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Los cambios en la reforma laboral: registro de jornada, pero no consta la supremacía del convenio sectorial

Logotipo de eldiario.es eldiario.es 11/10/2018 Laura Olías
Valerio pide al PP que haga política de Estado con las pensiones © EFE Valerio pide al PP que haga política de Estado con las pensiones

El acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 suscrito entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos concreta algunos de los elementos en los que las partes han llegado a acuerdos para modificar la reforma laboral del PP de 2012. Entre ellos, destaca la ausencia del retorno a la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, una cuestión que defiende la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, así como el grupo confederal. Sí figuran otras medidas clave, como ampliar la ultraactividad de los convenios colectivos y obligar a que se registre la jornada de los trabajadores.

El texto con las claves de las cuentas del Estado para el próximo año no solo contiene partidas presupuestarias, como el aumento de las pensiones o de las ayudas por hijo a las familias más desfavorecidas, sino que también recoge compromisos de cambios legislativos y políticas que aplicar a futuro.

En materia laboral, el acuerdo incluye subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros en 2019, lo que supone el mayor incremento de este indicador de la serie histórica y supera el aumento que había pactado el anterior Gobierno con los sindicatos y la patronal el pasado año. Este acuerdo situaba el SMI en los 850 euros en 2020.

El retorno del subsidio para desempleados mayores de 52 años también está contemplado, lo que supone un gasto de 323 millones de euros. Esta ayuda fue modificada por el Gobierno del Partido Popular en plena crisis, en 2012 y 2013, retrasando su acceso hasta los parados mayores de 55 años, así como disminuyendo su cuantía y con mayores dificultades de acceso según la renta.

El acuerdo presupuestario recoge la vuelta al subsidio tal y como estaba antes de estas modificaciones del Ejecutivo de Rajoy, con el acceso según la renta personal no familiar (como estableció el Tribunal Constitucional) y suprimiendo la obligación de tener jubilarse de manera anticipada cuando se percibe.

Cambios ya en 2018

El Ejecutivo y Unidos Podemos también han puesto por escrito algunas medidas para la "derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012". Entre ellas, figuran tres modificaciones que se deben acordar "antes de finalizar 2018", según el documento.

La primera de estas tres cuestiones es "ampliar el régimen de no caducidad del convenio colectivo, más allá de las previsiones contenidas en el mismo, a la finalización de su vigencia". Aunque no se determina cuánto se ampliará, el compromiso supone modificar la ultraactividad (prórroga) de los convenios, que el Gobierno del PP limitó en la reforma laboral hasta un máximo de un año.

Las partes también se comprometen a "revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo", así como reducir la temporalidad excesiva en el mercado laboral, "con medidas como desvincular el contrato de obra o servicio determinado de la realización de trabajos o tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas".

Por último, para aplicar este mismo año, el acuerdo establece "reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial", una modalidad de contratación de la que abusan algunas empresas, que firman contratos de jornada reducida a sus empleados, pero que en la práctica deben trabajar más horas.

Más modificaciones en 2019

El documento contempla más acuerdos entre el Ejecutivo y el grupo condeferal de Unidos Podemos en cuanto a cambios legislativos que llevarán más tiempo, en su proceso de tramitación parlamentaria. Entre ellos, es destacable la ausencia de una mención al regreso de la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, una de las cuestiones que modificó el Gobierno de Rajoy en la reforma laboral más criticadas por la oposición y los sindicatos.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha afirmado que el Gobierno trabaja en el diálogo social, con los sindicatos y patronales de empresarios, en este sentido, para que los convenios sectoriales vuelvan a tener mayor peso.

Fuentes de Unidos Podemos explican a eldiario.es que este aspecto se discutió en el acuerdo presupuestario, pero que no se incluyó finalmente porque lo que pedía el grupo confederal por escrito no fue aceptado por el Gobierno. Desde el Ministerio de Trabajo aún no han respondido a este medio sobre esta medida. 

Las medidas que sí están recogidas en el acuerdo, para "concluir con la mayor urgencia posible la tramitación parlamentaria" de sus Proposiciones de Ley, son:

Modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.

Modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, para incluir la obligación de registrar diariamente el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador.

La igualdad retributiva entre mujeres y hombres para acabar con la brecha salarial.

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, para acabar contra todas las formas de discriminación por razón de género y con los "techos de cristal".

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