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Análisis | Pensiones a la baja

Logotipo de Bolsamanía Bolsamanía 03/05/2017 Antonio Papell

Las reformas de 2011 y 2013, efectuadas en plena crisis y por un gobierno que disponía de mayoría absoluta, introdujeron diversos recortes al sistema de pensiones: especialmente, la desindexación con respecto al IPC, el retraso paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años y la introducción a partir de 2019 del factor de sostenibilidad, que ligará la pensión inicial a la esperanza de vida y que irá reduciéndolas a medida que esta aumente. Con estos cambios, el plan de estabilidad recién enviado por el Gobierno a Bruselas ya contempla subidas del gasto en pensiones inferiores al 3% a partir de 2018 (en este 2017 será todavía del 3,1%)

Los pensionistas han incrementado este año su pensión un 0,25%, en virtud de la referida reforma, y ello significa que, ya que el IPC interanual fue del 1,6%, la pérdida de poder adquisitivo de los pasivos ha sido del 1,35%. Nadie ha levantado la voz para protestar ante la absoluta naturalidad con que la superestructura política, mediática y social ha aceptado este empeoramiento objetivo del nivel de vida de los pensionistas. Bajada que será habitual anualmente ya que ha desaparecido incluso de los programas de la oposición el indexar de nuevo las pensiones a los precios.

Al parecer, el objetivo de que quienes han trabajado hasta el límite de sus fuerzas por el desarrollo del país sobrevivan dignamente y con estabilidad a costa de un sistema de previsión social convenientemente alimentado por la sociedad activa ha pasado a ser un desiderántum utópico que ya sólo esgrime algún progresista trasnochado. Y sin embargo, habría que preguntarse qué clase de revolución moral hace digerible una decisión tan pusilánime como esta cuando a comienzos del milenio todos considerábamos que este país próspero debía portarse bien con las generaciones en declive, que habían sido después de todo las que habían traído con su esfuerzo la prosperidad.

Pues bien: nuestra Seguridad Social mantiene hoy un déficit del orden de 17.000 millones de euros anuales, que ha sido en los años recientes enjugado con recursos procedentes del Fondo de Reserva, formado previsoramente en los años de vacas gordas pero en el que apenas hay ya 15.000 millones de euros. Y en los presupuestos para 2017, actualmente en tramitación, se prevé que el Estado dedique 37.300 millones de euros al pago de las pensiones, casi la cuarta parte de los 156.600 millones que las distintas Administración dedicarán a sufragar las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad discapacidad y Clases Pasivas. La cantidad aportada por el Estado se desglosa así: 14.000 millones a sufragar las Clases Pasivas, 13.100 millones para complementos a mínimos y 10.200 millones de un préstamo a la Seguridad Social, que inevitablemente será contabilizado como déficit (el resto, hasta los aproximadamente 17.000 millones de déficit, será cargado previsiblemente al Fondo de Reserva).

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La Airef ya ha advertido de que el crecimiento del PIB del 3% y el incremento del empleo no paliarán el déficit, por lo que ha urgido al Pacto de Toledo a tomar decisiones… Pero la sugerencia se interpreta como la expresión de la necesidad, que a algunos nos parece inaceptable, de reducir las pensiones para que el sistema sea “sostenible”. Cuando lo exigible es introducir reformas para financiarlo mejor; reformas que deben comenzar por los estímulos demográficos —Francia, por ejemplo, tiene una tasa de natalidad muy superior a España o Alemania, por lo que su problema es menor— y que deben proseguir por el sistema de financiación, de forma que se mantengan la calidad y la cuantía y se efectúe un mejor reparto. Sin renunciar a dedicar a pensiones una fracción mayor del PIB (España dedica el 11,5% del PIB frente al 15% de Francia o el 16,5% de Italia).

Macron, por ejemplo, está proponiendo en el país vecino el cambio del actual sistema de reparto, basado en cotizaciones sociales, por un sistema nacional de puntos con los cuales se acumula un patrimonio según los años trabajados, condiciones laborales, etc., y al jubilarse, se otorga una pensión según el baremo establecido. El modelo es parecido al de capitalización, pero es una capitalización pública, estatal, y por lo tanto garantizada. Se plantearán problemas de adaptación durante el periodo transitorio, pero al menos se manifiesta una voluntad de mantener en lo posible un statu quo respetuoso con los derechos adquiridos y con los valores republicanos.

En España, no es razonable reducir el problema a calibrar técnicamente cuánto hemos de bajar las pensiones para que el sistema sea sostenible, sin valorar el significado político de un sistema de pensiones suficiente y digno. Ya se sabe que la UE presiona para ello y para que se retrase todo lo posible la edad de jubilación… Pero no podemos renunciar a uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Bienestar, que protege además a un colectivo que tiene ya escasa capacidad de presión y de influencia.

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