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El enredo energético del PSOE: Extremadura, Asturias y Aragón se rebelan por el carbón y las nucleares

Logotipo de El Mundo El Mundo 24/06/2018 elmundo.es
Acto de toma de posesión de la ministra Teresa Ribera al frente del Ministerio de Transición Ecológica. / EFE © EFE Acto de toma de posesión de la ministra Teresa Ribera al frente del Ministerio de Transición Ecológica. / EFE

La política ecologista de Pedro Sánchez en materia energética va camino de chocar con los intereses de tres de las autonomías que actualmente dirigen los socialistas: Asturias, Aragón y Extremadura. Los gobiernos de estas regiones miran con gran preocupación el plan del nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica para cerrar definitivamente y en el corto plazo las centrales nucleares y las plantas térmicas que usan carbón para generar electricidad, lo que en la práctica tendría un enorme impacto económico sobre las cuencas mineras y las comarcas nucleares que pone en juego cientos de empleos en estos territorios.

Aragón y Asturias ya han solicitado a la ministra Teresa Ribera una reunión para tratar la situación del carbón después de que ésta pronosticara «poco futuro» al sector horas después de llegar al Ministerio. Las dos autonomías cuentan a su vez con el apoyo de sindicatos y empresas, que de forma excepcional luchan juntos por la supervivencia del sector. En el caso de Extremadura, su presidente Guillermo Fernández Vara aseguró el jueves en el Parlamento regional que no permitirá el cierre de la nuclear de Almaraz (Cáceres) en 2020 si no existe un plan alternativo real para revitalizar la zona.

El plan ambiental del nuevo gabinete socialista señala como «medida prioritaria» la retirada definitiva del carbón del sistema eléctrico antes de 2025 y de la nuclear cuando las plantas cumplan 40 años de explotación, un periodo que según cada reactor se cumplirá entre 2020 y 2024. Así se define en la propuesta de bases para una estrategia de transición energética elaborada recientemente por el Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía, organismo próximo al PSOE que preside la ministra y en el que también participa activamente el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal.

La propia Ribera ha intentado bajar el tono en los últimos días asegurando que la transición hacia el final del carbón y la nuclear se hará de forma justa y sin dejar a nadie atrás, abriendo la puerta así a nuevos mecanismos de ayuda para fomentar la regeneración de las cuencas que se sumarían a los más de 28.000 millones de euros invertidos en el sector desde los años 90. «El proceso de transformación de una fuente de energía por otra debe ir acompañado de un proyecto de desarrollo económico y tecnológico que diversifique el sistema productivo en pro de un desarrollo sostenible de la zona», explican fuentes del ministerio.

No obstante, estas ayudas no son suficientes para los gobiernos autonómicos, que apuestan por una «transición sin prisas y planificada» más allá del horizonte 2025. «Con el carbón tiene que acometerse una transición ordenada, y no una revolución que podría tener un impacto brutal en nuestro territorio», explica el consejero de Empleo, Industria y Turismo de Asturias, Isaac Pola, en conversación con ELMUNDO.

Este ingeniero de minas advierte de que el cierre del carbón tendría un triple impacto sobre la comunidad asturiana. Por un lado, se verían afectadas de forma directa las cuencas mineras en las que todavía trabajan 1.765 personas sólo en Asturias, una cifra a la que hay que sumar otras 117 en Aragón y 360 en la provincia de León.

En segundo lugar, el cierre del carbón afectaría a las centrales eléctricas que operan con este mineral y a la potente industria siderúrgica que lo utiliza para la fabricación de acero. En ese sentido, Pola avisa de que el «cierre rápido» del carbón que reclaman también eléctricas como Iberdrola supondría un incremento del precio de la electricidad al sustituirlo por gas, lo que tendría un tercer impacto sobre el conjunto de la industria electrointensiva que opera en Asturias. «Tener una energía competitiva es una condición imprescindible para que empresas como Alcoa, Asturiana de Zinc o Arcelor sigan operando aquí», insiste Pola.

Este mismo argumento fue utilizado hace unos días por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, al advertir de que la ausencia del carbón en el mix energético nacional podría «disparar de forma insoportable» el precio de la energía en algunos momentos del año.

«Todos somos ecologistas, pero creemos que el carbón tiene que cumplir una función importante hasta 2030 como garantía de suministro mientras entran más renovables al sistema», explica a este diario la consejera de Economía, Industria y Empleo de Aragón, Marta Gastón. Sólo en el caso de esta región está en marcha la instalación de 141 parques eólicos. ¿La solución pasa por más ayudas? «El dinero no es suficiente. Hace falta un plan más ambicioso y sensible con los territorios con instrumentos de muy distinto tipo: fiscales, inversión en infraestructura, fomento del autoempleo...», añade.

El carbón fue en 2017 la tercera fuerza de generación eléctrica con un 17,1% de cuota de mercado, sólo por detrás de la tecnología eólica con un 17,4% y la nuclear, con un 20,4%. En el país hay un total de 15 centrales térmicas que utilizan este mineral, aunque seis de ellas serán clausuradas antes de 2020 al no haber acometido las reformas medioambientales obligatorias para cumplir con la legislación comunitaria.

A éstas se sumarían las dos instalaciones que quiere cerrar Iberdrola y que provocaron que el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, impulsara un endurecimiento del procedimiento de cierre para frenar al grupo bajo el argumento de que sin el carbón subiría el coste de la electricidad para los hogares. Esta idea parte de que el carbón es más barato que el gas en los mercados internacionales, por lo que su uso como combustible para cubrir la intermitencia de las renovables abarata la factura pero dispara las emisiones de CO2.

Ribera tendrá que decidir ahora si avala desde el ministerio el plan de Nadal o si deja que la eléctrica cierre ambas centrales. «El ministerio quiere promover un gran Pacto de Estado de la Energía que permita una política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar así la transición energética. Esto pasa por normalizar las relaciones con las compañías energéticas, para dejar atrás una época marcada por las tensiones», señalan fuentes próximas a la ministra.

Desde Extremadura se ha trasladado la misma reivindicación al Ministerio y a Ferraz. «Para que las cosas se hagan bien es necesario que se establezca un calendario de cierre de las centrales nucleares para que se hagan de una manera armónica», reclama Fernández Vara.

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