalización. En el explosivo auto del pasado 8 de mayo, Alaya acusa a Lopera de provocar una descapitalización del Betis desde 1992 hasta 2010, con presuntos perjuicios cifrados en 24’9 millones de euros, por los que fijó a Lopera una fianza de 33 millones de euros. La defensa de Lopera contrarresta cada una de las estimaciones de Alaya, aportando datos numéricos… y plantea que la jueza se niega una y otra vez a contabilizar esos datos. Mercedes Alaya suele rechazar metódicamente toda petición de los abogados de Lopera que se oponga a sus designios o planteamientos. Pero la Fiscalía advierte sobre esta situación: “No se ha acreditado que se hayan realizado actos de disposición o se hayan contraído obligaciones sobre bienes del Real Betis, pues, como acertadamente afirma el recurrente, la acciones no están tituladas por el club, no son propiedad del Real Betis, sino de la entidad Farusa”, afirma la Fiscalía, cuyo escrito es la respuesta al recurso de reforma que presentaron los abogados de Lopera sobre el auto del 8 de mayo. “No constan cuantificados los perjuicios cuantificados al club deportivo”, es otra de las frases de la Fiscalía.

Claves del caso. Una de las claves del caso y donde más obstáculos encuentran tanto la propia Alaya como las acusaciones particulares, se centra en la presunta adquisición fraudulenta del paquete accionarial mayoritario por parte de Lopera, en 1992. Alaya insiste en una apropiación indebida de ese paquete, con presunción de “dolo preconcebido”. Pero en un auto de 26-2-2010, y ante una pesquisa formal de Alaya, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla estimó que no existía “el menor indicio racional de delito” en esa adquisición de las acciones por parte de Lopera. Para empezar, la Audiencia habló de “prescripción” de aquellos hechos de 1992, señaló de rebote en ese auto hacia el papel de Hugo Galera Davidson y firmó que no cabía apelación contra este auto de 2010. Ahora, la Fiscalía asegura que aquellos hechos (en los que Alaya y las plataformas siguen viendo presunto fraude por parte de Lopera) son unos hechos “ya expulsados del procedimiento por el auto de 26 de febrero de 2010 de la Audiencia Provincial (…) con razonamientos jurídicos incontestables”.

La fiscalía pide que le devuelvan las acciones a Lopera © Pizarro La fiscalía pide que le devuelvan las acciones a Lopera

Todos los autos de la Audiencia, y ahora esta referencia de la Fiscalía, no han impedido que se impulse otro procedimiento en los Juzgados de lo Mercantil… por la misma razón de la presunta adquisición fraudulenta de acciones por parte de Lopera, aunque esta causa de lo Mercantil sólo se refiere a un tercio escaso del paquete que controla Lopera, quien manejaría derecho de recompra en el caso de obtener una sentencia contraria en este procedimiento mercantil. Además, hay otra causa mercantil pendiente para declarar la culpabilidad de Lopera y una larga lista de sus excolaboradores en la situación concursal de la entidad verdiblanca. En este caso, sólo se podría impedir que Lopera, o cualquier otro eventual culpable, pudiera a ocupar un cargo directivo nominal en la Sociedad Anónima Deportiva; pero aquí no se cuestionan las acciones. Seis años de actividades por parte de Alaya, otros cuatro de medidas cautelares, más tres causas abiertas contra Lopera (esencialmente) y dos administradores judiciales después (el actual, el abogado cordobés Francisco Estepa ha colaborado en algún concurso judicial con Jorge Castro, marido de Alaya)… el Betis se encuentra en Segunda sumido en un absoluto caos institucional. Fue un error si alguien pensó que Lopera —que en septiembre cumple 70 años— iba a plantearse la transacción o negociación de su paquete accionarial a cambio de un acuerdo de punto final.

División. De forma más o menos velada, Lopera y sus abogados han insistido en una serie de demandas de resarcimiento contra unos y otros, si al fin se produjera el archivo de la causa iniciada por Alaya… donde la Fiscalía ejerce como acusación pública. Si la Fiscalía archiva, entonces se quedarían solas las acusaciones particulares de las plataformas… y tendrían que aportar avales millonarios como caución o fianza para continuar con el caso que Alaya ha instruido. Entre esas plataformas de acusación se producen frecuentes divisiones, sobre todo a cuenta del papel predominante de la Liga de Juristas: el actual presidente del Betis, el abogado Manuel Domínguez Platas, es hombre absolutamente del entorno de esa Liga de Juristas y muy cercano a los hermanos Cuéllar. PNB cuestiona constantemente a Platas, cuyo cese en el cargo se pide un día sí… y otro también. El conflicto bélico y bético tiene sus frentes: el búnker de Lopera, en sus oficinas de la calle Jabugo; el Juzgado de Alaya, en el Prado de San Sebastián, y el despacho de los abogados de Lopera (Montero-Aramburu), en Avenida República Argentina. Luis Oliver también avisa sobre sus derechos. Mientras, el Betis ya malvive en Segunda, sin entrenador oficial ni director deportivo… y sin refuerzos para 2014-15. El Betis: la víctima del conflicto bético.

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