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El inspector sanitario del fraude del jamón: "Vendían embutidos y era comida para perros"

Logotipo de El Economista El Economista 19/02/2019 elEconomista.es
Imagen de archivo. © elEconomista.es Imagen de archivo.

El perito de la Junta de Extremadura ha certificado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Fregenal de la Sierra (Badajoz) que la red empresarial que organizó el fraude del jamón, desmantelado el año pasado por Policía Nacional y la Guardia Civil, cometió un delito contra la salud pública.

En su declaración ante la jueza Francisca Valverde, a la que ha tenido acceso elEconomista Alimentación, el inspector sanitario Miguel Ángel Batalla se mostró contundente: "Estaban manipulando y envasando jamón, lomos y embutidos en condiciones higiénicas lamentables, sin registro sanitario ni trazabilidad alguna. Había un riesgo evidente para salud humana. Era comida para perros", aseguró ante el tribunal.

La investigación que se está llevando a cabo afecta ya una veintena de compañías cárnicas -incluido el gigante Comapa, proveedor de cadenas como Carrefour- y decenas de empresarios que, presuntamente, habrían intentado colocar en el mercado miles de kilos de productos cárnicos caducados, con etiquetas falsas.

Según las primeras estimaciones de la Guardia Civil se calcula que la trama dedicada a la venta de jamones caducados llegó a adulterar las etiquetas de hasta 1.000 toneladas de productos cárnicos, incluyendo lomo y otros embutidos.

"Me encontré una gran cantidad de productos cárnicos curados almacenados allí, en una nave que no tenía la autorización y a la que ni siquiera se podía entrar"

El inspector sanitario explicó ante la jueza que tras recibir una alerta del posible fraude, entró a realizar una inspección en una nave donde se almacenaba producto de la empresa El Fogón Castúo, una de las sociedades investigadas. "Me encontré una gran cantidad de productos cárnicos curados almacenados allí, en una nave que no tenía la autorización y a la que ni siquiera se podía entrar. Había 300.000 kilos de productos cárnicos por todos sitios, en los pasillos, en los muelles de carga, sin documentación, sin albaranes. Algunos estaban llenos de moho, entre excrementos y cadáveres de rata. Los operarios tenían que pisarlos para pasar de una nave a otra. Intentaban introducirlo en el mercado y no era apto para el consumo humano", explicó el inspector sanitario ante la titular del juzgado extremeño.

Entre las empresas investigadas, al margen de Comapa figuran compañías como Valle de los Valfríos, Cárnicas Jamontanchez, Saraymar, Iberlinares, o Cárnicas Jamontanchez, entre otros. Según Miguel Ángel Batalla, la red de fraude llevaba a cabo "un lavado de cara" a los productos y envasaba al vacío en condiciones no asépticas miles de kilos de lomo y jamón, lo que suponía un peligro real para la salud.

A los acusados se les imputan delitos contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales. La Guardia Civil no solo incautó, sin embargo, productos en Extremadura, sino también en otras provincias españolas donde hay igualmente una investigación en curso, como es el caso de Salamanca o Valencia.

La voz de alarma, de hecho, la dio en junio del año pasado la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), tras un aviso de la Generalitat Valenciana a través del Sistema de la Red de Alerta Alimentaria Nacional en junio del año pasado. En ese momento, la Guardia Civil procedió a la inmovilización de más de cien toneladas de productos cárnicos, en su mayoría jamones, almacenados en el interior de dos naves pertenecientes a un establecimiento ubicado en la localidad de Alzira, que al igual que ocurría con el de Badajoz, carecía de autorización sanitaria, y ni siquiera constaba su inscripción en el Registro General Sanitario de Industrias Alimentarias y Alimentos. Tal y como ha detallado ahora el inspector sanitario de la Junta de Extremadura, esos productos se encontraron también en evidente estado de deterioro y falta de garantías sanitarias.

"Las Autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana ante la existencia de un posible riesgo para la salud pública, han inmovilizado los productos, han procedido al cese de la actividad del establecimiento y han puesto a disposición de la Guardia Civil toda la información. La actuación se está llevando a cabo en todo momento de manera conjunta con la Guardia Civil por tratarse de una actividad ilegal, que no cumple ningún requisito sanitario", aseguró entonces Aecosan en un comunicado.

Comapa, la mayor empresa de la trama, ha registrado un crecimiento espectacular en los dos últimos años, duplicando tanto su volumen de ingresos como de beneficio. De acuerdo con las últimas cuentas remitidas al Registro Mercantil, la firma ha pasado de ingresar 250,3 millones de euros en 2015 a un total de 451,7 millones en 2017. Tan solo ese último año creció ya un 33%. Y en la misma línea también, en este periodo, el resultado de explotación ha pasado de 7,8 millones a 18,1 millones y el beneficio después de impuestos de 15 a 29,7 millones de euros.

Bajo sospecha por productos ibéricos a bajo precio

Cuando el año pasado Aecosan activó la alerta sobre su enseña Oro de la Ermita, que se distribuía en exclusiva en Carrefour, Comapa aseguró que cumplía con todos los requisitos legales de trazabilidad, pero la cadena de hipermercados procedió a la retirada de cientos de jamones, que no se han vuelto a introducir. La empresa, que estaba bajo sospecha desde hace tiempo tras haber sacado al mercado jamones, supuestamente ibéricos, por menos de 80 euros la unidad, argumentó que su enseña se había falsificado por un tercero. 

Todo porque Sanidad anunció la retirada de la marca Oro La Ermita y la suya es Oro de la Ermita. Los accionistas mayoritarios de Comapa son la cárnica catalana Vall Companys, dueña de un 28% del capital, y el empresario Blai Parés, que tiene el 40% y ejerce la presidencia de la compañía. Parés está entre los imputados y ha declarado ya ante el tribunal que su labor es únicamente institucional y que no está en el día a día del negocio, negando además de que productos como el jamón puedan caducar.

La Guardia Civil mantiene, sin embargo, que la trama perseguía reducir costes y maximizar beneficio evitando el desembolso a la hora de destruir los productos caducados o en malas condiciones. Además, conseguían nuevos ingresos con la manipulación de las fechas de caducidad de las piezas enteras o bien loncheando los productos e introduciéndolos otra vez en el mercado a un precio muy competitivo.

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