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Análisis | ¿El último 11S en España?

Bolsamanía Bolsamanía 12/09/2016 Antonio Papell

El líder de ERC, Oriol Junqueras, proclamó antes de las manifestaciones del 11S que confiaba en que esta celebración fuera la última que tenía lugar antes de la independencia de Cataluña.

© Proporcionado por Bolsamanía

Junqueras, que es persona culta, sabe probablemente que su presagio es infundado y que, aunque se cumpliera su propósito, nunca ocurriría antes de un largo y doloroso proceso, pero es inquietante que lo diga con tanta pasión y que, al hacerlo, deslice una amarga queja por el maltrato y el olvido que, a su juicio, Cataluña ha recibido de España. Quienes conocemos bien el Principado, sabemos que una parte muy importante de la sociedad catalana, tanto en le sector independentista como en le unionista, está muy quejoso del proceder de las instituciones política españolas con el Principado, ya que considera ser objeto de un maltrato, que tuvo un punto álgido en el momento en que el Tribunal Constitucional, por estrechísimo margan y a instancias de un recurso del PP, echaba por tierra aspectos fundamentales del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por el Parlamento catalán y por las Cortes españolas, y ratificado en referéndum por el pueblo catalán.

La manifestación de Barcelona se ha saldado con una asistencia de 540.000 personas, según la guardia municipal (unas 800.000 personas en toda Cataluña, frente los 1,4 millones del año pasado). Una cifra relevante sin duda pero considerablemente inferior a los alardes de años anteriores. Y si se considera que este año han acudido también, por estrategia, Colau y sus seguidores que no son independentistas, se llegará fácilmente a la conclusión de que el independentismo, que nunca tuvo suficiente masa crítica para conseguir sus objetivos, está por añadidura en baja. Junqueras sabe perfectamente que el ámbito internacional pesa mucho el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá sobre Québec, en el que se dice, entre otras cosas, que la independencia de un territorio no puede ni siquiera plantearse si no se acredita una mayoría muy cualificada de ciudadanos a favor de la secesión. La razón no es arbitraria: tales cambios radicales sólo tienen sentido cuando tan sólo se oponen a ellos minorías residuales, y han de evitarse cuando pueden provocar rupturas insolubles.

EL PROBLEMA CATALÁN PERSISTE

Pero además, la transversalidad independentista, que dio fuerza a la reivindicación, se ha esfumado en esta ocasión. Al acto que tuvo lugar el pasado viernes en Sant Boi, en memoria del que se celebró hace cuarenta años, sólo acudieron las izquierdas –ERC, la CUP y Podemos-, y fue excluida la antigua CDC, ahora (de momento) PDC, con gran indignación de la derecha nacionalista pospujolista, que teme que pueda formarse otro ‘tripartito' que la arrincone una vez más.

Estas evidencias no minimizan el problema catalán: la independencia está muy lejana pero no por ello el conflicto es menos grave. Porque el independentismo no es sólo una pulsión sentimental sino también, y sobre todo, la consecuencia de una irritación generalizada de sectores catalanes hacia ”España”, hacia “Madrid”, hacia el régimen democrático que a juicio de muchos de ellos les posterga y les maltrata.

Es evidente que el Estado no puede negociar con quienes, en la otra parte, amenazan con la convocatoria de un Referéndum Unilateral de Independencia (RUI), ni en general con los que se reconocen al margen del marco jurídico del Estado de Derecho, pero tiene la obligación de atender la reclamación social que se percibe bajo la espuma de estas manifestaciones improcedentes.

Debe haber, en fin, un espíritu conciliador en los representantes del Estado, con el Gobierno en primer lugar, de modo que se pueda abordar en un marco multilateral la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica, primero, y una reforma del modelo constitucional del Título VIII, después, para pacificar la situación, modernizar el modelo y dotarlo de estabilidad para varias décadas más. El nuevo Gobierno debería entrar de lleno en este asunto, en el que deberá buscar el primero de los consensos amplios que se requerirán en la próxima legislatura.

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