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14 'sabios' para reformar y simplificar la financiación autonómica

Logotipo de Bolsamanía Bolsamanía 10/02/2017 Alberto Sanz

Ni las 'Comunidades Autónomas' ni el Estado tienen lo que quieren. Y cuando se sientan a hablar de dinero todos intentan barrer para casa. En este terreno no hay amigos ni compañeros de partido, cada dirigente busca unas mejores condiciones económicas para poder contentar a quien le han votado. Y, tras la reforma de 2009, el sistema de financiación autonómica sigue generando más detractores que partidarios.

Por ello, la Conferencia de Presidentes acordó en el pasado mes de enero reunir a un grupo de expertos en una comisión para la reforma de la financiación autonómica. El Consejo de Ministros da su visto bueno este viernes a los 14 elegidos que tendrán tres meses para presentar el borrador de estar reforma.

El 'comité de sabios' sobre financiación autonómica contará con un representante de cada comunidad autónoma y con otro miembro en representación del Gobierno central. Las comunidades ya han entregado al departamento de Cristóbal Montoro quiénes serán sus representantes en el citado grupo, entre los que destacan Francisco David Adama, propuesto por Andalucía, que es profesor de la Universidad de Sevilla y doctor en derecho y ya ejerció de secretario de la comisión de reforma del modelo de financiación en 2002, como señala Europa Press.

Por su parte, Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, será el representante de Asturias, mientras que Cantabria ha propuesto a Juan Rodríguez Poo, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Cantabria. Aragón ha designado al doctor en Economía y profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Alain Cuenca.

Francisco Pérez García, director de Investigación del Instituto Valenciano de investigaciones económicas y participante en comisiones de expertos anteriores, será el representante de la Comunidad Valenciana, al tiempo que el profesor de la Universidad de Las Palmas y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Arturo Melián acudirá en nombre de Canarias. Por Galicia, el representante será el catedrático de la Universidad de Vigo Santiago Lago, experto en federalismo fiscal.

CATALUÑA NO PROPONE EXPERTO

Islas Baleares ha nombrado a Guillem López Casanovas, que es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, mientras que en el caso Cataluña, desde la Generalitat han indicado al Gobierno que no propondrán experto.

Las mismas fuentes gubernamentales lamentan que la Generalitat de Cataluña no haya nombrado a ningún experto en financiación autonómica a participar en los trabajos de la Comisión, al considerarlo una decisión poco responsable que perjudica a los ciudadanos catalanes, y especialmente ante las dificultades financieras que la Comunidad sigue presentando.

De su lado, la Comunidad de Madrid ha elegido a Jorge Onrubia, director del Departamento de Economía Aplicada VI de la Universidad Complutense y experto en temas de Hacienda Pública y sistema fiscal. El economista y profesor de la Universidad de Murcia José Carlos Sánchez de la Vega será el representante de la Región de Murcia.

El experto elegido por La Rioja es Juan José Rubio, catedrático de hacienda Pública y Régimen Fiscal de la Empresa en la Universidad de Castilla-La Mancha, de la que también ha resultado elegido el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Jesús Fernando Santos, en representación de la comunidad castellanomanchega.

Además, Francisco Pedraja, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Extremadura, será el representante de Extremadura; Jaime Rabanal, licenciado en Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela lo será por Castilla y León, y Miguel Ángel Pérez, profesor contratado doctor por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, en la Facultad de Ciencias Sociales en el Campus Universitaria de Melilla, lo será por Melilla.

En las manos de estos sabios estará la nueva manera de gestionar una partida que, según los datos liquidados de 2014, los recursos ofrecidos por el sistema a las comunidades para financiar los servicios públicos fundamentales ascendieron a 82.296 millones de euros, incluyendo las aportaciones de los fondos del modelo y las transferencias que realiza el Estado a las comunidades para esos servicios.

Una partida muy relevante para el Estado de bienestar español. Las autonomías son las encargadas de financiar, con más del 70% de su presupuesto, los servicios sociales, la sanidad, la educación y la dependencia. Su tarea será convertir este sistema en una herramienta sostenible para el Estado e igualitaria para todas las comunidades.

Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE), celebra esta comisión señalado que “se ha avanzado reconociendo abiertamente que hay un problema ya que el actual sistema es incomprensible”. Ahora es el momento de ponerse manos a la obra.

