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Análisis | La corrupción desestabiliza la legislatura

Logotipo de Bolsamanía Bolsamanía 26/04/2017 Antonio Papell

La estabilidad de la legislatura es débil, como todo el mundo sabe. El hecho que Rajoy llegase a la presidencia del Gobierno gracias a un pacto de legislatura del PP con Ciudadanos, que sólo fue operativo cuando un sector del PSOE, tras un golpe de mano interno, decidió abstenerse para hacer posible la investidura de líder del PP, pone de manifiesto la precariedad del Gobierno, que ahora está empeñado en sacar adelante los Presupuestos mediante un complejo pacto multilateral que le proporcione los 176 diputados que precisa para que se apruebe la pertinente ley orgánica. De momento, la suma de los representantes del PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y PNV sólo le proporcionarían 175 votos.

La situación actual, sobrevenida tras un año de explícita inestabilidad con un Gobierno en funciones, ha sido acogida con alivio por los actores políticos, económicos y sociales, aunque en realidad es poco más que una simple ficción. Sólo una ley sin importancia ha sido aprobada en los seis meses de legislatura que se cumplen en unos días, y la labor legislativa está paralizada porque el Gobierno conoce su impotencia, de modo que su principal preocupación consiste en evitar que la oposición desmonte sus grandes leyes de la legislatura anterior (LOMCE, Reforma laboral, Ley Mordaza…).

Para entender la situación actual, conviene echar una mirada al pasado. El presente político español es el resultado del lento pero inexorable derrumbe del viejo modelo bipartidista, de la emergencia de la movilización del 15-M que agitó importantes capaz sociales y que llegó para quedarse, del surgimiento de una nueva formación populista que ha conseguido atraer a sectores muy dañados e inquietos de la sociedad civil, y de la instauración a través de las urnas del actual modelo parlamentario, con dos actores nuevos y con los viejos partidos sumamente desgastados. En el desencadenamiento de todo ello han influido la crisis económica, que ha dejado caer en la indigencia a buena parte de la clase media; la pésima gestión de esa misma crisis realizada sucesivamente por los dos partidos que se habían turnado al frente del Estado, y, de manera muy significativa, la corrupción a borbotones que ha ido emergiendo en los últimos años.

Los cambios en el sistema representativo no han sido fáciles de gestionar, ni el actual equilibrio logrado es definitivo ni parece que pueda prolongarse durante el cuatrienio. Tras las elecciones del 20D de 2015, tuvo que pasar casi un año y hubo de producirse la ruptura traumática del PSOE para que saliera adelante una frágil fórmula de estabilidad, basada en el acuerdo entre PP y Ciudadanos, que sin embargo no alcanza la mayoría parlamentaria absoluta. Y, como se ha dicho, no está claro que el PP pueda aprobar sus Presupuestos; ni este año ni los sucesivos.

© Proporcionado por Bolsamanía

La actual situación, con un gobierno sostenido apenas por 137 diputados, sólo es manejable si se despliega una gran maestría parlamentaria, si se recurre con ingenio a la negociación y al pacto. Pero es evidente que la proliferación de escándalos de corrupción, algunos recién acontecidos (el ‘caso Canal' y sus derivaciones en Mercasa y otros ámbitos, la imputación del presidente de Murcia, el encausamiento de la delegada del gobierno en Madrid, la querella de Anticorrupción contra el despacho fundado por Montoro…) y otros viejos que salen de nuevo a la luz en las salas de justicia de los tribunales, y que afectan en todos los casos al Partido Popular, dificultan extraordinariamente los acuerdos con un actor tan sumamente contaminado.

Máxime cuando su socio principal, Ciudadanos, no tiene más remedio que hacer cumplir al PP lo acordado en materia de regeneración democrática (se juega el crédito en ello) y patrocina además una delicada comisión parlamentaria de investigación sobre la financiación irregular del PP que, como es lógico, no agrada en absoluto a sus protagonistas. En estas circunstancias, hasta la interlocución con el PP es incómoda, y desde luego la situación no facilita los grandes consensos que hubieran podido lograrse aprovechando precisamente la fragmentación de la actual legislatura.

Es pues evidente que esta galerna que arrasa al PP, que saca a la luz unas responsabilidades in vigilando que nadie (salvo Esperanza Aguirre) asume ni reclama y que sugiere que en el PP la corrupción no es ocasional sino estructural, debilitan la precaria estabilidad de la legislatura, que por otra parte está en realidad inactiva (algo que la economía real, felizmente, no acusa por la madurez que demuestra).

Además, Rajoy ha perdido con todo este ajetreo un arma muy valiosa cuya sola mención era un poderoso instrumento de presión sobre sus adversarios: la posibilidad que le otorga la Constitución de disolver en cualquier momento las Cámaras, como algún insigne periodista ha destacado, el desgaste que padece el PP a causa de la actual secuencia de corrupciones hace impensable que la organización conservadora pueda ir mucho más allá del 30% en unas hipotéticas elecciones generales (obtuvo el 33,01% en 2016). Por el contrario, Ciudadanos ha demostrado ser un actor indispensable en la regeneración política y moral de la política de este país, por lo que presumiblemente recogería los frutos en esa hipotética consulta. En definitiva, el PP está en una difícil encrucijada de la que sólo podría salir mediante medidas valientes y radicales… que nadie, y mucho menos Rajoy, parece dispuesto a adoptar.

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