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¿Supondrán los préstamos ICO el fin de los convenios concursales?

Logotipo de Expansión.com Expansión.com hace 4 días José Luis Yus
© Proporcionado por Expansión.com

Las medidas en favor del tejido empresarial aprobadas por el Gobierno como consecuencia de la pandemia del Covd-19 (ERTE, moratoria concursal, préstamos ICO, etcétera) han evitado que muchos autónomos y sociedades se vieran abocados de forma irremediable a su liquidación y cese de actividad.

En relación con los denominados préstamos ICO, de acuerdo con el Boletín Económico 4/2020 del Banco de España, el programa de avales públicos ha cubierto el 80% de las pérdidas de financiación bancaria concedida a autónomos y a pymes en los últimos meses, y hasta el 70% en el caso de las empresas que no cumplen la definición de pymes. En el mismo sentido, el porcentaje que la financiación ICO ha supuesto sobre la nueva financiación concedida a pymes y compañías más afectadas por la crisis sanitaria llega hasta el 65% del total.

La consecuencia de ello es que en numerosas empresas el peso de la financiación con avales públicos ICO ha crecido de forma exponencial en relación con el resto de financiación.

A partir del año que viene, las medidas de apoyo señaladas empezarán a retirarse y las empresas deberán iniciar la amortización de los préstamos ICO recibidos y, es evidente, que algunas de ellas se verán abocadas a solicitar la declaración de concurso de acreedores con la finalidad de alcanzar un convenio que les asegure su viabilidad futura.

Las continuas prórrogas de la moratoria concursal, la última aprobada el pasado 23 de noviembre, que exoneran a las empresas insolventes de la obligación de presentar concurso de acreedores, no ayudan, en absoluto, a paliar esta situación. Las denominadas empresas "zombis" seguirán drenando recursos del sistema financiero en detrimento de las compañías viables.

El Real Decreto-Ley 5/2021 establece el régimen de cobranza de estos avales ICO y las normas que deben regir la actuación de las entidades de crédito otorgantes de esta financiación, en el supuesto de que deudor financiado sea declarado en concurso de acreedores.

El auto de declaración de concurso, independientemente de que se haya iniciado la ejecución del aval, producirá la subrogación del Ministerio de Asuntos Económicos en la parte del crédito avalado por el ICO, todo ello sin perjuicio de que las entidades financieras sigan gestionando el conjunto del riesgo.

En caso de que la empresa concursada proponga un convenio de acreedores, corresponderá a las entidades financieras el análisis de las propuestas realizadas dentro del concurso, pero siempre actuando con unidad de criterio con el Ministerio en la toma de decisiones sobre su adhesión o no al mismo.

No hay que olvidar que el Real Decreto-Ley mencionado establece que los créditos a favor de la Administración Pública derivados de la ejecución de los avales ICO tendrán el rango de crédito ordinario en caso de declaración de concurso de acreedores. Por tanto, estos créditos formarán parte de las mayorías necesarias para aprobar el posible convenio de acreedores, tanto si el aval ha sido previamente ejecutado como si no. Esto que podría, en principio, considerarse un apoyo del sector público a las empresas puede tener consecuencias negativas para su viabilidad.

La consecuencia de todo lo anterior es contundente. Muchas de las empresas que en el corto y medio plazo se vean obligadas a solicitar el concurso de acreedores y pretendan sacar adelante un convenio que garantice su viabilidad, dependerán sí o sí del voto favorable de la Administración Pública. Sin ella será imposible alcanzar las mayorías requeridas por la Ley.

Todos conocemos la reticencia de los organismos públicos (especialmente la AEAT y la TGSS) a apoyar los convenios de acreedores propuestos por las deudoras en sede concursal. Si la Administración Pública persiste en esa actitud, muchas empresas potencialmente viables se verán abocadas a su liquidación y cierre, al no conseguir las mayorías necesarias para sacar adelante el convenio.

Desafortunadamente, nuestra experiencia profesional más reciente no invita al optimismo. Como abogados de una empresa en concurso nos hemos encontrado, en relación a un préstamo ICO, con la desagradable sorpresa de que la Administración Pública ha obligado a una entidad financiera concedente del préstamo a revocar la adhesión a un convenio de acreedores hecho previamente en sede judicial, lo que ha supuesto la pérdida de los votos necesarios para la aprobación del convenio.

Confiemos que el buen criterio se imponga y que todos ayudemos, tanto desde el sector privado como desde el público, a que nuestras empresas puedan superar las graves dificultades en las que se han visto inmersas en los últimos tiempos.

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