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Año nuevo, presupuestos viejos: ¿sancionará Bruselas a España?

Logotipo de Bolsamanía Bolsamanía 02/10/2016 Jennifer Correas

Más de 280 días después de las elecciones generales del 20 de diciembre, España sigue sin Gobierno y este vacío tiene consecuencias. El próximo día 15 de octubre el Ejecutivo debe entregar a Bruselas el borrador del presupuesto de 2017 e informar a las autoridades comunitarias de los ajustes y las medidas que se pondrán en práctica para corregir el déficit público. Pero, como mucho, el borrador que el Gobierno en funciones presentará solo puede ser una prórroga del anterior, un documento sin cambios respecto al presupuesto de este año.

La Comisión Europea ya ha advertido de que no habrá excepciones ni aplazamientos. "Como saben, como todos los Estados miembros, España debe presentar su borrador presupuestario el 15 de octubre. También debe informar en esa fecha sobre las acciones efectivas, en línea con lo que decidió el Consejo de la UE", recordó en rueda de prensa el portavoz comunitario, Alexander Winterstein hace solo unos días.

¿SE PUEDE CUMPLIR CON BRUSELAS?

Y es que los países de la Unión Europea acordaron este verano, en línea con la propuesta del Ejecutivo Comunitario, no sancionar a España por incumplir el objetivo de déficit. Además, otorgaron dos años extra para lograr reducirlo por debajo del 3%. No obstante, todo tiene un precio y, a cambio, el Ejecutivo español debe hacer un esfuerzo estructural y cumplir con el nuevo calendario fiscal que contempla un déficit público máximo del 4,6% del PIB en 2016, la reducción hasta el 3,1% del PIB en 2017 y el 2,2% en 2018.

Para que los Presupuestos entren en vigor el primer día del año siguiente, el artículo 134 de la Constitución recoge que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". O lo que es lo mismo, hasta el 30 de septiembre. No obstante, si pasado el 1 de octubre el Gobierno no ha presentado el proyecto de ley en el Parlamento, la prórroga es automática. Así lo tiene asumido ya el equipo de Mariano Rajoy. Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones, se reunió durante la cumbre del G20 con el comisario de Economía, Pierre Moscovici, y con el ministro alemán, Wolfgang Schäuble, para notificarles que España no llegará a tiempo para presentar sus Presupuestos de 2017 en el plazo, debido a la imposibilidad de formar Gobierno. En este contexto, se comprometió a presentar en la fecha prevista unos Presupuestos prorrogados, y unas variables económicas en las cuentas actuales para mantener la trayectoria de reducción del déficit. Eso sí, el propio Guindos ya ha avisado de que esta situación expone a España a recibir una sanción de hasta 5.000 millones de euros.

¿Cómo puede cumplir el Gobierno en funciones con las medidas correctivas impuestas por Bruselas para corregir el déficit si los presupuestos están congelados? Expertos como Antonio Papell, analista político y presidente del Comité Editorial de Webfg, explican que “no es posible complacer a Bruselas en estas circunstancias”. El politólogo Eric Castillo argumenta en la misma línea y afirma que esta “es una tarea de tal responsabilidad que sólo se le puede encomendar a un Ejecutivo con plenos poderes”, así que en este sentido Bruselas puede presionar a España, pero no tiene potestad correctiva ya que a efectos legales “no existe” un Gobierno al cual interpelar, describe. Y anota: “En las reuniones de Consejo de Ministros de la UE España tiene voz, pero no voto porque no tiene revalidado el mandato democrático”.

Juan Torres, catedrático de economía aplicada de la Universidad de Sevilla, abre la puerta a que “el propio gobierno actuará forzando las cosas para que no se le dispare el déficit que es lo que seguramente ocurriría si se prorrogan sin más”. Tal vez reajustando algunas partidas por un Real Decreto-ley, aunque con escaso margen de maniobra. Torres lo tiene claro: “Es una situación muy difícil”. Por tanto, la posibilidad de una sanción por parte de Bruselas vuelve a aparecer en el horizonte.