SIMPLIFICAR UN “COMPLEJO” MODELO

El sistema provoca, según el portavoz del CGE, "tensiones institucionales que no facilitan el debate y dificulta la corresponsabilidad fiscal". Por otra parte, el reparto de recursos que se hace entre las comunidades autónomas resulta "arbitrario" y "se altera el principio de ordinalidad". Pich considera que es un sistema que sufre una gran falta de transparerencia por “su complejidad”.

Una posición que defiende Ángel de la Fuente, director de Fedea y uno de los experto que participe junto a los 14 elegidos en esta reunión. “Se debe simplificar el sistema y encontrar un modelo que entienda la gente”, asegura este economista a Bolsamanía.

Unos de los motivos por los que el actual sistema de financiación de las comunidades resulta tan complejo son sus dos vías de financiación. Como explica el CGE, por un lado, de la recaudación de los tributos, tanto los cedidos totalmente, como es el caso del Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, como los cedidos parcialmente (el IRPF y el IVA en un 50% o los Especiales en un 58%). De los ingresos fiscales que recaudan las comunidades se quedan con el 25%.

Al otro lado de este enrevesado sistema de financiación, surgen tres fondos para intentar nivelar. Por un lado, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos (FGSPF), que pretende que todas las CCAA reciban los mismos recursos por habitante en términos de población ajustada, no solo en el primer año de aplicación sino también en el futuro. Se trata del fondo que canaliza el grueso de los recursos del sistema. En el año 2014, los recursos totales del fondo ascendieron a 76.000 millones de euros (incluyendo una contribución del Gobierno central), lo que representaba el 80% de los recursos ordinarios del sistema.

Por otro lado se encuentran el Fondo de Suficiencia Global (FSG) y el Fondo de Convergencia (FCV), en este último fondo se incluyen el de Cooperación y el de Competencia. De ellos se canalizan las transferencias estatales hacia las comunidades autónomas y redistribuyen recursos entre ellas. Una de las alternativas de Fedea para simplificar el sistema reducir es concentrar estos fondos en solo dos.

© Proporcionado por Bolsamanía

Fuente: CGE a partir de la liquidación del sistema de financiación en el ejercicio 2013

Desde el Consejo General de Economistas consideran que el resultado de este sistema es un reparto de recursos "arbitrario" que mantiene unas diferencias entre comunidades que "no se explican por sus necesidades de gasto". Asimismo Valentí Pich apunta que el mecanismo de nivelación "altera el principio de ordinalidad", ya que, después del reparto, comunidades con mayor capacidad recaudatoria pasan a tener menor financiación por habitante que otras con menos capacidad y viceversa.

Como es el caso de Extremadura que pasa de la posición 14 en capacidad fiscal a ser la tercera mejor financiada. Por otro lado, la Comunidad de Madrid es la autonomía con mayor capacidad fiscal y, cuando se aplican los mecanismos de nivelación cae hasta el undécimo lugar en el ranking de financiación por habitante ajustado. Esto modelo autonómico, en el intento por recortar la diferencia entre comunidades, termina intercambiando las posiciones entre ricos y pobres.

Una de las alternativas que ofrece el director de Fedea es otorgar la opción a las comunidades la posibilidad de subir, de mutuo acuerdo, sus tramos de IVA. “Las comunidades tienen que pedir a aquellos que les votan y no pensar solo en el Estado para aumentar sus ingresos”, apunta de La Fuente. Por su parte, el director del CGE considera que otro de los problemas de este procedimiento es que los recursos globales de los que disponen las autonomías en estos momentos parecen "insuficientes" para atender los gastos transferidos.

¿CONSEGUIRÁ APROBARSE?

El Gobierno contempla que este organismo se reúna en varias sesiones, en cada una de las cuales se tratarían unos determinados temas. A partir de lo hablado en dichas sesiones y los documentos aportados, el Ministerio de Hacienda recogerá y sintetizará las propuestas presentadas, que en última instancia deberán ser aprobadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Este órgano, de acuerdo con el 'modus operandi' del Ejecutivo, es quien tendrá la última palabra sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, ya que las propuestas del comité de expertos no serán vinculantes. En la última fase de las discusiones, asegura el Ejecutivo, será necesario compaginar las actuaciones de este órgano multilateral con reuniones bilaterales, en las que se busque a través de la negociación política el apoyo necesario para la aprobación de un modelo consensuado.

Para el director del Consejo General de Economistas considera que habrá “cierta teatralidad” pero que el nuevo modelo “conseguirá aprobarse”. Tras quedar aparcada la pasada legislatura, la reforma del sistema de financiación autonómica debe acometerse para lograr satisfacer a todos o, por lo menos, a la mayoría.

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