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Análisis | Antisistemas contra el Rey

Logotipo de Bolsamanía Bolsamanía 21/11/2016 Antonio Papell

Podemos está pugnando consigo mismo en la solución de un dilema interno que todavía no se ha planteado con la debida claridad porque sus dos almas forcejean inútilmente por decantar la balanza hacia uno u otro lado. Pablo Iglesias, por su parte, es partidario del cuestionar el sistema establecido, el régimen constitucional de 1978, que -como ha mantenido todo el tiempo una facción de Izquierda Unida- fue a su entender el fruto corrupto de un gran contubernio entre los poderes del franquismo y la oposición democrática a la dictadura para hacer borrón y cuenta nueva del pasado y repartirse el control de las instituciones de una democracia precaria pilotada por la monarquía del rey Juan Carlos.

Frente a esta facción seguramente mayoritaria de Podemos, que ha sido la que ha impulsado su alianza con Izquierda Unida para dar lugar a Unidos Podemos, el sector de Errejón, más moderado, pretende jugar en el tablero actual, con métodos reformistas. En el fondo, se reproducen las dos posiciones que convivieron en los prolegómenos de 1978: la rupturista, que proponía iniciar desde cero un proceso constituyente pero que hubiera tropezado con la resistencia entonces insuperable de las instituciones del franquismo, y la reformista, que pretendía ir ‘de la ley a la ley' en palabras de Torcuato Fernández Miranda, el mentor del Rey y de Adolfo Suárez, que inspiró la reforma política y a vía emprendida a través del proceso constituyente del 78.

Esta pugna ha adquirido clara visibilidad, aunque Iglesias la mantiene aún en el terreno de los gestos, sin un cuestionamiento claro de las instituciones. Pero los actos institucionales del Rey encuentran, de un tiempo a esta parte, el inequívoco rechazo, ciertamente ‘light' y relativamente respetuoso por ahora, de Unidos Podemos y de alguna minoría parlamentaria periférica y radical, que cabe englobar en el capítulo de las organizaciones antisistema.

Para estos grupos, la legitimidad del régimen de 1978 es dudosa, entre otras razones -el argumento es frágil- porque los actores actuales de la vida pública no tuvieron ocasión de votar en 1978. De aceptarse este razonamiento, habría que cancelar normas tan eminentes como la Constitución de los Estados Unidos, bisecular, de la que como es obvio no queda superviviente alguno. Tampoco hay hoy demasiados electores vivos que participasen en la génesis de la Ley Fundamental de Alemania de 1949, que fue ratificada por los länder pero no por los ciudadanos en referéndum, o la Constitución de Noruega que se remonta a 1814 y que se inspiró en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) y en la Revolución Francesa (1789)…

Recientemente, los pescadores a río revuelto se han aferrado a una declaración de Adolfo Suárez ante la periodista Victoria Prego, recién divulgada por primera vez, en la que aquel explicaba con crudeza que no se propuso ni se celebró en la etapa fundacional un referéndum sobre el dilema monarquía o república, como querían algunos países de nuestro entorno, por temor a que la monarquía no pasara la prueba… Es probable, en efecto, que a la muerte de Franco hubiera en este país más republicanos que monárquicos, pero también lo es que el Rey Juan Carlos se ganó la gratitud de muchos españoles por su esfuerzo en edificar sin violencia un sistema democrático impecable, perfectamente homologable y homologado con todos los occidentales. Gratitud que se consolidó el 23F de 1981.

© Proporcionado por Bolsamanía

Hoy, tanto tiempo después de la fundación y cuando nuestro régimen ha mostrado sus frutos durante casi cuatro décadas, es sencillamente absurdo cuestionar su legitimidad, que alcanza como es lógico a todas las instituciones englobadas en él, también la institución monárquica, que ha resultado eficiente y funcional en líneas generales, y a la que hay que agradecer no sólo la defensa del sistema frente al golpismo sino también una positiva labor de lubricación referencial de la vida pública y de promoción de nuestro país en el sistema de relaciones internacionales. En definitiva, se podrá opinar sobre esta institución hereditaria que es un vestigio del pasado pero que resulta útil y está entrañada en varios de los países más avanzados del mundo (Reino Unido, Suecia, Noruega, Holanda, Bélgica, etc.), pero carece de sentido dudar de su legitimidad, que es la del propio régimen que la engloba.

Todo lo cual no quita la razón a quienes piensan que la Constitución ha de ser modernizada en algunos puntos relevantes, no para alterar sus mecanismos fundamentales, sino para mejorar su funcionamiento. Si se piensa que la Constitución alemana, por ejemplo, ha sido reformada en más de sesenta ocasiones desde 1949, se entenderá que aquí nos estamos equivocando al regatear reformas necesarias por no “abrir el melón” en un alarde de exceso de prudencia.

Las formaciones constitucionalistas, que hoy forman una mayoría parlamentaria clara, deberían aprovechar esta legislatura en que los consensos son insustituibles para acometer una reforma constitucional que actualizara los anacronismos e incluyera un nuevo pacto sobre la organización territorial y la financiación autonómica. Frente a la extrema izquierda minoritaria, y con pocas expectativas de crecer, existe una mayoría social convencida de que la Constitución de 1978 debe actualizarse y perfeccionarse mediante un gran acuerdo, que alejaría definitivamente la posibilidad de una involución populista.

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