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Las nucleares amenazan con el cierre anticipado de las plantas si el Gobierno les recorta los llamados ‘beneficios caídos del cielo’

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 14/09/2021 Miguel Ángel Noceda
Exterior de la central nuclear de Almaraz. © Proporcionado por EL PAÍS Exterior de la central nuclear de Almaraz.

El Foro Nuclear, entidad en la que figuran las empresas con negocios en este sector (incluidas las grandes eléctricas: Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) ha anunciado que si se aprueba el proyecto de ley sobre la retribución del CO₂ del mercado eléctrico que retira los llamados beneficios caídos del cielo que reciben las empresas por no emitir dióxido de carbono, “sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas”. En un comunicado difundido en la tarde del martes, el lobby manifiesta que dicho proyecto de ley “no debe aplicarse sobre la energía nuclear”. A su juicio, “unido a la excesiva presión fiscal actual abocaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear”. Por otra parte, también señala que “el Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros, aun siendo de aplicación temporal, ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear”.

Según el Foro Nuclear, “el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez minorado el precio del CO₂, no debería ser inferior a 57-60 euros MWh con el nivel impositivo actual”, apunta. Al respecto añade: “De haber estado en vigor este proyecto de Ley, no se hubiera solicitado la renovación de las autorizaciones de explotación de nuestras centrales”, subraya y añade que si la ley entra en vigor “no debería aplicarse de forma retroactiva en ningún caso”.

Las empresas propietarias de las nucleares no pueden decidir unilateralmente el cierre de las plantas, que están sujetas al control del supervisor y dependen de la decisión del regulador del mercado. Red Eléctrica, además del Ejecutivo central, deben dar el visto bueno al cierre de las plantas y pueden vetarlo en el caso de que afecte a la seguridad del sistema. Las centrales nucleares operan con permisos para varios años (normalmente se conceden para una década) y deben cumplir esos calendarios. Si no, pueden ser sancionados. Como le ocurrió a las propietarias de la central de Garoña, que fue multada con casi 19 millones de euros por parar su actividad en diciembre de 2012, seis meses antes de lo que fijaba su autorización.

El proyecto de Ley tiene como finalidad minorar el precio del CO₂ de la retribución de aquellas instalaciones que se pusieron en servicio antes del 25 de octubre de 2003, previamente al establecimiento por parte de la Unión Europea del mercado de derechos de emisión de CO₂. La medida también afecta a las centrales hidráulicas y las primeras renovables que se pudieron en marcha antes de dicha fecha.

Inversiones necesarias

El Foro recuerda que las centrales nucleares españolas funcionan con autorizaciones de explotación que se renuevan periódicamente y que las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus titulares y concedidas por el ministerio correspondiente con posterioridad a dicha fecha. “Por tanto, en el momento de la solicitud y para llevar a cabo las decisiones de inversión necesarias”, precisa, “se tuvieron en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO₂ del mercado internacional. Con este proyecto de Ley en vigor, no se hubieran solicitado las renovaciones de las autorizaciones, varias de ellas muy recientes”.

Para la entidad, “la excesiva presión fiscal que soporta el parque nuclear español y el impacto del proyecto de Ley del CO2 en su redacción actual (conjuntamente pueden superar los 30 euros MWh), unidos a los 3.000 millones de euros previstos de inversiones hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035 (en un entorno de precios de futuro por debajo de 50 euros MWh desde 2024 y a la baja por la masiva entrada de energías renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero) le conducirían a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad”.

El presidente, Ignacio Araluce, incide en que el cese anticipado de la tecnología nuclear conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear, a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y de tejido industrial, a una mayor dependencia energética del exterior y a un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista. Impediría igualmente, a su juicio, el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), especialmente en lo referente a la reducción de emisiones de CO₂, ya que el cierre supondría un incremento de unos 22 millones de toneladas/año”.

En España operan siete grupos nucleares (Almaraz 1 y 2, Trillo, Cofrentes, Vandellós 2 y Ascó 1 y 2), cuya propiedad se reparten entre Endesa e Iberdrola, principalmente, y en menor medida Naturgy y EDP. Su producción ronda el 20% del parque energético nacional y su cierre está previsto entre 2027 y 2035 tras haberlo acordado el Gobierno con las entidades.

Por su parte, las compañías eléctricas mantienen su silencio mientras barajan si lo hacen directamente o a través de la asociación Aelec, que forman todas menos Naturgy.

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