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MISMO PRESUPUESTO QUE EL AÑO ANTERIOR

La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado se antoja inevitable. Eric Castillo aclara de manera general qué implica esta situación. "La prórrogación de Presupuestos supone, automáticamente y de manera indefinida hasta la aprobación de unos nuevos presupuestos, repetir las partidas del año de última aprobación", subraya. Juan Torres, de la Universidad de Sevilla, explica que los presupuestos se elaboran, teóricamente, en función de la coyuntura de cada año, de la situación en la que va a estar la economía, con el fin de corregir su dinámica y mejorar su funcionamiento. “Si se prorrogan, lógicamente, es como conducir un automóvil según cómo estaba la carretera metros atrás, en función de la coyuntura del pasado año”, alega. Es decir, el dinero destinado a sanidad, pensiones, servicios sociales, desempleo, cultura y demás políticas de gasto será el mismo que el año anterior, si bien existen algunas singularidades.

El artículo 134.4 de la Constitución Española establece que los Presupuestos Generales del Estado prorrogados “incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal” del año anterior. Sin embargo, Torres especifica que los ingresos no serán exactamente los mismos de modo efectivo “porque la situación, en un sentido o en otro, habrá cambiado. Y los gastos tendrán un efecto diferente”.

No obstante, el bloqueo no es absoluto. La doctrina constitucional habilita al Gobierno en funciones a aprobar un decreto ley que permita modificar todas las partidas que se consideren de urgente necesidad. La Ley de Gobierno también recoge este precepto y establece algunas posibilidadades “por razones de interés general” y siempre que haya una “acreditación expresa que así lo justifique”.

ALGUNAS EXCEPCIONES: LAS PENSIONES

La Ley de Actualización de las pensiones, que impone un incremento mínimo de un 0,25%, independientemente de la situación de la Seguridad Social y de la evolución demográfica, podría ser una de estas necesidades urgentes. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría lo ha anunciado ya en consejo de ministros: el Ejecutivo había encontrado la “manera jurídica” de promover una subida de las pensiones en 2017 sin incurrir por ello en la prohibición que tiene todo Consejo de Ministros en funciones de adoptar disposiciones presupuestarias para ejercicios futuros.

Al efecto, y para que así constase, explica Antonio Papell, el 27 de septiembre salió adelante una proposición socialista con 209 ‘síes' de Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y parte del Grupo Mixto para que el Gobierno en funciones aprobase por decreto ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de las pensiones públicas y de las retribuciones de los empleados públicos. Los socialistas defendieron que “nada impide” al Gobierno presentar este decreto, que es “urgente”, porque si no permanecerán “congeladas hasta la aprobación de los nuevos Presupuestos”. Sin embargo, el PP defendió que las pensiones subirán automáticamente el 0,25% el próximo 1 de enero, como cada año, ya que así se establece por ley, por lo que votó en contra. No obstante, parece que la revalorización está asegurada.

Del mismo modo, para poder cumplir con la senda fiscal fijada por Bruselas y alejar la sombra de la sanción, el Ejecutivo en funciones ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros un aumento del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 12% actual al 23% para aquellas empresas que facturen más de 10 millones de euros anuales con el objetivo de recaudar 8.000 millones para poder cumplir el objetivo de déficit. Esta reforma también se apoyaría en la "urgencia" presupuestaria y ya fue anticipada por De Guindos.

Finalmente, a las Comunidades Autónomas les preocupan los presupuestos, pues de ellos depende en gran medida su financiación. Necesitan saber cuánto van a ingresar en sus arcas este año y, ante esta situación, muchos Presidentes autonómicos ya han protestado. Además, a la prórroga de presupuestos a las autonomías se les suma que también verán mermada su capacidad, ya que recibirán este año 4.000 millones de euros menos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por no haber cumplido con el déficit del 0,3% previsto para este ejercicio. En este contexto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el Gobierno en funciones está estudiando y negocia con los grupos parlamentarios "la posibilidad de trasladarles a las comunidades los nuevos objetivos de déficit y deuda". Para ello, se está planteando una proposición de ley de modificación de la Ley de Estabilidad presupuestaria y financiera.

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